Entra en vigor en Nicaragua una polémica ley que implanta el servicio militar obligatorio
La polémica ley del Servicio Militar entró ayer en vigor en Nicaragua tras ser aprobada el martes por el Consejo de Estado (Parlamento), después de tres sesiones de debates, de los que estuvo ausente la oposición.
El artículo 56 señala que la primera inscripción para el servicio militar activo se llevará a efecto del 1 al 31 de octubre del presente año y comprenderá a los ciudadanos nicaragüenses de sexo masculino de 17 a 22 años de edad, nacidos entre 1961 y 1966, "ambos inclusive".Otro de los artículos, de los 57 de los que consta, expresa que a la persona que no se presente en el término fijado para la inscripción, se le aplicará una pena "de tres meses a dos años de prisión".
Penas por no comparecer
La ley establece que la persona que, al citársela con el fin de ser incorporada al servicio militar activo, no compareciere en la fecha y lugar establecido, sin causa justificada para la tardanza, se le aplicará "la pena de dos a cuatro años de prisión".Las penas podrán reducirse hasta la mitad "si el ciudadano manifiesta su voluntad de rectificar y se integra al servicio militar", añade el texto promulgado.
Los "reservistas" -personas entre 26 y 40 años- que "dejen de asistir sin causa justificada a las enseñanzas militares, movilización u otros actos relacionados con el servicio militar, serán considerados desertores y juzgados conforme a las leyes de las fuerzas armadas sandinistas".
Desde que el pasado 8 de agosto, el ministro de Defensa, Humberto Ortega, dio a conocer el anteproyecto de ley, se produjeron polémicas en torno a su establecimiento.
Obispos, en contra
Al comienzo del presente mes, la Conferencia Episcopal de Nicaragua elaboró un documento donde expresa su oposición al servicio militar así planteado, y en el que señala que "forzar a los ciudadanos a incorporarse a un ejército-partido político, sin estar de acuerdo con la ideología de dicho partido, es un atentado contra la libertad de pensamiento, de opinión y de asociación".Por su parte, el bloque de oposición de la Coordinadora Democrática, en un documento dado a conocer el pasado 26 de agosto, declaró que "de aprobarse la ley de servicio militar, contravendría el espíritu de la declaración de Cancún (México), en la que los cuatro presidentes del grupo de Contadora, el pasado 17 de julio, hicieron una llamada a congelar el armamentismo y a reducir el militarismo como base para resolver la crisis centroamericana".
Tanto los tres representantes de la Coordinadora Democrática, como los del Partido Liberal Independiente, no asistieron a ninguna de las tres sesiones previas a la promulgación de la ley.
Otro de los organismos que tiene divergencia con la ley aprobada por los restantes 48 legisladores es la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), organización privada, que el pasado 30 de agosto envió una carta de protesta a los nueve comandantes que integran la Dirección Nacional del Frente Sandinista.
