El Gobierno autónomo, acusado de invadir el campo empresarial de la iniciativa privada

La creación de la Sociedad de Promoción y Desarrollo Industrial de la Región de Murcia (Sopromur), que tendrá la configuración jurídica de una sociedad anónima y en la que la comunidad autónoma participará como mínimo con el 5% del capital social, ha recrudecido la polémica sobre la intervención que dicha comunidad debe tener en negocios considerados como más propios de la actividad privada.

El capital social de Sopromur será de 750 millones de pesetas, divididos en 750 acciones nominativas de un millón cada una. Lo que no suscriba la comunidad autónoma podrá ser cubierto por instituciones o entidades públicas o privadas.La polémica, que incluye ya peticiones de dimisión y anuncios de querellas, se ha personificado en el consejero regional de Industria y Comercio, José María Casanova, que llegó al cargo, como independiente, procedente de la empresa privada, detalle que es contemplado por algunos sectores empresariales como decisivo en la intervención de la comunidad autánoma en campos propios de la iniciativa privada.

Dos focos centran las críticas contra el citado consejero: las empresas Promural y Muraqua, auspiciadas ambas por el Gobierno regional, y dedicada la primera a la producción de pimentón en base a una nueva tecnología y la segunda al cultivo artificial de langostinos mediante un sistema procedente de Filipinas.

Respecto a Promural, la crítica más incisiva surgió con la publicación de un informe en el diario La verdad, según el cual dicha sociedad había perdido en su primer año de funcionamiento entre 70 millones y 90 millones de pesetas, lo que constituiría poco menos que el fracaso del nuevo sistema de producción empleado. En la polémica ha intervenido, entre otros, la asociación de fabricantes y exportadores de pimentón, que pidió la dimisión del consejero de Industria y Comercio.

Impugnación

Por lo que se refiere a Muraqua, el foco de la crítica está en que el socio Iberaqua (constituido por capital español y filipino), que disponía del 50% del capital social, ha impugnado en elJuzgado de primera instancia número 1, los acuerdos adoptados por la junta de accionistas, por los que fue expulsado de la misma por los otros dos socios, que son la comunidad autónoma y la empresa privada Chaconsa. Tal decisión se produjo en el transcurso de la junta a la que no le fue permitido el acceso al representante de Iberaqua, Hernández Salinas. Esta decisión de expulsión fue justificada por los otros dos socios basándose en que Iberaqua no había entregado su parte del capital social, extremo que rechaza dicha entidad por considerar que su aportación se haría en tecnología.Dentro de este cúmulo de críticas, el consejero regional de Industria y Comercio ha adelantado su propósito de dejar el Gobierno regional tras las próximas elecciones: "Independientemente del resultado, me iré", ha dicho. Mientras tanto, los comentarios continuarán, ya que, entre otros extremos, está pendiente la decisión judicial sobre la impugnación citada y el anuncio del propio consejero de querellarse contra los medios informativos que han divulgado las cuentas de Promural.