La oposición discute los cálculos de Maravall sobre el incremento de presupuesto para su ministerio

El pleno del Congreso dedicó la mañana de ayer -casi cuatro horas de debate- al estudio de la sección 18 de los Presupuestos Generales del Estado, que asigna al Ministerio de Educación y Ciencia más de 497.259 millones de pesetas, y en el que se introdujeron escasas modificaciones en relación con las 72 enmiendas presentadas. El titular del departamento, José María Maravall, combatió los argumentos de la Minoría Catalana y el Grupo Popular sobre la insuficiencia de esta dotación y aseguró que, contabilizando las transferencias a las comunidades autónomas y las asignaciones del Fondo de Compensación Interterritorial, el aumento presupuestario para educación representa casi el 24%.

Según las cuentas de Maravall, respecto a los 502.000 millones de pesetas inicialmente presupuestados para 1982, el total del gasto público para educación previsto para 1983 supera los 622.000 millones de pesetas, esto es, se incrementa en un 23,96%. El centrista y ex subsecretario de presupuestos, José Miguel Bravo de Laguna, recordó que el presupuesto de 1982 llegó en la realidad a 530.000 millones, cifra que, incrementada con el nivel de inflación producida, se eleva a unos 595.000 millones, por lo que la diferencia con los 622.000 millones presupuestados para 1983 es muy escasa.La enmienda de la Minoría Catalana a la totalidad de la gestión, fue defendida por Josep López de Lerma, quien insistió en que el pellizco de incremento -que evaluó en un 15,14%- demuestra que los presupuestos socialistas son de continuidad y no de cambio, a pesar de las promesas de Felipe González, en el sentido de que la educación y la cultura serían "piezas claves en la tarea del Gobierno". Por el Grupo Popular, Francisco Soler Valero pidió la devolución al Gobierno del presupuesto de Educación y Ciencia porque tanto en lo que se refiere a los gastos corrientes como a las inversiones es, dijo, "insuficiente y socialmente regresivo, manifiestamente falso y técnicamente inaceptable"

El socialista Victorino Mayoral denunció la contradicción del Grupo Popular que, por una parte solicita reducir en un 4,9% todas las partidas presupuestarias, y por otra, enmienda a la totalidad la sección de Educación y Ciencia Aseguró que la verdadera cara de los conservadores se caracteriza por la complacencia en la reducción de los gastos sociales, mientras que para los socialistas el objetivo es el contrarío. Aseguró que este presupuesto "va a permitir levantar la situación en que dejó la derecha a la educación", aunque reconoció que todavía es una aspiración alcanzar el 3% del Producto Interior Bruto para gastos educativos cuando países como Italia ya han llegado al 5%.

Enmiendas aceptadas

Del extenso número de enmiendas defendidas, sólo tres merecieron la aceptación del PSOE, una de ellas sólo en parte. Se trata de la defendida por el comunista Fernando Pérez Royo, quien, entre otras cantidades a detraer de las partidas para financiación de los centros no estatales de EGB, solicitó que se asignaran 231 millones a perfeccionamiento y capacitación del profesorado. Mediante una enmienda transaccional socialista, este importe se rebajó a treinta millones. "Menos da una piedra", comentó Pérez Royo.

Al mismo destino se dedicarán 5.040.000 pesetas, a petición de Soler Valero, quien obtuvo del PSOE la supresión de una partida por el citado importe que iba dedicada a asesoramiento de la Secretaría de Estado de Universidades. El diputado popular se felicitó por la aceptación de la enmienda que acababa con una asignación "que tiene nombre y apellidos". EL PAIS pidió a Soler Valero que clarificara tan enigmática alusión y el diputado aseguró que se trataba del periodista Ricardo Cid Cañaveral. Ni el ministro de Educación ni los portavoces del Grupo Socialista, también preguntados por este periódico, confirmaron esta afirmación.

La otra enmienda aceptada es de la Minoría Catalana y salva el error sufrido por el Gobierno al presupuestar sólo diez plazas de funcionarios del extinguido INEI, cuando los transferidos a la Generalitat de Cataluña fueron 11. El importe de esta enmienda es de 604.422 pesetas, por lo que el total de las tres aceptadas alcanza los 35.624.422 pesetas.