El Gobierno impondrá un arancel del 24% a los vídeos

El Gobierno puede aprobar en las próximas semanas un fuerte incremento en los aranceles aplicables a la importación de vídeos, que pasarán de un 1% a un 24%. La medida, que en principio ha sido acogida de forma favorable por la industria nacional, ha sido propuesta por el Ministerio de Economía y Hacienda y será aprobada en los próximos días por la Junta Superior Arancelaria.Las importaciones españolas de vídeos en 1982 ascendieron a 16.900 millones de pesetas en precios cif (incluyendo un arancel general del 1%, que se reducía al 0,9% en las entradas procedentes de la CEE). El 85% de estas importaciones procedieron de Japón y el resto de Europa. Fuentes del sector esperan para 1983 un fuerte incremento en lasventas de vídeos en el mercado español, confirmando la tendencia experimentada en 1982. No obstante, la repercusión del fuerte incremento de aranceles en el precio puede reducir las favorables perspectivas de crecimiento del mercado.

La subida del arancel al 24% fue estudiada por el grupo de trabajo preparatorio de la Junta Superior Arancelaria, el pasado miercoles, donde se acordó incluirlo en el orden del día de la próxima reunión del citado organismo. Las reuniones preparatorias tienen carácter abierto y a ellas pueden asistir -como de hecho hicieron el miércoles- las empresas o personas cuyas actividades pueden resultar afectadas por las medidas en estudio.

El director general de la patronal del sector, Julio González, ante la propuesta de incremento de arancel, ha enviado recientemente una carta al secretario de Estado de Comercio en la que, en principio, se muestra favorable a la medida, aunque añade que la misma "debería facilitar a corto plazo la protección del sector industrial, de forma que se pueda iniciar en nuestro país la fabricación de alguno de los productos comprendidos en la citada partida arancelaria, y entre ellos y fundamentalmente, del vídeo-casete". La carta hace hincapié, además, en la mejora que podría derivarse de esta medida para la balanza comercial.

La patronal, no obstante, insiste en que deben estudiarse los plazos de entrada en vigor del incremento para impedir perjuicios a empresas que han realizado ya pedidos o firmado compromisos con el exterior, y posibilitar la evaluación de planes de fabricación.