Profesores de segunda y de primera

Me gustaría comentar varios artículos y aspectos del proyecto de LRU, pero, por una parte me extendería demasiado, y por otra, quizá no sea procedente comentar intenciones que todavía son muy poco precisas.Pero un aspecto que está ya bastante claro es el que se refiere al profesorado. Así, en el artículo 34.1 se dice: "El profesorado de las universidades estará constituido por funcionarios docentes de los siguientes cuerpos...". Es decir, todos los profesores serán funcionarios y sólo en algunos casos excepcionales, y temporalmente, se contempla la existencia de algunos profesores contratados.

Ahora escuchemos los comentarios de la secretaria de Estado de Universidades e Investigación, Carmina Virgili (EL PAIS del 13 de mayo de 1983) "La nueva ley intenta eliminar las diferencias entre el profesorado. Se habían considerado detenidamente todas las posibilidades y se había llegado a la convicción de que la fórmula que se ha adoptado es la que mejor garantiza la igualdad de derechos y deberes de todo él profesorado. De otro modo, se perfilaba ya la posibilidad de que los contratados acabaran siendo un cuerpo de profesores de segunda categoría".

Permítame la secretaria de Estado que me asombre por tanto eufemismo. Una cosa está clara: no es que "se perfilaba ya la posibilidad de que los contratados acabaran siendo un cuerpo de profesores de segunda categoría", sino que ya lo somos, siempre lo fuimos y lo continuaremos siendo. Pero ¿por qué?.

Como el mismo secretario general técnico, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoce (EL PAIS del 13 de mayo de 1983), "no existe una relación obligatoria entre la calidad del profesorado y cualquiera de las dos vías en cuestión" (funcionarial y contractual). Entonces, ¿por qué se les considera a los contratados de segunda categoría? Pues sencilla y únicamente por la incapacitación burocrática que se les da: no pueden ser rectores, ni decanos, ni directores de departamento, etcétera. En otras palabras, no pueden acceder a ningún cargo verdaderamente importante de decisión y responsabilidad, aunque su calidad sea igual o mayor que la de los funcionarios. Son de segunda categoría por ley, porque así lo determina la ley vigente.

Todos, funcionarios

Pero imaginemos que se admitieran las dos vías, funcionarial y por contrato, con iguales posibilidades legales de acceso a los órganos de decisión y responsabilidad, y que ese acceso sólo dependiera de una votación democrática entre los que reunieran mayores méritos y capacidad. ¿Qué pasaría entonces? Pues que, evidentemente, cierta cantidad de funcionarios ineptos, o que no cumplen ni sus mínimas obligaciones docentes, investigadoras o de formación de nuevos investigadores, pasarían a ser automáticamente unos marginados sin ningún poder, pero no por la ley, sino porque nadie contaría con ellos. Está claro, entonces, que no se puede admitir la vía del contrato con todos los derechos, porque haría temblar los mismos cimientos de la Universidad y quizá así empezase un verdadero cambio. Todo lo contrario, hay que cambiar lo suficiente para que no cambie nada: todos, funcionarios. Además, hay otros ataques con- tra los penenes por diversos frentes. Así, por ejemplo, el editorial de EL PAIS del 13-5-1983: 'Muchos profesores no numerarios -en vez de aceptar que el título de doctor, los años de docencia y los trabajos publicados constitu yen criterios objetivos válidos para acceder a la estabilidad en el empleeo- se lanzaron a organizar una demagógica reivindicación global orientada a exigir la incor poración vitalicia a los puestos universitarios de todos los miem bros de ese estamento, sin contraste de méritos y de competencia, cerrando así las puertas a las siguientes generaciones de licenciados y doctores".

El editorialista, o bien ignora o no entiende absolutamente nada de la cuestión, o bien actúa de mala fe. Desde luego, prefiero pensar que no lo ha entendido, porque ocurre muy frecuentemente, a pesar de que desde hace muchos años, y cuando en este país ni siquiera existía la palabra huelga, ya defendíamos y reivindicábamos el contrato laboral, no más vitalicio que el que tienen la mayoría de los trabajadores que no sean funcionarios. Porque, quizá no se sepa, .nosotros, actualmente, no tenemos más que un contrato administrativo, que puede ser rescindido en cualquier momento por la Administración, sin indemnización, sin seguro de desempleo, por ahora, a pesar de que cotizamos a la Seguridad Social, y hasta hace poco, válido solamente por un año, aunque renovado sucesivamente (ilegal). Cobramos algunos un sueldo base menor que el salario mínimo interprofesional (¡legal), y aunque cobramos complementos de dedicación, las pagas extraordinarias (dos, cuando en la mayoría de las empresas son tres) son del sueldo base y no de la totalidad del sueldo. No se nos reconocen trienios ni antigüedad ninguna.

Y dice que queremos una incorporación -vitalicia. Lo que queremos es un contrato laboral como el de la mayoría y rechazamos la vía funcionarial como posibilidad única por las razones expuestas más arriba. Además, no pedimos nada inviable, porque, al parecer, se va a establecer para toda la Administración, excepto para Educación y Ciencia (?), el que si no se quiere acceder al funcionariado se pueda seguir prestando servicios bajo la fórmula de un contrato.

Por otra parte, nunca se rechazó el que el título de doctor, los años de docencia y los trabajos publicados constituyan criterios objetivos válidos para acceder a la estabilidad en el empleo (no necesariamente funcionariado), aunque no estaría de más matizar en qué condiciones han de realizarse estas tareas. Unas veces ocurre que los penenes tenemos un gran número de clases que impartir y su preparación, en muchos casos recién acabada la carrera, absorbe al ciento por ciento del tiempo disponible. Otras (o a la vez), unos directores de tesis que no dirigen absolutamente nada. Naturalmente, esto ni se controla ni se valora lo más mínimo cuando a uno se le exige la tesis como condición sine qua non.

Por último, ya sé que se va a esgrimir (ya se ha hecho en otros casos) el argumento de que el 28-O se ratificó este proyecto por más de 10 millones de votos. No puedo comentar otros casos, pero estoy seguro de que en éste no más de un millón se preocupó de saber si había algo relativo a la Universidad en el programa de Gobierno y los que nos preocupamos, puedo asegurar que no encontramos más que buenas palabras que nos recordaron las oídas tantas veces y en épocas tan distintas. De todas formas, muchos dimos el voto de confianza al cambio, pero ya vemos cuál es el cambio: perpetuar y agravar la situación tradicional.

Para este viaje no necesitába-, mos tantas alforjas.