El Pleno del Congreso eleva el tope del crédito oficial para la pequeña y mediana empresa de 10.000 a 15.000 millones

El pleno del Congreso continuó ayer el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado para 1983. Entre las escasas modificaciones admitidas por el PSOE destacó la aceptación de una enmienda de la Minoría Catalana por la que se sube de 10.000 millones de pesetas a 15.000 millones de pesetas el tope máximo del crédito oficial en favor de la pequeña y mediana empresa, atendiendo también una petición del diputado del CDS, Agustín Rodríguez Sahagún. Por otra parte, la intervención de José Ramón Lasuén, del Grupo Popular, y sus consideraciones sobre la conveniencia de financiar el gasto público mediante impuestos, permitieron al ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, según el contraste de esta posición con la mantenida el día anterior por Pedro Schwartz, duramente crítica hacia el déficit presupuestario. La sesión se prolongó hasta la 01.15 de la madrugada.

La constatación de estas diferencias dentro del Grupo Popular fue también una respuesta de Boyer a las recientes denuncias del grupo de Fraga sobre los enfrentamientos en el seno del Gobierno a propósito de la promesa electoral de crear 800.000 puestos de trabajo. En todo caso, Boyer no descubrió nada al destacar las posiciones contrapuestas de dos economistas como el liberal Schwartz y el ex socialdemócrata Lasuén. Este último rebatió sin gran entusiasmo las observaciones de Boyer, diciendo que no existen diferencias dentro del Grupo Popular, sino que uno, Schwartz, destaca los aspectos monetaristas de la política económica, y otro, él mismo, enfatiza los aspectos reales de la misma.En la defensa de un bloque de enmiendas a lo que Lasuén calificó como la parte menos mala de los presupuestos -la que establece las operaciones de deuda pública-, el diputado del Grupo Popular, que minutos antes había discutido ostensiblemente con Manuel Fraga y Miguel Herrero, aseguró que deseaba que el Gobierno lo hiciera lo mejor posible, así como ejercer una leal oposición al mismo. Estimó como primordial fijar el nivel del gasto público y establecer la forma de financiarlo. Para ello, dijo que el debate presupuestario es de una gran utilidad ya que sirve para evaluar las necesidades de la comunidad y dar a conocer a los ciudadanos que el aumento del gasto repercutirá, de un modo u otro, sobre su economía.

Lasuén se mostró conforme con que en el próximo presupuesto, el de 1984, quede claró cuánto se quiere gastar el ciudadano que tiene que pagar el incremento del gasto público. Aseguró que la financiación del déficit mediante los impuestos tiene el efecto psicológico de que el ciudadano se cree más pobre y ahorra más, mientras que cuando adquiere títulos de la deuda pública se considera más rico y gasta más. Desde esta perspectiva recomendó al Gobierno que la financiación del déficit que no se haga a través del impuesto se realice mediante deuda a corto plazo, y desaconsejó la deuda exterior.

El ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, agradeció el espíritu constructivo e ironizó sobre la diferencia de posiciones entre la actitud monetarista de Schwartz y la netamente keynesiana de Lasuén al mostrarse más comprensivo hacia el déficit público. Añadió que no tiene los mismos efectos económicos una fórmula u otra de financiación del déficit, ya que el mayor riesgo para aumentar la inflación es el procedimiento de la emisión de dinero. Reconoció que mediante los impuestos hay menos inflación, pero defendió la deuda a largo plazo, como procedimiento para impulsar la demanda externa.

"Con la lengua fuera"

Miguel Boyer criticó la propuesta de Lasuén favorable a la financiación a corto plazo, por estimar que conduciría a una sociedad "con la lengua fuera", y consideró necesario combinar este tipo de financiación con la de a largo plazo. Lasuén replicó justificando su posición favorable a la deuda a corto plazo, porque sitúa al Gobierno en la necesidad de cancelarla con rapidez. "Es bueno que el Gobierno esté con la lengua fuera". Por lo demás, tras rechazar que existan diferencias dentro del Grupo Popular, Lasuén consideró que si el Gobierno no está dispuesto a utilizar el procedimiento más ortodoxo para financiar el gasto, que es el de aumentar los impuestos, no tendrá más remedio para los próximos presupuestos que reducir el gasto público.

Entre las enmiendas defendidas por el diputado del Grupo Mixto, Rodríguez Sahagún, por lo general solicitando la elevación de los topes máximos para las operaciones financieras previstas en los presupuestos, la mayor fortuna fue para la que pretendía elevar el importe máximo de 10.000 millones de pesetas para las operaciones de crédito avaladas por las sociedades de garantía recíproca en favor de las pequeñas y medianas empresas. Rodríguez Sahagún pidió que el importe máximo se elevara a 30.000 millones.

El diputado del CDS hizo un elogio de este tipo de empresas y anunció su iniciativa parlamentaria para que el Gobierno dé cuenta de su voluntad política de dotar a las pequeñas y medianas empresas de instrumentos crediticios adecuados. Rodríguez Sahagún solicitó que, en caso de no aceptarse su enmienda, al menos se elevara el importe máximo hasta los 15.000 millones de pesetas presupuestados para 1982.

El ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, al responderle, anticipó la buena disposición del Gobierno para aceptar esa elevación hasta los 15.0000 millones. La aceptación de esta propuesta la materializó poco después el diputado socialista Eugenio Triana, quien dió su conformidad a una enmienda de la Minoría Catalana que proponía la elevación de dicho importe máximo hasta la cantidad señalada.

El pleno rechazó las propuestas de los grupos popular y centrista de suprimir el artículo referido a la asunción por el Estado de las cargas financieras de las corporaciones locales. Por el Grupo Popular, Abel Matutes dijo que no debe premiarse la mala gestión municipal y recordó que en el ejercicio anterior se había asumido el 50% de las deudas municipales.

Sesión nocturna

En sesión nocturna desarrollada entre las 22.30 y la 01.15 de esta madrugada, el pleno del Congreso aprobó los artículos 25 a 37 del proyecto de presupuestos del Estado para este año, dando así por terminado el debate de todo el articulado, informa Gustavo Matías.

Sólo fueron introducidas anoche dos enmiendas en la parte fiscal de la ley: una del centrista Rodríguez Sahagún que favorece a los valores catastrales de las tierras de labor, y otra de los grupos Popular y Centrista recogida en una transacional del Socialista para que las actualizaciones de balances empresariales con el fin de corregir los efectos de la inflación sólo puedan ser inspeccionadas en el plazo de tres años.

El proyecto fijaba cinco, mientras los aliancistas propusieron dos años 3, el Grupo Centrista un año. Los artículos 32 a 37, aprobados con el refuerzo de los votos aliancistas, prevén modificaciones de los impuestos especiales del petróleo y sus derivados, que puede suponer algún aumento de recaudación y ellevaciones fuertes en las tasas y tributos parafiscales.