Las frutas y hortalizas españolas quedarán aisladas de la CEE durante cuatro o seis años a partir de la adhesión

El pleno de la Comisión Europea debe adoptar hoy el voluminoso documento definitivo en el que propone al Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea (CEE) las "orientaciones y propuestas referentes al período de transición para la agricultura española". Con ello se entra en el corazón de la negociación para el ingreso español en la CEE y en el umbral de una revolución agrícola en España. La posición negociadora es clara: durante una primera etapa de cuatro años a partir de la adhesión, ampliables a seis, el sector español de las frutas y hortalizas -que representa un 26% de la producción agrícola española- quedaría aislado de la CEE. El período total de transición clásica sería de 10 años, ampliables a otros dos.

El documento representa el triunfo, que ya quedó patente en Estrasburgo, en junio, de la línea del comisario Lorenzo Natali, encargado de la ampliación, frente a la del comisario agrícola Paul Dalsager, que quería incluir los cereales, el arroz, la leche y los productos lácteos, y la carne de vaca y de cerdo, dentro de la etapa de cuatro años, posibilidad que, sin embargo, se reserva la Comisión.El documento introduce el concepto de etapas, frente a un período de transición clásico, con una serie de argumentos que abogan por un "nuevo enfoque diferente del de 1980", en relación con la realidad española la de la CEE y la experiencia del ingreso de Grecia. Para la Comisión, se trata de lograr un "equilibrio del conjunto". El documento deja al margen los casos de Ceuta, Melilla y Canarias, y no entra a hablar del sector de las materias grasas vegetales, es decir, del aceite de oliva, entre otros, esperándose una decisión del Consejo de Ministros de la CEE.

Los problemas del ingreso

Respecto a las dificultades que el impacto de la adhesión puede provocar en cada sector, el documento reconoce que "raros son los casos en los que España no parece poder superar esas dificultades antes de la adhesión". Entre los problemas que España puede tener para la aplicación de los mecanismos de la Política Agrícola Común (PAC), el documento cita algunas "insuficiencias estructurales" (pequeñas explotaciones y otras).

La "inaplicabilidad total de los mecanismos de organizaciones comunes de mercados" afecta en España al sector de las frutas y hortalizas frescas, dado que no existen normas de calidades para el mercado interno (obligación de normalización) ni organizaciones de productores suficientemente desarrolladas, ni mercados representativos. España no ha pedido derogaciones en este terreno, pero la Comisión "las considera necesarias, dadas las dificultades en precios en un número limitado de productos", para cuya solución a corto plazo no bastan más que medios materiales o financieros". Por ello, la Comisión propone una primera etapa de cuatro años durante la cual este sector iría adaptándose a los mecanismos de la PAC desarrollando las agrupaciones de productores, la intervención y la obligación de normalizar los productos.

Durante esta primera etapa, la aproximación al régimen comunitario de precios, ayudas e intervención iría a cargo del Presupuesto español. Los derechos aduaneros percibidos irían al erario español, no al comunitario, como es la norma. España tendría que ir aplicando ya disciplinas de producción en la misma medida que los otros Estados miembros.

En esta etapa entrarían todos los productos del sector, incluidos los no sometidos a reglas en la CEE, pues "la diferenciación podría llevar a alteraciones artificiales en orientaciones de producción o en materia de control", o, como se señala en otra página, a un "desarrollo de la producción en un sentido no deseado". Es más, para evitar trampas, la Comisión quiere limitar la ayuda de la CEE a algunas cantidades de productos transformados obtenidos en España, para impedir que durante esta etapa los productos españoles busquen indirectamente garantías de precios que no tienen. El umbral de producción queda por negociar.

Presiones francesas

Todo excusas -impuestas, se entiende-, fruto de las presiones francesas e italianas. A este respecto, el propio documento reconoce que hay que "limitar los desequilibrios en los mercados y los problemas de gestión, tanto para España como para la CEE". El documento habla también de un "riesgo real si no se toman otras medidas transitorias que las relativas a la supresión de los derechos aduaneros y a la igualdad de los precios y ayudas". ¿Bastan los correctivos a la libre circulación?, se pregunta la Comisión. "Sí, si el objetivo es limitar el volumen de los intercambios para no desestabilizar el mercado comunitario. No, si, a la vez, la aplicación en España de las medidas de control de la producción parece relativamente aleatoria a corto plazo", especialmente en el sector hortofrutícola.

La primera etapa podría ser ampliada a otros dos años, tras un informe, al cabo de los cuatro primeros años, de la Comisión, un dictamen del Parlamento Europeo y una decisión por mayoría cualificada (es decir, sin la posibilidad de un veto español) del Consejo de Ministros. En este caso, la segunda etapa se acortaría, pues el período total ha de ser de 10 años (prorrogable por otros dos con la unanimidad del Consejo).

Reducción de aranceles

La política socioestructural de la CEE se aplicaría progresivamente desde la adhesión. Pero ya en esta primera etapa, y para estos productos, España tendría que bajar al nivel de la CEE los derechos arancelarios. Incluso, en esta etapa y para estos productos, tendría que renunciar desde la adhesión a las preferencias acordadas por países terceros. En cuestión de precios, durante la primera etapa y para estos productos, España tendría que congelarlos si son superior9s a los de la CEE, y si son inferiores no podrían aumentar a un ritmo más rápido que en la Comunidad.

La transición sería clásica para los otros productos -un 69% de la producción agrícola española.La Comisión se reserva el introducir en el régimen de etapa diversos productos continentales (cereales, arroz, leche y productos lácteos, y carne de vaca y de cerdo -32%, producción agrícola española-) "a la vista de los progresos realizados antes de la adhesión". Respecto a la carne de cerdo, no habrá exportaciones españolas hacia la CEE, pero sí al revés, hasta que se haya suprimido la peste porcina.

Este período de transición tendrá una duración de 10 años a partir de la adhesión, pero no más de siete años para la aproximación de precios y ayudas y la eliminación de los derechos aduaneros (los incompatibles con la PAC desde la adhesión).

Objeciones a España

Las objeciones a España que plantea el documento son principalmente que el "mercado no es transparente ni en necesidades ni en precios", el que "los productores y los transformadores no están preparados a un mercado abierto", los productos sometidos a monopolio de Estado, el preponderante papel del Estado en productos como el trigo, los cereales, la leche y la carne.

Los cereales-pienso, en España, con su bajo precio de importación, tienen una influencia directa sobre la estructura de producciones animales. España ha pedido una adaptación progresiva para el monopolio de trigo, que rechaza la Comisión. Todo esto "ilustra las dificultades a corto plazo para llegar a las transformaciones que se imponen para elementos importantes de la organización de los mercados", las estructuras de precios e ingresos o la comercialización y uso de los productos.

España tendría que renunciar desde la adhesión a las preferencias acordadas por países terceros, incluidos los regímenes especiales que mantiene con América Latina. Respecto a la CEE, regiría la preferencia comunitaria, eliminando las restricciones cuantitativas, salvo las negociadas, desde la adhesión.

En cuanto al sector vitivinícola, es necesario aún profundizar en problemas técnicos que motivarán una comunicación ulterior. Esta indica ya la necesidad de instaurar un sistema de vigilancia de los intercambios para impedir que vino español "inunde" los mercados de países de la CEE. El problema es el de la mezcla de vinos, con un régimen muy estricto en la CEE.

El documento recoge declaraciones españolas en las que Madrid pedía medidas transitorias y derogaciones temporales

Una y otra vez el documento recoge la declaración española de enero de 1982, en el que Madrid, por razones de mercado y socioeconómicas, pedía medidas transitorias. En lo que puede irritar a España, se indica que "la Comisión ve en las observaciones hechas por la delegación española la confirmación de sus propias conclusiones", ya que a pesar de "eventuales compensaciones", España tendría "dificultades para soportar la confrontación de la adhesión".