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El plan cuatrienal prevé la construcción de más de un millón de viviendas

Joaquín Estefanía

Las necesidades a satisfacer en el plan cuatrienal 1984-1987 de viviendas, cuya propuesta básica ya ha terminado de elaborar el Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (MOPU), son de más de un millón le viviendas. En los últimos días, Julián Campo, titular del departamento, ha mantenido negociaciones con todos los sectores afectados para su puesta en marcha, incluída la banca, y en las dos próximas jornadas se celebrará una cumbre pública en la que el sector financiero, los promotores y constructores, las centrales sindicales, los ayuntamientos, la patronal y la Administración discutirán el documento base del plan para que éste quede cerrado en septiembre. En este documento base se plantea la posible subvención de alquileres para los ciudadanos más necesitados. Uno de los problemas más acuciantes del plan será el de su financiación, toda vez que la banca, a través de su representante en la Asociación Española de Banca Privada (AEB), ha reiterado en di versos momentos su desmotivación para participar en cualquier continuación del plan trienal que está vigente en estos momentos. Sin embargo, Julián Campo, que al menos ya ha mantenido una reunión con Rafael Termes sobre la financiación de la vivienda, ha expresado su opinión de que "la ayuda a la financiación por parte de bancos y cajas de ahorro dependerá del resto de las reformas del sístema financiero". El ministro ha resaltado, en pri mer lugar, que el plan que será presentado en septiembre tiene una duración de cuatro años y no de tres como el anterior "para que desborde la actual legislatura y el primer Gobierno que nazca de la próxima tenga un año de respiro para resituar la oferta y la demanda". Según Julián Campo, "las necesidades a satisfacer por el plan cuatrienal se valoran fijando unas cifras de año-tipo a efectos de calcular las necesidades de financiación básicas, susceptibles con posterioridad de redistribuir su finalidad concreta".

Las necesidades de partida son las siguientes:

- En las viviendas de protección oficial (VPO) de promoción pública, la propuesta del plan es alcanzar la cifra total de 55.000 viviendas/año, ejecutadas por la Administración central y autonómica o por la local, frente a 21.500 en 1982 y a 30.500 en 1981. Cabe prever que una pequeña parte de esta cifra pudiera cubrirse vía rehabilitación protegida de promoción pública, en progresivo incremento.

- En las VPO de promoción privada se plantea alcanzar un nivel mínimo de 125.000 viviendas/ año frente a las 107.000 viviendas/ año financiadas en los dos años anteriores. Como nivel óptimo, que reserve un margen razonable para otras operaciones, se plantea financiar la cifra de 135.000 viviendas/año y con base en ella se calculan los recursos necesarios para el plan.

De este total de 135.000 viviendas, 25.000 estarían destinadas a usuarios con renta familiar inferior a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional. Según el documento sería deseable que al menos los recursos correspondientes a 10.000 VPO de promoción privada se destinaran a rehabilitación, lo que permitiría actuar sobre 30.000 viviendas/año en este régimen de intervención.

- En cuanto a la vivienda libre, se estima su aportación en una cifra mínima de 75.000 viviendas/ año, teniendo en cuenta el progresivo descenso de estos últimos años.

- Con independencia de los progresivos trasvases de recursos para vivienda nueva a rehabilitación, el plan prevé la rehabilitación anual de un mínimo de 20.000 viviendas.

El titular de Obras Públicas y Urbanismo explica que "la adición de previsiones de los puntos anteriores supone como mínimo la construcción de 265.000 viviendas/año y la rehabilitación de 20.000 (equivalente a la construcción de 255.000 nuevas y la rehabilitación de 50.000) frente a cifras de 235.000 viviendas/año de nueva construcción en 1981 y 1982, de 260.000 en 1979 y de 370.000 en 1975, sin ninguna rehabilitada.

Alquileres subvencionados

La insuficiencia de recursos disponibles para satisfacer la demanda de vivienda de las clases de menores niveles de renta aconsejan prever, paralelamente a la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el alquiler por el sector público de viviendas ya construidas para su cesión con alquiler subvencionado, si es necesario, a ciudadanos necesitados. Se contempla, de esta manera, el arrendamiento de 20.000 viviendas/año que irían destinadas a rentas familiares beneficiarias de promoción pública o con rentas inferiores en todo caso a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional".

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