Continúan en Rabat las negociaciones sobre cooperación entre Marruecos y España

Las negociaciones hispano-marroquíes sobre pesca y cooperación global continuaron ayer en Rabat, después de la interrupción del fin de semana, con sendas entrevistas del embajador de España, Raimundo Bassols, con el ministro de Pesca, Bensalem Smili, y con el superministro de Economía y jefe de los negociadores marroquíes, Taieb Bencheij.Las conversaciones siguen, pues, después de la prórroga de un mes del acuerdo transitorio de pesca para facilitar la terminación de esta negociación, el curso tan especial que han adoptado esta vez, consistente, en la mayoría de los casos, en entrevistas cara a cara entre el representante español y los ministros marroquíes. Hoy llegarán a Rabat para incorporarse a ellas Carlos Blasco, director de Relaciones Económicas Internacionales, y Jerónimo Bravo, del Instituto Oceanográfico de La Laguna. El secretario de Estado para la Pesca, Miguel Olivé, se reincorporará en los próximos días.

Aunque poco trasciende de estas conversaciones, dado su, carácter marcadamente confidencial, parece confirmarse que España solicita que el próximo acuerdo tenga una duración de cinco años, mientras que la posición de partida marroquí era no conceder más de dos a tres años. Hasta ahora puede decirse que los temas que permitirían hablar de negociación global aún no se han puesto sobre el tapete más que de una fórmula limitada.

Marruecos había solicitado una ayuda financiera de 675 millones de dólares, que inicialmente dividía en 300 millones para adquisición de bienes de equipo en España y para obras de infraestructura el resto. Más tarde, y en el transcurso de las conversaciones, los marroquíes hicieron saber que deseaban una modificación de la forma de esa ayuda para que fuesen 500 millones de dólares para obras de infraestructura y 175 millones para adquisición de barcos y equipos españoles.

Es indudable que la parte española, y dado que se trata de una negociación global, desea también que se incluyan en ella dos importantes reivindicaciones españolas que conciernen el pago de indemnizaciones por las tierras nacionalizadas en 1.973 y con posterioridad, así como por la nacionalización de la compañía Electras Marroquíes.