El Gobierno proyecta reducir la inflación para el próximo, año en torno al 8% y una drástica contención de los salarios

Un próximo Consejo de Ministros se ocupará monográficamente de las directrices básicas de los Presupuestos del Estado para 1984, así como de las anunciadas reformas económicas, que habrán de ser promovidas y tener reflejo casi todas en dicha ley anual. Junto a las normas formales de elaboración, el Gabinete conocerá una serie de propuestas generales de política económica, en cuyo diseño se ha reproducido durante las últimas semanas algo similar al debate sobre la estabilización. La más significativa consiste en fijar para 1984 el objetivo de reducir la inflación entre dos y cuatro puntos, desde el 12% esperado para finales de 1993. Si se acepta estas hipótesis, los aumentos salariales irían del 15% al 8%.

La discusión de las normas formales para los Presupuestos y las propuestas generales de política económica, seguida durante las últimas semanas en altos niveles de la Administración, se plasmó en el discurso de presentación al Congreso de los Presupuestos para 1983, a cargo del ministro de Economía y Hacienda. Observadores cualificados del debate han entendido las palabras de Miguel Boyer, en especial su esbozo de una serie de reformas y su llamamiento a la necesidad de moderar los salarios, como un incipiente espaldarazo de las principales propuestas concebidas en el Departamento. Y ayer por la mañana se esperaba en el mismo la convocatoria de un Consejo de Ministros monográfico, dando como muy probable la fecha del sábado que viene.Ambos grupos de iniciativas son convergentes, pero la de las propuestas macroeconómicas está sometida a mayores cautelas políticas y técnicas. Por imperativo de las fechas -todos los años en mayo suelen elaborarse unas directrices formales para que cada ministerio eleve su primera estimación-petición de gastos para el año siguiente-, la más urgente será esta primera.

Muy en síntesis, se propugna empezar a clasificar y decidir los gastos presupuestarios por funciones (defensa, educación, promoción de empresas o viviendas, medio ambiente, etcétera), que puedan luego ser evaluadas en grados de cumplimiento, desarrollando la actual clasificación funcional, en lugar de por ministerios o secciones. Los funcionarios que desarrollan la iniciativa consideran que existe voluntad política de hacerlo, elemento que ha faltado en muchos países. En España estuvo ausente de los tímidos pasos dados desde 1978 en la presupuestación por programas, debilitados por el inconveniente de que se efectuaba una vez decidido el nivel de gasto de cada Ministerio.

Pero en torno a estas directrices se han detectado sugerencias, no tan concretas como las anteriores, que han sido duramente criticadas dentro y fuera del Ministerio de Economía. Estas iniciativas se centran en aprovechar desde 1984 las profundas reformas anunciadas (Función Pública y sus retribucciones, empresas públicas, Seguridad Social, reconversión industrial, y desarrollo autonómico y financiación de los ayuntamientos) para reasignar el gasto en función del mencionado esquema. Como dichos destinos absorben casi la totalidad de los Presupuestos, algún alto cargo ha mantenido posiciones cercanas a la congelación de asignaciones en términos absolutos, sobre todo en las transferencias a empresas públicas, Seguridad Social (pensiones y empleo) y transferencias a los ayuntamientos (una sugerencia a este respecto es volver al 6% sobre los impuestos estatales no cedibles, tras el aumento del 7% al 8% en 1983).

Ánimos exacerbados

Sin embargo, el choque de alguna de estas medidas con el programa electoral del PSOE ha exacerbado los ánimos. Aunque oficialmente no han trascendido todavía fuera de Economía y Hacienda, sí han circulado rumores al respecto. Un ministro implicado declaró categóricamente el martes: "Esos papeles de Economía no cuajarán. Y, si llegan al Cons o, me opondré".

Por su parte, fuentes de Economía y Hacienda han intentado quitar hierro al asunto, señalando que se trata de ideas preliminares e hipótesis de trabajo, no de propuestas sólidas, salvo en las directrices formales para empezar a elaborar los Presupuestos. Pero agregaron que, con o sin planes o preplanes económicos (a este nivel las previsiones iniciales de inflación para 1984 son del 10% y las de crecimiento económico algo superiores al 3%), es imprescindible marcar desde el sector público una pauta drástica de inflación y salarios. Para 1983, si bien la subida garantizada a cada funcionario no excede el 9%, los gastos de personal se estima que se aproximarán en conjunto el 16% en el Estado y bastante más en las empresas públicas.

En este contexto, el llamamiento a la moderación salarial realizado el martes por el ministro Miguel Boyer -después de recordar que sólo los salarios de convenio han,crecido como media el 11,65%, algo más que en 1982, pese a que la inflación bajará del 14,4% al 12% - ha sido bien encajado por los partidarios de la drástica moderación.