Las instituciones y particulares que formen parte de los órganos rectores de las cajas de ahorro aportarán fondos propios

Todos los borradores sobre la reforma de las cajas de ahorro que se manejan en la actualidad en la Administración coinciden en la necesidad de limitar los poderes de los directores generales de las entidades de ahorro y en la democratización de los órganos de gobierno de las mismas, lo que no significa un intento encubierto de nacionalización de las cajas. Tanto las instituciones públicas o privadas como los impositores que quieran entrar a formar parte de los órganos rectores de las cajas tendrán que aportar fondos que se reconocerán prácticamente como fondos propios de las entidades.

Los diversos borradores que se están estudiando plantean como cuestión básica la supresión del derecho de veto que tienen los directores generales de las cajas de ahorro sobre las decisiones del consejo de las mismas, esta facultad se transfiere a la comisión de control de las cajas.La posibilidad de que la reforma se haga por ley aprobada en el Parlamento es mantenida por los responsables del Ministerio de Economía por varios motivos, entre los que destaca la mayor estabilidad que se produce cuando se utiliza este camino, aunque a cambio de un alargamiento del plazo entre que se plantea la reforma y se hace operativa. En medios oficiales se calcula que, de elegir esta vía, se tardaría un año en ponerla en marcha. La fórmula del decreto tiene la ventaja de la rapidez, pero los inconvenientes de ser una fórmula que no se quiere utilizar mucho y de la posible limitación de su contenido.

Por ello es posible que se opte por la aprobación de un decreto en el que se recojan los temas más urgentes -regulación de los órganos de gobierno, organización nacional de las cajas de ahorro-, para posteriormente presentar un proyecto de ley en el que se recojan todos estos puntos y los referentes a las operaciones de activo, fusiones y expansión fuera de la zona de influencia.

Las cajas de ahorro pueden estar promovidas por instituciones de carácter público o privado, y según sea existe mayor número de miembros de las asambleas que proceden de instituciones públicas o privadas. Los borradores que se estudian tratan de delimitar la existencia o no de las organizaciones privadas sin ánimo de lucro que promovieron la creación de las cajas y dar una mayor presencia a los representantes de las corporaciones locales en las que se encuentran asentadas.

Ello no significa, en opinión de los autores de estos borradores, una nacionalización encubierta de las cajas, sino reconocer el mayor papel que tienen que jugar estas instituciones. Para evitar un riesgo de politización y, sobre todo, para frenar posibles intentos por parte de las corporaciones de conseguir fondos por encima de lo que se entienda como razonable y que no implique concentración de riesgo, se establecen diversos mecanismos, entre los que hay destacar la posibilidad de que aquellas instituciones o personas privadas, que quieran influir en la marcha de una caja aporten por un tiempo mínimo establecido cantidades a modo de fondos propios que recibirán una retribución.

Socios garantes

La idea que prima es que los impositores privados y las instituciones actúen como socios garantes a través de la colocación de recursos como fondos que pudieran utilizarse en caso de que hubiera problemas patrimoniales en estas entidades. La retribución que estos fondos recibirían estaría por debajo de la de mercado, ya que se busca no tanto un incremento de los fondos propios de las cajas, para lo que está la nueva normativa sobre aumento de las dotaciones a reservas, cuanto que todos aquellos que tengan un cierto poder de control y decisión sobre las actuaciones concretas de las cajas tengan conciencia de que de una gestión apropiada depende la pérdida o no de estos recursos ajenos.Con ello, además, se suprime la fórmula del sorteo para la designación de los compromisarios por parte de los depositantes, fórmula que no ha dado los resultados apetecidos. Los ahorradores privados que quieran concurrir a la elección de compromisarios para la asamblea general de la caja, y posiblemente las corporaciones locales que quieran contar con representantes, tendrán que colocar determinadas cantidades de dinero en las entidades a plazos, que no serán inferiores a cuatro años. Para evitar posibles intentos de control también por esta vía, la mayor aportación de fondos no tendrá una repercusión directa sobre los votos a que cada uno tenga derecho, sino que se pondrán diversas correcciones.

El número de miembros de la asamblea que se baraja en la actualidad es de 161 y el del consejo de administración, de 16 personas. Formarán parte de la asamblea cinco representantes del personal y el resto se repartirá a partes iguales entre representantes de los impositores y corporaciones locales. En el caso de que la corporación que fundara la caja de ahorros siga teniendo una existencia real, contará con 26 miembros en la asamblea, que se deducirán, de los representantes de las corporaciones loca les. De esta forma, ningún grupo tendrá mayoría y los mecanismos de pertenencia a la asamblea, mediante el sistema de socio garante, servirán para potenciar la profesionalidad. La proporción en el consejo de administración es similar, y estará formado por el director general, tres representantes del personal y seis de los impositores garantes y de las corporaciones locales.

Fusiones provinciales

Para los autores de los borradores que están siendo unificados, las fusiones regionales de cajas no tienen especial sentido, e incluso se ha demostrado que la existencia de más de una en la misma región es beneficiosa para el conjunto, objetivo último que deben cumplir las cajas de ahorro. No ocurre lo mismo, según estas fuentes, con la existencia de varias cajas en la misma provincia, especialmente en algunas en las que su presencia es muy limitada.Los borradores proponen un endurecimiento significativo de las posibilidades de expansión de las cajas fuera de sus áreas tradicionales de influencia, aunque se admite que se quieran abrir algunas oficinas en Madrid, Barcelona y alguna otra ciudad. Una de las fórmulas que se manejan para permitir la expansión es que las cajas que quieran aumentar su número de sucursales lo hagan adquiriendo oficinas de bancos en crisis, asumiendo el activo y el pasivo de estas entidades.

La profesionalización de los órganos de gestión de las cajas contará con ciertos correctivos, como puede ser el máximo de duración de los mandatos.