El Estado aumentará en 70.000 millones de pesetas la ayuda presupuestaria a los ayuntamientos durante 1983

En 70.000 millones de pesetas aumentarán este año las transferencias directas del Estado a los ayuntamientos, que alcanzarán los 210.000 millones. El acuerdo, adoptado en Consejo de Ministros, se reflejará en los Presupuestos de 1983, por cuyo retraso la medida no surtirá efectos económicos antes de las elecciones, convocadas para el 8 de mayo. Pese a haber tenido que recortar los gastos presupuestarios previstos inicialmente, el Gobierno socialista no renunciará, según fuentes de la Administración, a suprimir los déficit municipales corrientes, operación que se estima con algunas reservas, que exigirá por sí sola casi otros 100.000 millones de pesetas. En uno y otro caso, las ayudas del Estado serán condicionadas, por primera vez, al propio esfuerzo fiscal de cada corporación.

El acuerdo gubernamental, no revelado hasta ahora, permitirá a las corporaciones locales elevar del 7% al 8% su participación en los ingresos de Hacienda por impuestos no cedibles. Estas transferencias representaron el año pasado un 35% de los ingresos de los 9.000 ayuntamientos españoles, de acuerdo con datos oficiales. El resto de su financiación procedió de los impuestos locales gestionados por el Estado (en total, otro 20%), las tasas e impuestos dependientes de los propios municipios, y los déficit de gastos no cubiertos por créditos para financiación de inversiones.Junto al incremento decidido en los ingresos de los ayuntamientos, el Gobierno pretende alcanzar el objetivo de suprimir los déficit con otras dos actuaciones en la parte de los gastos. La primera, anunciada a principios de año, consistiría en absorber los déficit acumulados hasta el 31 de diciembre de 1982. La otra estribaría en asumir la segunda mitad de las obligaciones derivadas de los presupuestos de liquidación de deudas hechos hasta 1980 por Gobiernos anteriores, que eran soportadas en un 50% por el Estado (en 1983 supondrán 13.000 millones de pesetas) y en otro 50% por los municipios. Así, el crédito oficial podrá concentrarse en el futuro para la realización de proyectos.

Sin embargo, sobre la liberación de los déficit históricos pesan versiones contradictorias en el seno de la Administración. Mientras unas fuentes consideran el proyecto sometido a numerosos condicionantes, otras insisten en que será realizado paralelamente a la ley de Presupuestos. De momento, ni siquiera hay datos fiables sobre dichas deudas acumuladas de los ayuntamientos no sometidas a presupuestos anteriores de liquidación. Estimaciones de medios próximos al Gobierno los sitúan entre 70.000 y 100.000 millones de pesetas.

Subida de impuestos

El director general de Cooperación local, Eugenio Estévez, ha declarado que, si bien la financiación de los déficit acumulados no se incluye en el proyecto de Presupuestos del Estado, hay un anteprooyecto de ley que se tramitará paralelamente al mismo. "Ahora", añadió, "la operación será distinta de las efectuadas en 1979 y anteriores. En vez de tapar los déficit acudiendo al crédito, el Estado absoberá todos ellos para que en 1983 se eliminen los de operaciones corrientes. Así, los ayuntamientos, libres de las grandes cargas financieras del pasado, podrán nivelar con flexibilidad sus operaciones corrientes, para que cuando decidan con autonomía el nivel de gastos apliquen también el correspondiente nivel de ingresos. Es la mejor forma de que los ciudadanos puedan valorar la gestión de su corporación".

Por ello, en el anteproyecto se pretende incluir una serie de condiciones para la asunción final de los déficit acumulados, lo que quizá incline a algunas corporaciones por no acogerse a la ayuda. Pasarán por la realización de auditorías y tendrán generalmente como efecto una serie de criterios para reducir gastos y elevar tasas e impuestos propios, con el fin de eliminar las causas del desequilibrio.

De otro lado, los impuestos gestionados por el Estado (contribuciones urbana y rústica, así como las licencias fiscales) no sufrirán prácticamente modificación durante el presente año, salvo un ligero incremento en la rústica, pero de escaso peso en la estructura general de ingresos, según Eugenio Estévez. Las bases imponibles quedaron congeladas por la ley de medidas urgentes de diciembre pasado, y tampoco habían subido en el año anterior.

Reparto de las transferencias

En cuanto a la tercera gran fuente de ingresos de los ayuntamientos -primera en importancia, dado que representa un 35% de media en España-, las transferencias del Estado, los 210.000 millones de pesetas que ha aprobado el Gobierno se distribuirán de acuerdo con unos nuevos criterios adoptados por el Fondo de Cooperación Municipal.

Hasta ahora el reparto se realizaba según las cifras de habitantes y, en los últimos años, con el censo de 1975, hasta la liquidación definitiva de 1981. A medida que aumentaba el peso de una ciudad, crece su participación en el Fondo. En 1983 se empleará también el censo de 1981 y entrará en juego otro módulo complementario que, por primera vez, toma también en consideración el esfuerzo fiscal de cada municipio.

Con el 8% a que se eleva la participación local en los impuestos del Estado no cedibles a las comunidades autónomas (todos, excepto patrimonio, sucesiones, algo de lujo y algo de transmisiones), se tiende a consolidar esta fuente de ingresos locales como uno de los dos futuros pilares de las haciendas municipales, junto a sus tributos propios. Este es el principal objetivo programático socialista, y promete quedar reflejado en una, futura ley de financiación de las entidades locales.

Rechazada poco a poco la participación municipal en impuestos concretos del Estado, a partir de ahora se pretende mantener como base la recaudación por "impuestos no cedibles", y se intentará implantar, dentro de los tributos propios, los recargos sobre tributos del Estado.

Esta última vía era la recomendada por la comisión de expertos que trató de superar técnicamente las discrepancias políticas entre UCD y el PSOE, que han demorado durante varios años la aprobación de la ley de financiación del transporte colectivo urbano de superficie, aplazada hasta que se plantee la ley de financiación de las corporaciones locales. Durante los últimos años, gran parte de los déficit municipales han procedido de esta actividad, en la que los catorce ayuntamientos con déficit (Barcelona, Madrid, Almería, Burgos, Córdoba, Gijón, Huelva, Málaga, Mieres, Palma de Mallorca, Las Palmas, Santander, Sevilla y Valencia) han perdido desde 1979 un promedio anual de 13.000 millones de pesetas. Los recargos propuestos afectaban al impuesto sobre la renta (1%), licencias, gasolina (una peseta por litro), circulación de vehículos y contribución urbana.