Las cárceles están vacías, pero no hay paz

La amnistía de Belisario Betancur, la más amplia sin duda de cuantas se han concedido en Colombia durante las tres últimas décadas, ha vaciado las cárceles de presos políticos, pero no ha logrado la paz. Cinco meses después de su promulgación, la violencia ha regresado donde solía. El M-19 (nacionalista de izquierda) -una de cuyas acciones más destacadas fue el secuestro en marzo de 1980 de 14 embajadores cuando asistían a una recepción en la Embajada dominicana en Bogotá- acaba de anunciar la reanudación de la lucha armada, y las FARC (de ideología marxista) la han reanudado de hecho, con el asalto a dos poblaciones, a pesar de que hace un mes renunciaron a ciertas prácticas, como la del secuestro.Este fracaso de su política de mano tendida ha llevado al presidente Betancur a pedir al Congreso la elaboración urgente de una ley antiterrorista. Con ello podría gestarse el inicio de una nueva etapa de excepcionalidad jurídica, al estilo de otras que en el pasado no hicieron sino alimentar la lucha armada, lejos de controlarla.

Salida honorable

La ley de amnistía del 19 de noviembre constituye, a todas luces, el intento más serio por ofrecer una salida honorable a los combatientes que sostienen una guerra iniciada hace ya 35 años. Ningún colombiano que no haya cumplido los 40 tiene memoria de una vida política normal, sin fusiles de por medio, y todo parece indicar que nada va a cambiar en el futuro inmediato.El presidente colombiano enarboló la bandera de la paz en su misma toma de posesión. Su amnistía, promulgada tres meses después, no tiene más exclusión que los homicidios fuera de combate cometidos con sevicia e indefensión de la víctima, agravantes que no resultan fáciles de probar y que de hecho dan carácter universal a la ley. Aunque hay diversas interpretaciones sobre la inclusión o no del secuestro, lo cierto es que el texto legal no lo excluye, y una posterior instrucción presidencial parece confirmar esta interpretación, al señalar que la ley no ampara los secuestros cometidos después del 20 de noviembre. Esto es, sí los anteriores.

Otras medidas de gracia (ha habido no menos de cinco en los últimos 30 años) no amparaban este delito por considerarlo atroz, lo que produjo sucesivos fracasos, ya que los principales dirigentes, a los que siempre podía acusarse de ser autores intelectuales de uno o varios secuestros, quedaban fuera del amparo legal.

En esta ocasión no ha sido así. Betancur no se ha limitado, además, a instrumentar la amnistía, sino que ha puesto en marcha todo un esquema de promoción económica en las zonas deprimidas, ha elaborado varios decretos para facilitar la reincorporación civil de los guerrilleros en el campo o en la ciudad y ha anunciado una reforma política que por primera vez puede abrir caminos a nuevas formaciones constituidas al margen de la dictadura de los dos partidos tradícionales. Temas como la ocupación militar de las zonas de combate, que el Ejército y el propio Betancur consideran innegociables, se han convertido finalmente en la razón de la ruptura. El apoyo unánime de todos los partidos políticos, desde el comunista hasta el conservador, al programa de pacificación del presidente no ha bastado para que las principales fuerzas combatientes declaren la paz.

El presidente ha dicho con claridad que no habrá nuevas medidas de gracia, que se ha llegado al límite, aun a costa de muchas críticas, pero no pierde la fe en su capacidad de convicción. Sólo que proyectos como el de la ley antiterrorista suponen una vuelta al pasado que, sin duda, la guerrilla interpretará como un reto. Algunos de sus líderes, salidos de la cárcel por la amnistía, están ya empufiando nuevamente las armas o preparando las baterías ideológicas- para justificar su uso.