La controversia de los precios agrarios

La reciente aprobación por el Consejo de Ministros de los precios de los productos agrarios sometidos a regulación tras la fase previa de negociación en el marco del FORPPA, con participación de las organizaciones profesionales agrarias y representaciones de otros sectores económicos han situado nuevamente en primer plano de la actualidad el controvertido tema de los precios agrarios.

Es conveniente la puntualización de que el paquete de precios recientemente aprobados afecta sólo a 17 productos, que, si bien su ponderación no alcanza la mitad de la producción final agraria, sin embargo, por la fuerte implantación de algunos en determinadas provincias en régimen de cuasi monocultivo, sus precios suponen el elemento más determinante tanto de la renta agraria como de la renta total de esas zonas.Conviene asimismo recordar que las actuaciones del FORPPA (Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios), según dispone su ley fundacional, están llamadas a conseguir tanto la suficiente rentabilidad de los productores como la defensa del poder adquisitivo de los consumidores, compensando con subvenciones cuando fuese necesario para el equilibrio de ambos objetivos y operar, por tanto, según los casos, con precios de intervención o de garantía, pero asimismo fijando los precios de entrada que posibiliten las importaciones precisas para limitar también el techo de los precios internos.

No ha sido siempre fácil para el FORPPA compatibilizar objetivos tan contrapuestos como dar respuesta a los productores de modo que queden satisfechos los costes de producción y a su vez garantizar el poder adquisitivo de los consumidores, en debilidad permanente, sobre todo si para hacer posible este milagro se requiere primar con subvenciones o bien a productores o bien a consumidores, y para ello no siempre las disponibilidades presupuestarias han sido suficientes.

Y cabe afirmar que, para la fijación de los precios agrarios de 1983, el Gobierno ha manifestado mucha más sensibilidad a su preocupación por los problemas presupuestarios y su compromiso de inflación al 12% que por la "necesaria rentabilidad de los productores".

Coincidimos con las manifestaciones repetidas del actual ministro de Agricultura que los precios agrarios no son el único instrumento que resuelva la persistente pérdida de rentas del sector agrario.

Crisis del campo

Es efectivamente necesario complementar con otros instrumentos que corrijan los desequilibrios denunciados en la propia Constitución en su artículo 130, pero otros mecanismos operan sólo a medio plazo, y la crisis del campo, que ha visto en sus últimos años crecer sus precios en el 53,5%, incremento a todas luces insuficiente para compensar el mucho mayor incremento del 77,5% de los costes de producción, requiere inexcusablemente unos precios agrarios que permitan posibilitar al sector su necesaria aportación al empleo, al producto interior bruto, a la balanza comercial y demanda alimentaria.

Los consumidores, en cambio, para este mismo período, han tenido que soportar un incremento del índice de precios al consumo (IPC) del 73,7%, frenado este incremento por la mayor moderación de los productos alimenticios, que sólo evolucionaron en el 56,7%.

La crisis del campo es profunda, y su causa más inmediata es precisamente la política de precios de los últimos años, que no han compensado sus costes. Nos satisface avalar esta afirmación con las opiniones repetidamente vertidas por profesores y economistas de reconocido prestigio nacional. Para prueba nos remitimos a los trabajos publicados por Fuentes Quintana, Julio Alcaide, Pérez Blanco, Arturo López, etcétera, muchos de ellos en el diario EL PAÍS.

La negociación de precios de 1983 desarrollada en el seno del FORPPA ha adolecido de los mismos vicios que la de años anteriores, derivados del leonino reglamento de votaciones, del que la Administración sale siempre vencedora, así como de la irregular composición de la mesa negociadora, que permite una participación igualitaria de organizaciones agrarias, siendo éstas desiguales en su representatividad real entre los agricultores y ganaderos.

La medición de la representatividad a través del próximo proceso de elecciones a cámaras agrarias, ofrecida por el ministro, supone la mejor garantía para el campo en las futuras negociaciones. Pero las organizaciones agrarias no resuelven sólo con ello la totalidad del problema si no aciertan asimismo a conseguir transmitir a la opinión pública la comprensión de la situación real del sector.

Porque afirmaciones y juicios de valor como los vertidos con repetición por el editorial del diario EL PAÍS (21 de abril) evidencian, cuando menos, el desconocimiento de la realidad agraria.