Los municipios en los Presupuestos para 1984

Todo parece indicar que a la vuelta de las vacaciones uno de los temas de mayor envergadura que va a afrontar sin dilación el Gobierno es la confección de los Presupuestos Generales del Estado para 1984. Sin ir más lejos la prensa se ha hecho eco del contenido del Consejo que con carácter deliberante se celebrará el próximo 24 de agosto: en él el Gobierno, abordará criterios y enfoques para dichos Presupuestos.Esta cuestión reviste singular importancia porque por primera vez estamos ante un horizonte electoral suficientemente despeja do como para acabar definitiva mente con el bochornoso espectáculo de unas corporaciones públicas funcionando con presupuestos cojos -prorrogados- hasta julio o incluso septiembre del ejercicio que los presupuestos pretenden cubrir. Es de vital importancia para la normalidad absoluta del gasto público que a primeros de 1984 el Estado, las comunidades autónomas y los municipios tengan sus presupuestos aprobados. A nadie se le escapa, por otra parte, que la piedra de toque para conseguir dicho objetivo son los Presupuestos Generales del Estado y su rápida tramitación parlamentaria. En ellos se contienen de terminaciones sobre la cuantía de las transferencias o los incrementos salariales fundamentales para que las comunidades autónomas y los municipios elaboren, su propia estrategia presupuestaria.

En el conjunto de los Presupuestos del Estado existe, un tema de singular relieve, para las haciendas locales: la cuantía de las transferencias a los ayuntamientos de los impuestos no cedibles a las comunidades autónomas, a través del Fondo Nacional de Cooperación Municipal. Dicha cuantía se ha elevado en un punto, del 7% al 8%, en los Presupuestos Generales de 1983, aportando nuevos recursos a los muncipios pero defraudando en parte las peticiones de éstos en el sentido que la cuantía del Fondo debía elevarse en dos puntos, alcanzando el 9%. Así se pronunció el comité ejecutivo, el consejo nacional y la asamblea de Barcelona (3-XII-1982) de la Federación de Municipios de Cataluña, y en el mismo sentido se pronunció la Federación Española de Municipios y Provincias. Ante la nueva campaña presupuestaria, ¿qué opinión sustentan los ayuntamientos en relación a las transferencias del Estado? Sin duda, los ayuntamientos seguimos con el firme convencimiento que sea cual, sea el modelo financiero que sé propugne en España las aportaciones del Estado a los municipios distan mucho de acercarse a los niveles de cualquier país avanzado de Europa, y evidentemente no se corresponden con el nivel de competencias asumidas por los municipios sin que en realidad por ley les correspondan.

Tal es la distancia que nos separa de Europa: que los municipios seguimos aspirando a un aumento en la participación de los impuestos no cedibles, que para 1984 veríamos razonable pasando del 8% actual a un 10%.

Nuestra aspiración se justifica en múltiples razones algurías de ellas de carácter general muy importantes y otras decarácter más coyuntural. Entre estas últimas cabe citar el retraso con que se va a producir la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las haciendas locales y su entrada en vigor, y la prespectiva de que la futura Ley de Financiación de las Entidades Locales no entre en vigor hasta los Presupuestos Municipales de 1985. El saneamiento de las haciendas locales es, sin duda, una condición previa para abordar cualquier fortalecimiento de los municipios, y no parece por el momento que su tramitación se produzca con la diligencia y rapidez que la claridad y contundencia política de este objetivo requerirían.

Así las cosas, los ayuntamientos deberemos afrontar el ejercicio de 1984 sin un marco económico y fiscal claro, y a lo sumo con algunas indicaciones derivadas de la Ley de Presupuestos de 1983 y de la Ley de Saneamiento, que formulan una contención de las transferencias y abren la espita de las iniciativas fiscales municipales a base de recargos sobre determinados impuestos. Incluso esto habrá que aprovechar, pero a nadie se le esconde que la propuesta latente en la Ley de Saneamiento y la idea de los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda en su voluntad de pasar a un inodelo de financiación múltiple descentralizada -idea que comparto- pasa por, en la forma que se plantea, agravar la desigualdad fiscal (geográficamente hablando) y enfocar equivocadamente la transición referida de un modelo centralizado a otro descentralizado. Se pretende una transición por la vía, acumulativa y de complementación del paquete fiscal, en lugar de plantearlo por la vía sustitutiva. No olvidamos que el origen de la aportación fiscal es único: el ciudadano contribuyente, y que éste no puede entender que la mejora de los servicios que más directamente recibe, los municipales, sea a costa de una mayor presión fiscal, porque los recursos que él mismo aporta a la Hacienda Estatal no son transferibles a las Haciendas Locales, si no es a costa de incrementar el déficit público.

No hay duda, pues, de que para 1984 las participaciones munícipales de los Presupuestos del Estado deben incrementarse. Por múltiples razones. Porque los ayuntamientos hemos decidido crecer y seguir creciendo. Crecer para invertir y para colaborar desde la agilidad municipal a que la eficacia de la inversión pública aumente y contribuya a la creación de empleo. Crecer para seguir prestando servicios que no nos corresponden y que el Estado y la comunidad autónoma o no prestan o prestan insuficientemente, aunque por competencias les corresponden. Crecer, en, suma porque los déficit de infraestructura de nuestros pueblos y ciudades siguen siendo graves y difícilmente abordables con nuestros recursos. Crecer para que el ciudadano sea capaz de percibir tangiblemente que su esfuerzo fiscal le repercute. Es seguramente una cuestión de sensibilidad política que las magnitudes macroeconómicas de la Hacienda Estatal no debérian hacer olvidar. Es comprensible que, desde la política global del Ministerio de Economía y Hacienda se valore la situación económica general y se plantee la necesidad de contener y limitar los déficit.

Y es también posible que desde estos planteamientos se haya creido que un camino para frenar el incremento de los déficit sea frenar también o incluso reducir las transferencias a los municipios.

Optar por la vía de la contención o el recorte es optar por un modelo social regresivo, que repercute inmediatamente sobre el conjunto de la población y pone en ebullición la ya muy comprimida olla a presión de la tensión social. El recorte y la contención habría que buscarlos por otros caminos.

El incremento de la participación municipal en los Ptesupuestos Generales del Estado es un camino, una parte de una política, para satisfacer plenamente las aspiraciones de los ciudadanos españoles, a los que tenemos el compromiso firme de no defraudar.