La oposición pedirá al Gobierno que concrete su política autonómica tras la sentencia sobre la LOAPA

La definición de lo que será la política autonómica del Gobierno tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA, con la precisión clara de hasta dónde, con quién, cómo, cuándo y en qué marco debe realizarse la negociación en torno al artículo 149 de la Constitución, que Felipe González prometió en la sesión de su investidura, parecen de obligada referencia en la intervención del presidente del Gobierno en el debate parlamentario del próximo día 20.

Poco o nada puede deducirse de lo que sobre política autonómica dirá Felipe González en el debate si se toma como referencia la vaga comunicación que sobre su intervención ha hecho el Gobierno. En la única referencia que en la misma se hace al tema autonómico se señala que "el Gobierno está actuando para llevar adelante con rigor el proceso de transferencias y desea la colaboración de todas las comunidades para lograr el pleno funcionamiepto del Estado de las autonomías".La impresión que se tiene, a la vista de las últimas precisiones hechas por el ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, sobre la política autonómica del Gobierno es que Felipe González mantendrá el criterio de que, pese a la sentencia de la LOAPA, el esquema autonómico no va a variarse. Insistirá en que el mismo está ya diseñado en la Constitución, los estatutos de autonomía, en la mencionada sentencia y en la propia doctrina que en los últimos años ha emitido el Tribunal Constitucional sobre conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

Presumiblemente no hará el presidente especiales referencias a la LOAPA, si no es para afirmar que el Gobierno la consideraba un instrumento válido dentro del esquema autonómico, pero que se acepta la sentencia y se desea que también la acepten los nacionalistas en lo que se refiere al articulado no impugnado, que queda como ley del Proceso Autonómico (LPA), que la Administración sigue considerando válida. Una ley que los nacionalistas consideran "un error fruto de la arrogancia", y que los comunistas califican de "anécdota".

Más diálogo que negociación

En el desarrollo de su política autonómica, el Gobierno, según lo que se presume dirá Felipe González, no va a rehuir el diálogo permanente con las comunidades autónomas, lo cual no implica -y en ello se ha insistido mucho- una renegociación de la política. Se prevé que Felipe González matice la oferta que hizo en la sesión de su investidura, de una amplia negociación con las fuerzas políticas parlamentarias sobre el punto 18 del apartado primero del artículo 149 de la Constitución, referido a las bases del régimen jurídico de la Administración pública y del régimen estatutario de sus funcionarios. Con toda seguridad la oposición recordará al presidente que han pasado diez meses desde que hiciera su promesa y la negociación no se ha iniciado.

Felipe González tendrá, en este sentido, una buena percha para afirmar que esa negociación está en trance de comenzar, ya que en el Consejo de Ministros del miércoles pasado se estudió un proyecto de medidas urgentes para la reforma de la función pública, que viene a ser un adelanto de lo que será en su día el Estatuto de la Función Pública.

El Grupo Popular y los grupos nacionalistas y el comunista, con terminología y afanes distintos, manifestarán su criterio de que la sentencia de la LOAPA ha echado abajo la política autonómica del Gobierno, que es inaceptable que se diga que "aquí no ha pasado nada", y le acusarán de no haber ofrecido una alternativa seria. Los nacionalistas van a plantear al presidente González que esa amplia negociación que ofertó en su día no quede únicamente restringida al punto 18 del apartado 12 del 149 de la Constitución, sino a la totalidad del artículo. Este precepto recoge las competencias exclusivas del Estado, que se han de desarrollar con las leyes de bases.

Los nacionalistas quieren plantear al Gobierno la necesidad de un consenso sobre el desarrollo de dichas leyes de bases, para evitar que éstas invadan las competencias de desarrollo legislativo que sobre las mismas tienen las comunidades autónomas. Sin embargo, no es previsible que el Gobierno se comprometa en este tema a algo más que a abrir un diálogo con las comunidades autónomas.

Se espera que Manuel Fraga, con la excusa de la sentencia de la LOAPA, vuelva a plantear la reforma del Título VIII de la Constitución y critique, en términos de agravio comparativo, la decisión del Gobierno de iniciar un diálogo autonómico únicamente con las instituciones de las dos comunidades que recurrieron la LOAPA.