El Estado recibe este año 67.024 millones del País Vasco y cede a Cataluña 60.000 millones

El cupo o aportación del País Vasco al Estado, destinado a contribuir en los gastos generales no asumidos por su autonomía, se elevará este año de 57.950 millones a 67.024 millones de pesetas, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. También aumentará de 3.800 millones a 4.500 millones la aportación de Navarra. En cambio, los tributos estatales cedidos a Cataluña, con el fin de financiar parte de las competencias recibidas, pasarán desde 50.649 millones a 60.000 millones de pesetas.

Esta creciente descentralización, reflejo del avance del proceso autonómico, ha introducido grandes dosis de complejidad en la elaboración de las cuentas generales y amenaza con alejar todavía más las previsiones de la realidad, cuando se extienda a todas las autonomías y el Estado haya cedido por encima de la tercera parte de los ingresos y gastos. Para los presupuestos de 1984 se espera incluir ya las cesiones de ingresos y gastos a todas las autonomías.El 108,5% de aumento que registran los presupuestos de 1983 en la sección de transferencias a otras administraciones públicas (de 175.147 millones a 365.120 millones de pesetas) sólo es superado entre las grandes partidas por la carga de la deuda pública, con un 153% de crecimiento. Aquel concepto, que llega a absorber el 8,1 % de todos los gastos del Estado -3,2 puntos más que en 1982-, incluye 145.047 millones para transferir a las comunidades; el resto irá a los ayuntamientos.

Tales transferencias, excepto las de gastos de primer establecimiento, que por lo general suponen una mínima parte, han dado lugar a previas bajas en los diversos capítulos de gasto. Ello se ha notado sobre todo en los créditos de todo el Estado para personal, que como consecuencia de dichas bajas aumentan en conjunto un 9,8%, cuando en realidad lo harán en un 14,5%.

Las transferencias de gastos a las autonomías, según fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda, han sido calculadas mediante la suma del coste efectivo de los servicios que aparezca en cada decreto de tansferencia. Sin embargo, y al margen de la peculiaridad de los sistemas de concierto (País Vasco y Navarra), sólo Cataluña ha recibido de momento cesión de tributos para afrontar tales gastos. El resto de las comunidades se repartirá los 150.000 millones citados, con el fin de financiar el funcionamiento de sus órganos de gobierno y legislativos, o su primer establecimiento.

A falta de un desglose sobre la cobertura de gastos que tiene previsto realizar, directamente cada comunidad con dinero recibido del Estado, en el primer cuadro adjunto puede observarse el reparto por servicios de los 145.047 millones de pesetas. Casi dos terceras partes son para pagar personal.

Junto a estos recursos transferidos para gastos, las comunidades autónomas dispondrán de otros 204.000 millones procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial, integrado por el 40% de la inversión pública nueva, excluida la destinada a Defensa.

Desde el lado de los ingresos, por primera vez, en 1983 han sido segregados de las previsiones de recaudación del Estado los tributos cedidos a la Generalitat, que empezó el año pasado a recibir el rendimiento de dichos impuestos: 50.649 millones de pesetas. Para el presente año, la estimación recaudatoria, que aparece reflejada en el segundo cuadro adjunto, ha sido proporcionada por la propia Generalitat. Lo mismo podrá hacer el resto de las autonomías, exceptuadas las de concierto, cuando avance el proceso de transferencias y entre en vigor la ley de cesión de tributos a las comunidades autónomas, cuyo proyecto está aparcado en el Parlamento desde hace un año.

Los ingresos cedidos a Cataluña y en el futuro a las siguientes autonomías son los que recauden en su territorio por el impuesto extraordinario sobre el patrimonio, impuesto general sobre sucesiones, impuesto sobre transmisiones patrimoniales, tasa estatal sobre los juegos de suerte, envite y azar y determinados conceptos del impuesto sobre el lujo.

La peculiaridad de los sistemas de concierto estriba en que, a cambio de recibir la recaudación de su territorio (teóricamente para afrontar las competencias recibidas), el País Vasco y Navarra pagan un cupo anual para contribuir a financiar las cargas no asumidas, como Defensa o Asuntos Exteriores.

En síntesis, la estimación se basa en partir de las cargas del Estado (4,57 billones de pesetas para 1983), deducir las cargas efectivamente asumidas por el País Vasco (1,29 billones de pesetas, sin contar las previsiblemente asumibles durante el ejercicio ni el Fondo de Compensación Interterritorial), y dividir la cantidad resultante -3,27 billones- por el 6,24% de participación de las tres provincias en la renta española. A los 209.135 millones de pesetas que arroja esta operación se le resta, una vez efectuados ajustes por 5.000 millones de pesetas a consecuencia del comercio exterior, el 6,24% de participación vasca en los tributos no concertados (51.334 millones), ingresos no tributarios (16.470 millones), y financiación del déficit público (71089 millones de pesetas).