Fianza de 500 pesetas a abogados valencianos para la acción popular por la muerte de un preso

El titular del Juzgado de Intrucción número 8 de Valencia, Francisco Martínez Muñoz, ha fijado fianzas de 500 pesetas a cada uno de los 52 abogados que han solicitado sumarse a la acción popular ejercitada inicialmente por otros dos letrados para investigar las circunstancias de la muerte del recluso Juan Antonio García Acién, de 17 años, ocurrida por ahorcamiento el pasado 31 de octubre de 1982 en una celda de aislamiento de la Cárcel Modelo de Valencia.

Es de señalar que las fianzas, por su cuantía, tienen carácter simbólico y son iguales a las fijadas a los dos abogados que iniciaron la acción popular. La legislación actual española no marca la cuantía de las fianzas para estos casos, que queda totalmente al arbitrio del magistrado que instruye las diligencias.Por otra parte, los familiares del fallecido han designado como titular de la acusación particular, que ejercerán con independencia de la acción popular, al abogado Alberto García Esteve, concejal saliente del Ayuntamiento de Valencia por el PCE.

Hasta el momento han sido procesados por el juez, como presuntos autores de un delito de auxilio al suicidio, el director de la Modelo cuando se produjeron los hechos, Armando Flors Mateu, y los funcionarios de prisiones José Ignacio Hermógenes Martínez del Buey y Juan Fernando Díaz Rodríguez, entonces jefes de servicios de la cárcel y que se encontraban desempeñando esta función el día que ingresó García Acién y el que apareció ahorcado respectivamente.

Representantes de los abogados que constituyen la acusación popular acudieron ayer al juzgado para depositar la fianza, pero se les informó que debían entregarla en la Dirección Provincial de Hacienda, lo que harán hoy.

Por otra parte, Armando Flors ha prestado declaración ante el juez por tercera vez a petición de la defensa y ha manifestado que había ordenado que las celdas de aislamiento llamadas 'negras' o 'ciegas', en una de las cuales murió el recluso, no se utilizasen.

A raíz de la instrucción del sumario, el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ordenó clausurar las celdas de este tipo que hay en la prisión porque contravienen la vigente reglamentación . Con anterioridad, el juez de vigilancia penitenciaria había ordenado que se cerrasen, orden que, al parecer, no se cumplió. Flors reiteró anteriores declaraciones en el sentido de que no tuvo conocimiento del ingreso de García Acién, quien parece que fue irregularmente trasladado desde el Instituto Penitenciario de Liria, de régimen abierto, donde cumplía condena de dos años por robo.