UGT defenderá la moderación salarial, como fórmula de solidaridad, en la negociación de convenios colectivos

UGT defenderá la moderación salarial, como fórmula de solidaridad. El mantenimiento del poder adquisitivo global, propugnado en la ponencia de política sindical aprobada esta madrugada por el Pleno del 33º Congreso Confederal de la organización, con el 98,2% de los votos, parte de la consideración del salario en una doble vertiente: nominal y social. En una política de concertación y solidaridad, viene a decir la ponencia, hay que actuar sobre ambos conceptos, y se apunta la necesidad de utilizar criterios de subidas salariales por tramos, frente a los de incrementos exclusivamente porcentuales. Las tesis defendidas en la ponencia suponen un respaldo decidido a la política económica del Gobierno.

Las palabras con que Nicolás Redondo, secretario general de UGT, abrió el pasado miércoles el 33º Congreso Confederal de sindicato, han tenido su refrendo en la ponencia de política sindical aprobada ya por el Pleno. La concertación como fórmula de solidaridad tiene su reflejo en el texto, con el reconocimiento por parte de la organización de un necesario sacrificio salarial que, por un lado, permita mayores prestaciones sociales -salario social- y, por otro, actúe como corrector de la inflación.En política de rentas, cuyo inspirador ha sido César Braña, secretario general de Alimentación, UGT parte de la necesidad de reducir la inflación para equilibrar la economía. Y admite que actuar exclusivamente sobre los salarios nominales no contribuye a una rápida reducción del diferencial de inflación, La ponencia, sin embargo, advierte que los salarios no son el único factor de influencia, por lo que las medidas que se adopten en este sentido, deben ir acompañadas de otras que actúen controlando las rentas de capital, los tipos de interés, los precios y los costes salariales.

Componentes del poder adquisitivo

Para UGT, el poder adquisitivo tiene dos componentes: el salario nominal y el salario social. Y una política encaminada a mantener éste concepto de "poder adquisitivo global", requiere la existencia de una política presupuestra redistributiva, que permita "una verdadera política de solidaridad: mayores prestaciones del subsidio de desempleo, mejor asistencia sanitaria y educacional, mejora en las pensiones, vivienda, etcétera".

Esta dimensión del poder adquisitivo global exige, en consecuencia, referenciar la negociación con las organizaciones empresariales con la política económica y presupuestaria del Gobierno. Se trata, en definitiva, de que el posible sacrificio salarial sea compensado mediante una mejor utilización de los fondos públicos, que repercutan tanto sobre el trabajador en activo, como sobre la población parada. Y supone, además, que la política de concertación implica que el Gobierno recoja a nivel presupuestario las contrapartidas a la moderación de los salarios.

Esta idea de solidaridad, por encima de las puramente económicas, queda expresada cuando la ponencia subraya que el tratamiento de las rentas salariales nominales en términos porcentuales, sostenida en los últimos años, no responde ni siquiera a una práctica equitativa del mantenimiento del poder adquisitivo. Por ello, se inclina por el estudio de criterios para la aplicación de los incrementos salariales, por tramos que eviten las concentraciones de rentas y permitan una práctica real de solidaridad que impida la ampliación de las escalas salariales.

La nueva filosofía apuntada por UGT sobre lo que debe entenderse por mantenimiento del poder adquisitivo fue objeto de un animado debate en el Pleno que se prolongó hasta las 0.35 horas de hoy, domingo. Y no sólo por lo apuntado en materia salarial, que gran parte de los congresistas lo consideraron una política realista y, responsable en situación de crisis, sino porque toda la ponencia está teñida de conceptos que pueden provocar un rechazo visceral de numerosos militantes.

Alava había presentado una enmienda a la política de rentas, defendida por César Braña en el Pleno. La votación rechazó, con el 74,69% de los votos, dicha enmienda.

La referencia a la movilidad geográfica y funcional recogida en el texto no fue aceptada por la mayoría de las delegaciones. Nuevamente, Alava y la federación de Banca, se opusieron a que UGT incluyera mención alguna en este sentido.

Relaciones con el Gobierno

Las relaciones del sindicato con el Gobierno serán, según la ponencia, de apoyo crítico, y se inclina por una autonomía sindical y el ejercicio de un sindicalismo responsable, "que UGT practicó ayer con un Gobierno de derechas y hoy con uno de izquierdas. Los órganos de dirección han de estar atentos a adoptar la decisiones necesarias en cada caso piara salvaguardar como objetivo prioritario, el sindicalismo ugetista, ya que ese será, en último término, el bastión más seguro y el último reducto del movimiento socialista".

En definitiva, la ponencia de política sindical plantea una nueva estrategia de la organización dentro de un marco de crisis económica, que antepone temas como empleo e inflación a los estrictamente salariales. Y eso, será muy dificil de vender a los trabajadores, acostumbrados a una dinámica negociadora que pocas veces ha considerado al parado como parte interesada en las negociaciones.

El resto de las ponencias no han encontrado hasta ahora demasiados problemas para su aprobación en Pleno. Los debates más fuertes se registraron en la de política sindical, que ayer incluso era objeto de negociación, y en la de organización y estatutos. En política sindical, además del debate que produjo la nueva fórmula del mantenimiento del poder adquisitivo, contó con otros puntos conflictivos.

Junto a las críticas globales de la delegación alavesa, Justo Fernández, secretario general de Banca, presentó ante el Pleno una enmienda, solicitando que la UGT defienda la no reprivatización del grupo bancario de Rumasa. A su juicio, es el propio sector público quien debe beneficiarse de los fondos de todos los interesados en su saneamiento. Sin embargo, otros sectores entienden que no se debe hipotecar al Gobierno tomando una posición tan clara sobre el caso Rumasa. Finalmente, el tema fue retirado como enmienda y aceptado como moción de urgencia.

El debate sobre organización y estatutos se centraba a la 1.15 horas de esta madrugada sobre aquellos puntos que ya han provocado el rechazo de las delegaciones en comisión. La ampliación en un año del mandato de la ejecutiva no va a ser defendido en el Pleno. Y ello a cambio de conseguir que no se registre una oposición fuerte a la propuesta de que los comités confederales se celebren cada seis meses y no cada cuatro, como viene siendo habitual.

Organización de cuadros

Otro tema es el de los cuadros. Su organización diferenciada dentro del sindicato no ha obtenido el respaldo suficiente que permita su aprobación. Los defensores de esta propuesta han perdido las esperanzas de conseguir que en este Congreso los técnicos y cuadros puedan organizarse autónomamente en el seno de sindicato. Para algunos de los defensores de la idea, UGT perderá otra vez la oportunidad de que los profesionales se integren en un sindicato de clase y no sean absorbidos por organizaciones de carácter corporativista.

Los detractores de esta idea defienden que la integración diferenciada de los cuadros y mandos intermedios supone de hecho admitir un sindicato dentro del sindicato, y que en cualquier caso resoluciones de anteriores congresos ya habían dado la oportunidad a estos colectivos para que se organizaran en sus diferentes federaciones.

En cuanto a la formación de la nueva ejecutiva, cuyo plazo de presentación de candidaturas se abrió en la madrugada de hoy, no se esperan sorpresas. Nicolás Redondo seguirá como secretario general. Y José Luis Corcuera al frente de la secretaría de Acción Sindical. José María Zufiaur ocupará la de Acción Institucional, creada en este congreso y Antón Saracíbar seguirá al frente de la de Organización.