El gran defecto de la ley de Maravall

La ley de Reforma Universitaria es tan razonable que no suscita entusiasmo. Y este es precisamente su defecto principal. Una de las objeciones que se le han hecho es que deja demasiados cabos sueltos. Quienes soñaban con establecer por decreto la depuración de catedráticos incompetentes tiemblan ante la evidencia de que esta ley deja la responsabilidad de la reforma en manos de los propios universitarios. Y quienes, como los otros dicen, tienen la sartén por el mango en las instituciones académicas tampoco están felices ante la evidencia de que en el futuro la incompetencia de cada uno quedará desprotegida de esa coraza burocrática que era el único sostén de su pequeña parcela de poder.Para contentar a ambos tipos de críticos habría que encontrar su punto de coincidencia. Sin duda, éste reside en una común concepción corporativista y arcaica de la autonomía universitaria. De manera que, para dejar satisfechos a unos y otros, bastaría una ley muy corta que dijera: "Artículo único: todos los reglamentos, leyes, costumbres, órdenes administrativas, vicios de procedimiento, arbitrariedades, ritos, rutinas e insensateces por los que hasta ahora se han venido rigiendo las universidades quedan exactamente igual que estaban". Así, los profesores no numerarios podrían seguir reivindicando el contrato laboral y justificar su profundo compromiso con la profunda reforma de la Universidad que algún día se logrará en la profundidad de los tiempos. Y los detentadores del mango de la sartén podrían seguir haciendo ostentación de su buen hacer y hasta de su capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias. El miedo al qué dirán de unos garantizaría la estabilidad en el empleo de los otros. Periódicamente seguiría habiendo la posibilidad de que algunos de estos últimos se cambiaran de bando, previo paso por el rito de unas oposiciones en las que nadie tendría un interés oculto y todos participarían reverencialmente para mayor gloria de la institución.

Las ventajas de una ley así no se limitarían a los universitarios. También la propia sociedad se vería muy beneficiada. Por ejemplo, ante el espectáculo de la vida académica, los hombres bienpensantes podrían seguir clamando de cuando en cuando: "¡Hay que reformar la Universidad!" Podrían organizarse encuentros, simposios, encuestas y seminarios especializados sobre el tema. Sindicatos, empresarios, instituciones de gobierno podrían dar continuas muestras de sensatez declarando, cuando la ocasión fuera oportuna: "Muy mal, muy mal. La Universidad está muy mal. Tenemos que hacer algo por ella".

En lugar de dar paso a este aquelarre de emociones, grandes palabras y heroicas luchas por altos ideales, la ley de Maravall se contenta con suprimir las oposiciones, desatar las manos de los universitarios para que organicen sus propios estatutos y meter a los hombres bienpensantes en las instituciones académicas para que puedan arrimar el hombro a una tarea que en tan alta estima tienen. Es una ley tan poco demagógica que hasta, en una primera redacción, se olvidó de reconocer el derecho de los estudiantes (yo creo que por olvido) a participar en los órganos de gobierno universitarios.

Sí, lo malo de la ley de Maravall es que ha roto la fascinación de estar siempre en trance de iniciar una tarea prometeica. Esta ley ha acabado con el romanticismo de la reforma universitaria y se ha limitado a hacerla posible. Es algo que no se le puede perdonar.

es profesor de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la universidad de Salamanca. Senador del PSOE por Salamanca.