El Ayuntamiento de Sevilla, decidido a esclarecer las irregularidades financieras en los Reales Alcázares

El director-conservador de los Reales Alcázares de Sevilla, Rafael Manzano Marcos, podría ser procesado por negligencia en relación con las presuntas irregularidades financieras y administrativas descubiertas en la gestión de este monumento nacional, según ha podido saber EL PAIS de fuentes dignas de crédito. El ayuntamiento de la capital andaluza ha acordado por unanimidad personarse como acusador particular en el proceso abierto por la autoridad judicial.

Dos personas fueron detenidas a principios de agosto por su supuesta participación en este escándalo, y ambas se encuentran actualmente en libertad bajo fianza y con obligación de personarse a diario ante la policía. Se trata de Antonio Ortiz, administrador del alcázar, con más de 30 años de servicio como funcionario, y Mariano García, contratado por el Patrimonio Nacional y encargado de la tienda de recuerdos que funciona en el interior del recinto.Las acusaciones contra los dos empleados son malversación de caudales públicos y apropiación indebida, en base a su presunto manejo de determinadas cantidades procedentes de los ingresos del alcázar en concepto de visitas turísticas, recepciones y rodaje de películas. La cantidad detraída entre enero y julio de 1983 supera los 1,5 millones de pesetas, aunque las investigaciones, tanto judiciales como administrativas, abarcan un período no inferior a los últimos cinco años.

Las fuentes informantes destacaron que "algunos de los mecanismos utilizados dejan en pañales lo que, conocemos de El Lazarillo de Tormes", y pusieron como ejemplos la realización de visitas turísticas en días prohibidos, como el Corpus, y por la puerta falsa -sin reflejo en la contabilidad oficial-, la venta de un reloj-encendedor que no pertenece el patrimonio del alcázar y de la que se obtenían pingúes beneficios, la extensión a los guías turísticos de resguardos en papel de bloc sin membrete oficial, la existencia de una caja reservada y el acceso a la cuenta corriente a nombre del ayuntamiento por algunos familiares del administrador (en enero de 1983, el anterior alcalde, Luis Uruñuela, declaró restringida la mencionada cuenta). Todo ello en calidad de indicios racionales según los investigadores, ya que las diligencias aún no han terminado.