Retener antes que recaudar

EL INCREMENTO del gasto público conduce, inevitablemente, a un aumento de la recaudación fiscal y, en consecuencia, el Gobierno español, como cualquier otro preocupado por el estado de sus finanzas, y con la voluntad política de evitar males mayores, ha optado por elevar el tipo de retención en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. La vía elegida es, sin duda, la más rápida y expeditiva. De momento, se retiene una mayor proporción de los ingresos en la fuente en que se originan, es decir, en la nómina mensual. Se deja, entretanto, para más adelante la liquidación definitiva. A esta ventaja en el procedimiento de recaudación, que supone de hecho un crédito para el Estado con tipo de interés cero, se le añade el aprovechamiento de un efecto socio-psicológico, según el cual el contribuyente español experimenta una menor carga de frustración fiscal si se le retienen impuestos que si se rasca el bolsillo -como recordó memorablemente el señor Fraga- al completar su liquidación de la renta.En cualquier caso, las autoridades económicas y fiscales españolas están presionadas por los efectos que la financiación del déficit público para el presente ejercicio ejerce sobre los tipos de interés. Esta presión justifica también1as variaciones en la tabla de retenciones. En los momentos actuales de estancamiento económico, los tipos

de interés en el mercado monetario se sitúan por encima de un 20% con repercusiones indudables en la financiación a largo plazo. Un nivel de tipos de interés de esta cuantía constituye un elemento disuasorio de la inversión, imprescindible para aumentar el protencial pro de la economía española y elevar el número de personas ocupadas. Además, a la vista de los resultados de las negociaciones colectivas y de la reciente evolución de los precios al consumo, parece existir un cierto margen de maniobra para aumentar la presión fiscal sobre las rentas de las personas físicas sin atentar gravemente contra el mantenimiento de su capacidad adquisitiva.El incremento de las retenciones, por ejemplo en el caso de las familias con dos hijos, que suelen ser las más corrientes en la España de hoy día, se produce a partir de unos ingresos anuales iguales o superiores a 1.300.000 pesetas. A partir de esta cantidad el porcentaje de retención aumenta un punto con relación a la tabla hasta ahora vigente. Desde unos ingresos de 2.600.000 pesetas, las nuevas retenciones crecen dos puntos con relación a las antiguas. La progresividad se hace más acentuada a partir de los ingresos superiores a 4.500.000 pesetas, hasta alcanzar el tope máximo de retención del 33% para ingresos superiores a los ocho millones de pesetas anuales. Más allá de este límite, la cuota de retención se detiene en el 33%, quizá por la simple lógica de que el número de contribuyentes con ese nivel de ingresos a través de nóminas es forzosamente muy reducido y quizá la autoridad fiscal ha preferido completar la liquidación al formalizarse la declaración del impuesto sobre la renta.

El tramo de personas elegidas sobre las que aumenta la presión fiscal corresponde, fundamentalmente, a lo que se denomina clase media y clase media alta. Normalmente este tipo de medidas son impopulares y, además, siempre cuentan con la coartada de exigir que la imposición recaiga preferentemente sobre los más ricos, es decir, no sobre los menos ricos, sin pararse a pensar que el grueso de los ingresos fiscales se produce en el tramo de población al que el Estado ha dirigido sus baterías fiscales.

Naturalmente, este sacrificio redistributivo no exime a la autoridad fiscal para buscar fuentes tributarias en una serie de actividades, fundamentalmente profesiones liberales, en las que existen sospechas de importantes lagunas recaudatorias. El actual partido en el Gobierno se cansó de repetir, desde la oposición, que era prioritaria la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, e incluso situó las posibilidades reales de esta lucha entre medio billón y un billón de pesetas, en línea con las conclusiones que aportó en su día una comisión creada al efecto por el anterior Gobierno de UCD. No se trata tanto de penalizar la libre iniciativa sino de que los sacrificios redistributivos se compartan equitativamente por el mayor número posible de ciudadanos.

Queda, finalmente, el porqué del aumento de la presión fiscal y el temor de que este tipo de aumento s continúe para sufragar unos gastos públicos cuya principal legitimidad sería el suministro de bienes públicos (obras de infraestructura, educación, sanidad), que el sistema de mercado de algún modo penaliza en favor de los consumos privados, jaleados de modo artificial por la publicidad, incluso a través de la propia televisión del Estado. Todo incremento de la presión fiscal exige un enorme rigor en la administración de los gastos públicos y, de algún modo, en evitar que el gasto público se vaya convirtiendo en una nómina de funcionarios en lugar de en una respuesta del sector público, mediante la creación de bienes públicos, a los ciudadanos que ha n pagado por anticipado unos impuestos.