El tercer canal de televisión

LOS TERCEROS canales de televisión han sido concebidos, dentro del ordenamiento jurídico español, como un complemento del sistema televisivo vigente de cara a las autonomías. La puesta en marcha de estos canales se ha convertido, sin embargo, en una nueva fuente de conflictos dentro del panorama de tensiones, recelos y agravios comparativos que conlleva la construcción del Estado de las autonomías. Así resulta, por ejemplo, que el Estatuto vasco, que contemplaba el derecho genérico de esta comunidad a su televisión, ha permitido la puesta en marcha de lo que se ha dado en llamar un cuarto canal, con red independiente, que según el propio Estatuto vasco no puede ser objeto de ningún tipo de coordinación ni armonización. En el caso catalán, sin embargo, el derecho reconocido por el Estatuto viene especificado en el, propio texto autonómico como limitado a la creación de un tercer canal de titularidad estatal cuya gestión estará a cargo de la Generalitat. De forma y manera que la creación de un cuarto canal semejante al vasco sería no estatutaria y dudosamente constitucional. La puesta en marcha de los terceros canales en el actual marco de indefinición exige una ley que determine, como mínimo, la forma de concesión de los canales del Estado a las comunidades y, si hubiera lugar a ello, las pautas generales sobre sus contenidos y los sistemas de coordinación y armonización. En las Cortes hay, en la actualidad, dos proyectos de ley. El primero, presentado en marzo como propuesta unánime -socialistas incluidos- del Parlamento de Cataluña como ley de concesión del tercer canal. El segundo, presentado en junio por el Gobierno como ley marco, intentaba ir más lejos en el control de la Administración central, estableciendo toda una serie de cautelas para preservar el monopolio de RTVE sobre los contenidos y las producciones televisivas. Algunos puntos del proyecto de ley presentado por el Gobierno son especialmente claros. Se contempla, por ejemplo, una incomprensible prioridad de TVE respecto a las otras cadenas en la retransmisión en directo de las competiciones o acontecimientos deportivos de ámbito internacional, pero no hay nada previsto sobre los temas no deportivos, salvo que los terceros canales no podrán contratar en exclusiva la retransmisión de acontecimientos de "interés nacional". Estas absurdas prioridades y exclusivas tienen su origen en la inadecuación actual de la red televisiva, que necesita una urgente remodelación, de forma que. se adapte a la nueva estructura del Estado, puesto que no hay coincidencia entre la emisión regionalizada de TVE y los territorios de las comunidades autonómicas.La conservación del monopolio que desean los redactores del proyecto no se limita a los estrictos contenidos de la televisión, sino que alcanza y tiene su fundamento más importante en la propiedad y dependencia de la red de difusión del Ente RTVE. El proyecto del Gobierno contempla que, antes de proceder a atribuir una frecuencia con la potencia correspondiente y su emplazamiento, se recabará un informe técnico de RTVE; reserva los derechos "de transmisión por cable, satélite o cualquier otro procedimiento de difusión" a RTVE, y atribuye a RTVE la facultad de desarrollar "las acciones necesarias para la puesta en funcionamiento" de los terceros canales. De esta forma, una entidad televisiva que ya no es la única en España, ni lo debe ser en el futuro (tanto en el marco de televisiones públicas como en el probable de las televisiones privadas), se convierte en detentadora de una infraestructura técnica que, ésta sí, debería ser un servicio público, a disposición de todos los ciudadanos y personas jurídicas que deseen usarlo dentro de la ley. Esa misma entidad, RTVE1, se convierte en la ejecutora de la concesión del permiso de emisión a quienes deseen competir con ella misma, y queda privilegiada, a todos los efectos v sin matices, en la pugna con sus competidoras para obtener informaciones o producciones internacionales con la mera apelación al "interés nacional" de difícil, si no imposible, definición.

Todo ello viene a demostrar una vez más los recelos del poder ante cualquier tipo de pluralismo y de libertad en la televisión. Sea pública o privada, lo que quiere el Gobierno es controlarla, y ya sabemos con qué indecentes resultados. En este contexto, no puede sorprender que vascos, primero, y catalanes, más tarde, hayan desarrollado proyectos televisivos que no se ajustan a aquellos estrechos e indefinidos cauces previstos para los terceros canales. Pero en todos sitios -y en todos. los gobiernos- cuecen habas, y las experiencias catalana y vasca no sólo, ni primordialmente, parecen impulsadas por la necesidad cultural y lingüística de poseer una televisión propia en su ámbito, sino también por la apetencia política y electoral de los partidos nacionalistas en el poder de los Ejecutivos autonómicos de contar -ellos también- con una televisión a su propio y exclusivo servicio, remedando malamente los crímenes del Gobierno central. En este marco, la emisión de hoy, día 10 de septiembre, del, tercer canal catalán ha sido calificada como piloto o experimental, antes de que empiece lo que puede ser una dura negociación entre el Gobierno de CiU y el de Madrid sobre el futuro de la televisión catalana. Por otra parte, el proyecto de ésta se encuentra todavía en una situación extraordinariamente retrasada respecto al calendario anunciado. Como ejemplo bastaría con señalar que la sociedad de capital público de TV3 no está ni tan sólo constituida.

La nueva estructura televisiva catalana, que empieza a nacer calcada de la estructura de TVE pero en pequeño, corre el peligro de empezar su historia marcada por la politización, la instrumentalización partidista y el despilfarro incontrolado de fondos públicos. Ojalá sepa evitarlo y no se pierda, esta oportunidad para hacer más libre la comunicación y más rica la cultura del país.