¿Qué pasa en el Hospital universitario de Madrid?

El Hospital Clínico había conseguido colocarse por delante de los demás hospitales de España en cuanto a grado de democracia interna, autonomía y participación. Y lo había conseguido tras muchos años de lucha difícil y desigual. Esto coincidía con su posicionamiento correcto en relación a los dos ministerios responsables, Educación y Sanidad. Hacían de este hospital un lugar de encuentro de los intereses ministeriales, lo que le ponía muy cerca de alcanzar la dotación que realmente le corresponde. Y servía de punto de arranque de una nueva actitud que deshospitalizaba la medicina y su docencia, permitiendo la creación del Área de Salud, en la cual se integrarían armónicamente todas las instituciones sanitarias de rango universitario que se quisiesen definir por ambos ministerios. Dicho de otra manera, la medicina preventiva, primaria, secundaria y terciaria quedarían integradas para la docencia y para la asistencia de un solo sistema universitario, definido como Área de Salud. Se empezaría a producir el tipo de médicos que la sociedad reclama, y no exclusivamente los hospitalarios. Finalmente, se habían roto antiguas barreras y se legislaba para todos los profesionales de la salud, y no sólo para los médicos. Todos esos logros quedaban reflejados en un decreto de Presidencia del Gobierno, aparecido en el BOE el 15 de febrero de 1982. Publicaba el acuerdo-marco suscrito por los ministerios, que debía regular las líneas generales de los acuerdos particulares que cada universidad suscribiese con el Instituto Nacional de la Salud. Y todos estos logros quedaban pormenorizados en el acuerdo particular, suscrito por el director general del Insalud y el rector de la universidad Complutense de Madrid el 7 de octubre de 1982, que regulaba la vida del Hospital Clínico de San Carlos. Acuerdo que, como todo lo que es perceptible, incorporaba los mecanismos necesarios de su propia corrección y mejora como hechos fáciles y normales.Esto era un logro histórico, conseguido por todo el hospital y la facultad, después de años de lucha y de búsquedas, llegando a una legislación consensuada y que había recibido el espaldarazo oficial de la junta de gobierno del hospital y de la junta de la facultad.

El hospital tenía como ápice de su democracia interna una junta de gobierno realmente democrática y representativa, incluso de los usuarios, a través del ayuntamiento y de la diputación. El hospital tenía como expresión de su autonomía la elección por esa junta de las personas que debían ocupar los dos puestos de máxima categoría ejecutiva, el gerente y el director médico. Y como broche de su participación en la legislación que le concernía, tenía el hospital la presencia paritaria en la comisión mixta local, junto con los representantes del Insalud, comisión encargada de generar todos los borradores de legislación, normas, propuestas, etcétera.

Negros nubarrones

Súbitamente, y a partir del 280, aparecen negros nubarrones que exigen se dé bien fuerte la voz de alarma.

En primer lugar, se anuncia por el Ejecutivo que no se va a poner en marcha lo legislado, porque se piensa legislar mejor. Muy mal. Así no hay sistema que resista, ni siquiera la democracia. Pero menos aún si, para esa nueva legislación teórica, todavía no se ha invitado a participar al hospital, al mismo rango positivo que tenía, a través de su junta de gobierno, única invitación aceptable. Mientras, pasa el tiempo, y ese movimiento participativo, de años, empieza a descomponerse como todo aquello vivo que ya no crece. Está en peligro el movimiento universitario más genuino y participativo de los últimos años en España. Y lo está por el engaño brutal que supone el que un Ejecutivo pueda decidir si cumple o no lo legislado antes de cambiarlo. Esa prepotencia desarbola a un movimiento cuya raíz ha sido la negociación a todos los niveles, al escamotearle súbitamente el diálogo al más alto nivel.

En segundo lugar, se ha producido el despido de uno de los máximos cargos, elegido democráticamente por la junta de gobierno para un mandato de cuatro años, con el argumento de que no era interlocutor válido, al no ser suficientemente afín a la ideología del Ministerio de Sanidad. Está en peligro la profesionalidad de los cargos técnicos ante la exigencia previa de un determinado carné. Pero es que además está en peligro la esencia de la autonomía hospitalaria ya lograda, al pisotear por encima de los acuerdos-eje de la junta de gobierno con argumentos sectarios. Lo cual enseña una intencionalidad aún peor: transformar aquel movimiento universitario, que lo era de todas las fuerzas progresistas, en una cuestión de partido.

En tercer lugar, se ha producido un decreto rectoral que modifica la manera de elegir el gerente y el director médico. Este decreto despoja a la junta de gobierno de la potestad de nombrarlos y vuelve a la división de 1968, repartiendo uno por ministerio. Lo cual dinamita el concepto del hospital como lugar de encuentro de ambos ministerios. Está en peligro que el hospital alcance el nivel que le corresponde y la intencionalidad positiva de los ministerios hacia él, volviendo a transformarse, en las decisiones ejecutivas, en un campo de batalla de dos intereses contrapuestos, que podríamos llamar los del casero y los del inquilino. Por un lado, volvemos a 1968, y por otro, por el sectarismo, al siglo XIX.

Aún es tiempo de arreglar casi todo esto, si se exceptúan los daños personales infligidos, que no son de menor cuantía, y el castigo asestado al espíritu de la reforma de la facultad y del hospital. Por eso mismo de que aún se está a tiempo hay que alertar que en el Hospital Clínico de San Carlos nos estamos jugando la democracia interna, la autonomía hospitalaria y la participación en el legislativo específico, cuando con esfuerzo y dolorosamente lo habíamos alcanzado. Nos estamos jugando el perder el carácter de ensayo piloto más avanzado de reforma de estructuras hospitalarias, concretado en estas tres facetas fundamentales de democracia interna, autonomía y, participación legislativa, y que podría servir para el resto de la sanidad española. Por el contrario, se tiende a retrotraerlo a situaciones antiguas y por nadie deseadas. Y será un Gobierno que, por definición, debería ser progresista en estos temas el que cargará con la culpa histórica de esta responsabilidad. Aún estamos a tiempo de evitarlo.