Balance trágico en Sâo Paulo de la primera crisis grave que afronta un Gobierno provincial de oposición en Brasil

Han sido dos días de tumultos, saqueos, depredaciones y heridos El balance de la primera crisis social y política con que tiene enfrentarse un Gobierno provincial de oposición en Brasil es trágico. Ya hay un muerto. La violencia de los parados y de las fuerzas antidisturbios paralizó totalmente a la mayor ciudad industrial y financiera del país. El comercio ha amenazado con cerrar sus puertas si la policía no restablece el orden, y el Ejército, por orden del presidente de la República, general Figueiredo, se halla en estado de alerta. Sâo Paulo es sólo el comienzo de un polvorín social en Brasil.El momento más delicado de los acontecimientos fue cuando cerca de 3.000 manifestantes derribaron una verja del palacio Bandeirantes, sede del Gobierno provincial de Sâo Paulo, adentrándose por los jardines. Fueron recibidos con botes de humo por las fuerzas antidisturbios que guarnecían el edificio. El gobernador, Franco Montoro, -que estaba en una reunión con los gobernadores de Río de Janeiro y Minas Gerais, Leonel Brizola y Tancredo Neves, respectivamente- suspendió el almuerzo de trabajo y bajó para calmar a los manifestantes.

El Gobierno federal y los militares declaran que la responsabilidad de garantizar el orden público es un problema exclusivo del gobernador de Sâo Paulo. Empiezan a aparecer indicios de que hay agitadores de las fuerzas de seguridad infliltrados entre los manifestantes. Algunos partidos clandestinos de izquierda, como el Partido Comunista de Brasil (PCI)B) -una escisión del Partido Comunista Brasileiro (PCB)-, son acusados de promover actos violentos para crear una situación de enfrentamiento entre el Gobierno provincial y el federal.

Un polvorín

La verdad es que una pequeña manifestación de parados se transformó en un polvorín. Se teme, como manifestó el socialista Leonel Brizola, gobernador de Río, que otras provincias puedan tener brotes de violencia parecidos, ocasionando una grave crisis nacional.

Durante 20 horas seguidas, los policías y los manifestantes protagonizaron escenas de violencia. La situación llegó a tal punto, que un comerciante mató de un tiro en la cabeza a Pedro Inacio, de 64 años, que intentaba entrar en un almacén para saquearlo. Las batallas callejeras, que en el primer día habían quedado circunscritas a la región obrera de Santo Amaro, se extendieron por casi toda la ciudad, y se pudieron ver algunos comerciantes con armas para defender sus tiendas. Los bares, restaurantes y tiendas cerraron sus puertas cuando vieron cómo algunos transeúntes formaban grupos y asaltaban tiendas. Incluso personas que decían no querer llevarse nada ayudaban a romper los escaparates y pedían que se saquease todo lo que había dentro. Tres supermercados fueron saqueados y destruidos. Uno de ellos, el Pega-Pague, es de los mayores de la ciudad.

Momento político crítico

La apertura brasileña está pasando por un momento muy delicado. Si fracasa la experiencia democrática de los gobernadores de la oposición elegidos por sufragio directo en las últimas elecciones, los militares y la extrema derecha pueden tener en sus manos un gran argumento para pedir la vuelta del autoritarismo.

La crisis económica, de proporciones trágicas, por la que atraviesa Brasil no puede seguir siendo ignorada después de 19 años de régimen militar. La violencia en Río de Janeiro, Sâo Paulo y otras importantes capitales provinciales del país es de origen social. En esto hace especial hincapié la Iglesia católica brasileña. Personas en paro, menores abandonados, marginados de todo tipo, han creado una situación de violencia social como nunca se vió en 50 años.

El líder parlamentario oficialista, diputado Nelson Marchezan, ha hecho recientes declaraciones favorables a una intervención militar si el orden no es restablecido prontamente. Recordó que el derecho de intervención está previsto en la Constitución, hecha por una Junta Militar en 1969. El presidente Figueiredo, que presenció por televisión los incidentes, prestó "mucha atención", según portavoces oficiales de Brasilia, cuando el gobernador Franco Montoro afirmaba que restablecer el orden era posible y que se iba a conseguir. La represión de las manifestaciones obreras y estudiantiles fue una de las características del régimen militar más criticadas por los opositores. Ahora, es penoso para los gobernadores de la oposición, algunos de izquierda, tener que ordenar a las fuerzas antidisturbios -a quienes tanto criticaron- que carguen contra esos mismos manifestantes.

Sâo Paulo es solamente el comienzo de un polvorín social en Brasil, que ha estado aletargado mucho tiempo por la feroz represión ejercida por el Ejército y la Policía Militar. En Río de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Bahía, Goias, importantes Estados en el orden económico y político, los gobernadores se quejan que heredaron masas quebradas. En el Estado de Algoas no hay dinero ni para la gasolina de los coches oficiales.