La OCU se querella contra Sanitas y se opone a la subida de la gasolina
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) anuncia que ha interpuesto querella contra la sociedad sanitaria Sanitas, por supuesta estafa y coacción frente a sus asegurados. También se opone rotundamente a una posible subida del precio de la gasolina. En una rueda de prensa convocada por esta asociación y a la que asistió el presidente de la misma, Carlos Sánchez-Reyes, se justificó la negativa a la subida de los carburantes, en base a razones de coste y de política de precios.Ignacio Uriarte, abogado de la OCU, informó de la querella presentada ante el juzgado número 4 contra la sociedad sanitaria Sanitas "por supuesta estafa y coacción". Según los responsables de la OCU, la querella se fundamenta en que esa sociedad médica se dirigió por carta a sus asegurados en marzo de 1982 anunciando la revisión de primas y la próxima entrada en vigor de las nuevas tarifas.
"Sin embargo", afirma Sanchez-Reyes, "la Junta Superior de Precios nos certificó en octubre del mismo año que las tarifas de Seguros de Asistencia Sanitaria se encuentran sujetas al Régimen de Precios Autorizados de ámbito provincial por orden ministerial".
"Como fundamento de su tesis exculpatoria", dijo Sánchez-Reyes, "el presidente de Sanitas presentó una resolución suscrita por el subdirector general de Recursos del Ministerio de Economía y Hacienda, Pedro Alberto Ramón y Cajal, en la que se establece que "las primas o precios de los seguros de asistencia sanitaria no están incluidas entre las autorizadas o comunicadas a que se refiere la vigente normativa de precios".
Para Sánchez-Reyes, "esto supone que ha existido una manipulación clara en la administración, ya que una resolución de este tipo es siempre de rango inferior a una orden ministerial". "Esta manipulación -añadió el presidente de la OCU- iría dirigida hacia dos objetivos: por un lado obstruir la acción de la justicia y por otro impedir la posible sanción que, según nuestros informes, estaba preparada para su presentación en Consejo de Ministros y que podría rondar los 300 millones de pesetas".
"Yo creo" -añadió Sánchez-Reyes- "que podemos estar ante un caso de corrupción administrativa y, sobre todo, un subdirector general no está autorizado a revocar órdenes ministeriales".
Según Sánchez-Reyes, una revisión de los precios de los productos derivados del petróleo "produciría un reajuste en cadena de otros muchos precios". Tras afirmar que "la evolución de los precios durante los primeros seis meses del año ha sido relativamente satisfactoria" el presidente de la OCU aseguró que "nos movemos actualmente en torno a una tasa anual del 11,7 %. El objetivo del Gobierno de reducir un 12% el aumento de los precios al consumo durante 1983 es factible, siempre y cuando se vigile estrechamente cualquier nuevo aumento".
La Organización de Consumidores cree que aún podría reducirse el precio de los derivados ya que "Hacienda viene recaudando, durante seis meses al menos, más de lo que anunció a la Junta Superior de Precios que pretendía obtener", declaró Sánchez-Reyes.
