Varios abogados acusan al fiscal de tergiversar el relato probado de los hechos

Los recursos del general de división Luis Torres Rojas, de los coroneles José Ignacio San Martín López y Miguel Manchado García, así como las alegaciones del teniente José Núñez Ruano, fueron examinados ayer por la mañana en la sala de plenos del Tribunal Supremo, en una cadena de intervenciones que abrió el letrado Gerardo Quintana, que siguió con el procesalista José María Labernia y que cerró Francisco López Silva. La intervención de estos tres letrados tuvo un elemento común: el sistemático ataque a las tesis del fiscal general, asegurando que el relato probado de los hechos -procesalmente intocable- había sido permanentemente alterado y recortado, para reclamar la agravación de las penas.El letrado Francisco López Silva fue especialmente duro y llegó a hablar de "alteración constante de los hechos", de "introducción de frases nuevas" y de "alteración alarmante". Con este argumento, según los letrados, la sala debería desestimar el recurso de casación del ministerio fiscal.

Otro elemento común en estas intervenciones fue una permanente alabanza de la carrera profesional de los procesados, de su exacerbado amor patrio, de la creencia de que se actuaba en nombre del Rey y de la inexistencia de rebelión. Se rechazaba así el recurso del fiscal general del Estado y se solicitaba la redacción de una nueva sentencia que llevara aparejada una reducción de las penas y el mantenimiento de la absolución para el teniente Núñez Ruano.

El letrado José María Labernia Marco, defensor del coronel José Ignacio San Martín López, diseccionó el recurso del fiscal y la sentencia durante cerca de una hora. Cogió cada una de las palabras y frases que consideraba polémicas, las llevó hasta el tribunal para mirarlas a trasluz y descubrir las más variadas impurezas. Alguien comentó en los pasillos que había sido una tarea verdaderamente artesanal, con la que intentaba disminuir la pena del procesado y conseguir entre otras cosas que no fuera expulsado del Ejército.

Rebelión sin armas

La conducta profesional del coronel Miguel Manchado García fue explicada por el abogado Francisco López Silva, asegurando que su acción, en el peor de los casos, era constitutiva de una infracción administrativa, pero que en ningún momento se podía considerar como un delito de auxilio a la rebelión militar, por el que fue condenado a tres años y un día de prisión. Pero, sobre todo, López Silva habló de que a lo sumo existía un delito de imprudencia perfectamente recogido en el Código Penal, pero no en el Código de Justicia Militar.

El abogado Gerardo Quintana, que en otra época se encargó de la defensa de Manuel Reinero Banda, el ultra arrepentido, defendió las tesis del general Torres Rojas y del teniente Núñez Ruano. Aseguró que no había existido rebelión porque no se habían utilizado las armas y que, a lo sumo, se había configurado una "curiosa figura atípica de rebelión sin armas, no recogida por el Código y, por consiguiente, no penada".