El Grupo Popular intenta limitar el alcance de la ley del aborto mediante el control de los médicos y los jueces

El debate sobre el aborto, con el que se abrirá el próximo miércoles el curso legislativo, ofrecerá, el primer choque, después de las vacaciones de verano, entre la mayoría socialista y la oposición. El texto del proyecto de ley llega a la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados sin que el PSOE haya aceptado ninguna enmienda. José María Ruiz Gallardón, encargado de defender las del Grupo Popular, trata de reducir el alcance de la despenalización mediante la introducción del protagonismo legal de dos profesiones: la médica y la judicial.

El informe de la ponencia mantiene la despenalización proyectada por el Gobierno de las tres formas de aborto practicadas por un médico con el consentimiento de la mujer: cuando sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud de la embarazada; cuando el embarazo derive de una violación denunciada y el aborto se practique dentro de las 12 primeras semanas del embarazo, y cuando exista probabilidad de que el feto nazca con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las 22 primeras semanas de gestación y que el pronóstico desfavorable conste en un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos del que intervenga a la embarazada.Entre las enmiendas del Grupo Popular las de Manuel Cantarero y Carmen Llorca suscitaron un vivo debate interno. La del primero proponía la aplicación de la eximente de estado de necesidad, para lo cual, decía, "se considerará que el aborto es un mal de naturaleza inferior a la vida de la embarazada y ésta resulta exenta penalmente del deber de sacrificarse por el futuro hijo". Los dirigentes del grupo hicieron ver que tal enmienda chocaba frontalmente con el programa electoral de la coalición AP-PDP, y se adoptó el acuerdo de que el enmendante no pudiera defenderla en el Pleno. Según confirmó ayer a éste periódico, Cantarero no asistirá a la sesión de la Comisión de Justicia, ya que, dijo, "si no me dejan explicarme en el Pleno, prefiero que defienda mi enmienda en comisión el portavoz del grupo, José María Ruiz Gallardón".

Ruiz Gallardón, muy activo

El portavoz aliancista, además de defender formalmente las enmiendas individuales de los compañeros de grupo que no lo hagan individualmente -es probable que sólo Manuel Díaz-Pinés, que solicita fuertes agravamientos de las penas, defienda personalmente la suya-, tratará, por diversos caminos, incluída una batería de propuestas in voce, de limitar en lo posible el alcance de la despenalización del aborto, irreversible dada la mayoría con que cuenta el PSOE. Para ello, Ruiz Gallardón intentará introducir en el texto legal el máximo protagonismo de los médicos -que corporativamente se han pronunciado contra el aborto- y de los jueces.En cuanto a los primeros, propondrá que se les exija informar a la gestante sobre las ayudas económicas y sociales, públicas o privadas, que existan a disposición de las embarazadas, madres y niños, singularmente sobre las posibilidades de futura adopción del hijo. Asimismo, se exigiría al médico que practicara el aborto comunicar la intevención realizada, en las dos semanas siguientes, al juez de instrucción del partido judicial correspondiente, quien, una vez examinada la documentación, ordenaría su archivo en caso de encontrarla ajustada a Derecho, o de lo contrario, abriría el correspondiente sumario.

Paralelamente a las gestiones políticas, Ruiz Gallardón ha pedido a la, jerarquía eclesiástica "una labor pastoral más profunda en esta cuestión", ya que, dice, "no basta con unas declaraciones de principios que se olvidan muy pronto". Sin embargo, por el momento, al menos a nivel oficial, la Iglesia -que actualmente se encuentra lógicamente más preocupada por cuestiones legislativas del calibre del desarrollo de la libertad de enseñanza- se mantiene en esta materia en un discreto plano moral, muy distante de las movilizaciones populares que parece preconizar el portavoz aliancista.

A pesar del entusiasmo de Ruiz Gallardón, la dirección del Grupo Popular no mantiene esperanzas sobre el resultado de sus gestiones, habida cuenta que la despenalización proyectada es mínima para las propias bases socialistas y decididamente insuficiente para la izquierda representada por los comunistas y por el diputado abertzale Juan María Bandrés, cuyas enmiendas, más avanzadas, también han sido rechazadas. Un intento de reforma del texto gubernamental, patrocinado por varias diputadas socialistas, para que los abortos se practiquen por la Seguridad Social, fue guillotinado por la dirección del PSOE, cuyas bases mantienen serios reparos a la timidez de la futura ley.