La Conferencia Episcopal aplazó hasta el mes de julio la declaración oficial sobre el tema del aborto

La asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española, clausurada ayer en Madrid tras seis días de trabajo, no aprobó la declaración oficial sobre el aborto como inicialmente estaba previsto, debido, según informaron los obispos Fernando Sebastián y Antonio Montero, a que ha sido tal el número de enmiendas presentadas al primer borrador de la declaración, que ha faltado tiempo para asimilarlas al texto final.

El texto de la declaración se refrendará mediante el voto por correo, cuando sea remitido a todas las diócesis, y se hará público durante la primera semana de julio. No obstante, en una improvisada conferencia de Prensa, los dos obispos citados avanzaron que la opinión de la Iglesia era que el Estado debe considerar el aborto como un delito en todos los supuestos, incluídos los que despenaliza el proyecto de ley del Gobierno."Creemos que el aborto no es sólo un acto moralmente pecaminoso ante Dios y la propia conciencia", dijo Antonio Montero, "sino que es un delito, siempre, y como tal debe ser castigado por las leyes del Estado". Los tres supuestos que contempla el proyecto de ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, remitido a las Cortes por el Gobierno de Felipe González, -violación, malformaciones genéticas del feto y peligro para la vida de la madre- no son admisibles para los prelados españoles: "Precisamente cuando un niño nace subnormal", añadió Montero, "es cuando la sociedad más ha de quererle y rodearle de cariño, y, si se da el caso que es fruto de una chica maltratada, violada, ella no es la culpable, pero el hijo engendrado tiene que nacer". Del tercer supuesto, la despenalización del aborto en caso de peligro para la salud de la madre, el representante episcopal para los medios informativos comentó que el Estado debe proteger siempre la vida del más indefenso, del no nacido.

El secretario de la Conferencia Episcopal y obispo de León, Fernando Sebastián, apuntó por su parte que, además de ser moralmente condenable, el proyecto de ley del Gobierno es "un coladero para que aborten otras mujeres no afectadas por los supuestos que contempla la ley". En síntesis, y sin perjuicio de los que diga el documento final, Antonio Montero dijo que la postura de la Iglesia coincidía plenamente con las palabras de la madre Teresa de Calcuta: "No los mateis, dádmelos a mí, que yo los ciudaré". A la pregunta de los informadores de cómo iba la Iglesia a cuidar a estos niños, si las madres optaran por seguir el consejo de la religiosa de Calcuta, Montero recordó que esta era una cuestión que la Conferencia se había planteado.

El torno medieval

Y lo había hecho de dos formas: por un lado, prosiguiendo con la labor tradicional de la Iglesia en este sentido, es decir, potenciando las inclusas, las casas-cuna y los centros donde las religiosas recogen a las madres solteras o de vida descarriada, Montero recordó que desde la Edad Media, "los tornos de los conventos han estado siempre a disposición de las madres, y ello ha supuesto un gran servicio a la humanidad porque han salvado muchas vidas"-, y, por otro, nombrando a una comisión especial que se encargue de buscar las causas profundas que llevan a optar por el aborto, y entre otras cosas, "buscar la manera de que la sociedad no rechace a las madres solteras", y exista mayor compresión, en palabras de Montero, "para las chicas atolondradas que han tenido un mal momento".Al hilo de esta comprensión a la que se refería el prelado, se le preguntó en la conferencia de Prensa si incluía también el no despedir a profesoras de colegios religiosos cuando se quedaban embarazadas fuera del matrimonio, como ha sucedido en varias ocasiones en algunos colegios católicos. Montero respondió que "a lo mejor estos despidos se producían porque no eran buenas profesoras", y al insistir los periodistas en que podría ser o no una casualidad que la dirección del colegio observara la incompetencia profesional de la afectada justo en el momento del embarazo no bendecido por la Iglesia, el secretario de la Conferencia apuntó que "se trata de una cuestión de coherencia. No se puede enseñar catequesis y demostrar en la vida privada que no se cumple lo que se está enseñando a los niños". No se pronunciaron los dos prelados mencionados, en cambio, si la asignatura no era catequesis, sino matemáticas, por ejemplo. Ambos insistieron que era cuestión de coherencia.

Acumulación de trabajo

Fernando Sebastián y Antonio Montero zanjaron la cuestión remitiendo a los informadores al documento oficial, y, reiteraron que el retraso en la aprobación del mismo no obedece a discrepancias internas entre los obispos, sino a acumulación de trabajo, que también ha impedido la reidacción final de otro texto que se hará público en Julio bajo el título de "La fe de nuestro pueblo".A falta de ambos documentos, la única declaración oficial de la 381 asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española lo ha constituído el pronunciamiento, en la tarde del pasado viernes, sobre el proyecto del Gobierno de la futura ley orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE). Antonio Montero volvió a instistir ayer en que la unidad de los prelados en torno a esta cuestión había sido total, pese a los nueve votos en blanco y a que el documento final era el tercer borrador que se hizo, ya que los dos anteriores -redactados por Elías Yanes, arzobispo de Zaragoza- habían sido rechazados.

Pesea la oposición de los obispos a la LODE, especialmente al consejo escolar, ya que ellos entienden que amenaza el mantenimiendo del ideario de un colegio religioso, Fernando Sebastián afirmó que no se atrevía a afirmar que la LODE fuera inconstitucional y que la participación social en el centro docente -el llamado consejo escolar- lo imponía la Constitución, pero no sus límites. "Es flexible y susceptible de negociación", dijo.