El convenio entre las cajas rurales y el Banco del Crédito Agrícola plantea desavenencias en la Administración

El consejo de administración del Banco de Crédito Agrícola decidió en su última reunión no estudiar la aprobación o no del convenio de adhesión voluntaria de las cajas rurales a esta entidad financiera, aplazando la decisión para una próxima sesión. Las divergencias que han surgido a lo largo de la negociación entre algunos sectores de la Administración parece que han aconsejado este retraso. Por otro lado, la banca privada no ve con buenos ojos dicho acuerdo, por cuanto considera que de esta forma se consolida el sistema financiero actual y se le restan posibilidades de expansión en el medio rural.

Las parcelas de la Administración que se oponen a la firma del acuerdo entre el Banco de Crédito Agrícola (BCA) y las cajas rurales -Ministerio de Agricultura e Instituto de Crédito Oficial, y algunas otras de forma más individualizada- lo hacen, no tanto porque mantengan ideas básicas distintas, cuanto porque les parece que la instrumentación del convenio no es clara y coloca a la Administración en una posición de desventaja frente a los intereses privados.En este sentido se recalca que se está a favor de la filosofía que inspira el convenio voluntario de las cajas rurales, pero que sería necesario arbitrar medios más poderosos que impidieran descuelgues de algunas o muchas cajas rurales, una vez que se haya procedido a la reestructuración del sector. En el fondo, lo que se critica es que el borrador de convenio que se viene discutiendo en la actualidad otorga demasiado poder a las cajas rurales, que necesitan ayudas del Estado para salir a flote, y que de lo que se trata es de llegar a una "reconversión del sector" similar a la que se está proponiendo para algunos sectores industriales.

Acuerdo escaso

Las cuestiones que están en discusión en estos momentos se centran en si se está siendo lo suficientemente exigentes con las cajas rurales en cuanto a los recursos que éstas van a transferir al BCA, los recursos que el propio banco va a tener que captar en el mercado para hacer frente a las necesidades de las cajas rurales y el cómputo de consejeros del banco que serían nombrados por las cajas rurales.Respecto al primer punto, en algunos sectores de la Administración se considera que el acuerdo conseguido es escaso porque el BCA no va a tener recursos suficientes para hacer frente a las necesidades estacionales de las cajas rurales con los que las propias cajas depositen en el banco oficial. Según estos cálculos, la suma de las cantidades procedentes del fondo de liquidez de las cajas rurales -el 2,5% de los depósitos-, del fondo de reservas para provisión de riesgos de insolvencias -que suponen el 10% de los beneficios que cada caja obtenga- y del 25% de la tesorería que debe de positarse en el BCA, no es suficiente. Si estos datos se revelan como ciertos, el Banco de Crédito Agrícola se verá forzado a buscar recursos ajenos, en el mercado o en incremento de las dotaciones que el ICO le proporciona anualmente, para hacer frente a estas necesidades estacionales.

La crisis por la que atraviesan varias de las cajas rurales y la necesidad de proceder a una reestructuración importante, tiene dos tipos de costes, que se recogen de forma distinta en el borrador de convenio que se está estudiando. Por un lado se dice que las cajas que necesiten esta reestructuración presentarán, una vez que se realice la auditoría externa, planes para proceder a ella. Pero no se dice nada sobre quién será el que corra con los costes que dicha reestructuración importe. En este sentido, el borrador de convenio establece que se confirmarían las ayudas del BCA y los compromisos que tengan que cumplir las propias cajas rurales. Así se llega a la conclusión de que, a cambio de la aportación de fondos más o menos elevados que saldrán del BCA, las cajas rurales tendrán que adoptar, como mucho, compromisos de aumento de productividad, que vendrán por regulación de plantillas y poco más.

A cambio de todo esto, se opina en algunos medios de la Administración, las cajas rurales podrán denunciar unilateralmente el convenio, a los tres años de funcionamiento -justo cuando esté a punto de terminar la actual legislatura-, y además nombrar cuatro consejeros sobre nueve de los que forman parte, al margen del presidente del banco, del consejo de administración del BCA. Esta proporción, que deberá mantenerse siempre, cualquiera que sea el número total de miembros del consejo de administración del BCA, provoca problemas a la hora de la toma de postura ante los nombramientos de directores generales de las cajas rurales, nombramientos que deben someterse a la consideración del BCA.

Falta de control

En efecto, sólo si hay un rechazo unánime por parte de los consejeros, el nombramiento no tendrá lugar; si la oposición es simplemente mayoritaria, el BCA puede elevar un informe al Banco de España, quien no tiene competencias directas sobre nombramientos, a menos que no abra un expediente personal a quien hubiera sido propuesto.El problema básico, no obstante, es que este posible veto matizado tiene vigor para los nuevos nombramientos, pero nunca para los ya existentes. Lo que tiene que someterse a la aprobación del BCA son los nuevos nombramientos, nunca la confirmación de los ya existentes, buena parte de los cuales han mostrado, cuando menos, una deficiente gestión, que debería cuestionar la permanencia en sus puestos de responsabilidad. No se puede olvidar, se piensa, que en estos momentos el déficit patrimonial de las cajas rurales debe de estar situado, al menos, en torno a los 30.000 millones de pesetas y que hay una docena larga de entidades intervenidas, con expedientes abiertos por el Banco de España, o con problemas financieros. A ello se añade que en la mente de algunos miembros de la Administración se están manejando como posibles consejeros del BCA, designados por las cajas rurales, nombres que recuerdan demasiado al pasado más próximo.

Las alternativas que se plantean para todos estos temas desde los sectores de la Administración, que no ven demasiado clara la instrumentación del convenio, se refieren a establecer distintas variantes de adhesión voluntaria al BCA, según las dificultades por las que atraviesen. En primer lugar se considera que aquellas cajas rurales que requieran fondos públicos para recomponer su situación patrimonial deben quedar supeditadas a las normas que establezca el Estado, comprometido en su saneamiento. Al tiempo, se considera que aquellas cajas con problemas, y que sean reestructuradas con ayuda del BCA, no deberían poder denunciar el convenio dentro de los tres años que inicialmente durará. Por último, se considera imprescindible dotar al Fondo de Garantía de Depósitos, en cooperativas de crédito, de una mayor capacidad de actuación.