Incremento de los precios agrarios
La fijación de los precios agrarios para 1983; la creación de una sociedad mixta Administración-sector privado para la reconversión de pequeños y medianos astilleros y la modificación de las demarcaciones notariales, junto a varios nombramientos de embajadores, son otros temas importantes aprobados por el Consejo de Ministros de ayer. Destaca también la afectación al Patrimonio del Estado de la finca La Almoraina, de Castellar de la Frontera (Cádiz), que pertenecía al grupo Rumasa.Los precios agrarios se incrementan en un 9,7% de media y esta subida va acompañada por medidas complementarias para el sector por valor de 23.700 millones de pesetas (más información en página 36).
La Sociedad de Reconversión de Pequeños y Medianos Astilleros pretende un tratamiento unitario del empleo, acciones comerciales y de protección de mercado, garantías de financiación y mejora de tecnología, así como procesos de concentración o ceses de actividad en este sector. Además de su capital, esta sociedad contará con subvenciones y bonificaciones fiscales de hasta el 99% en distintos impuestos.
El Consejo aprobó también una descentralización de las demarcaciones notariales, que permitirá que algunas nuevas notarías, o las ya existentes en el momento que queden vacantes, puedan instalar su despacho y oficina en barrios o distritos concretos de una población, sin que ello altere de ninguna forma la competencia territorial del notario ni de los demás de la misma ciudad.
En Economía y Hacienda destaca un acuerdo que modifica créditos excepcionales concedidos a Hilaturas y Tejidos Andaluces, Sociedad AnónimaA (HYTASA) y a su consejo de incautación. Se trata de refinanciar un crédito excepcional de trecientos millones de pesetas de 1979 y de la subrogación de HYTASÁ en el crédito excepcional de 1.182 millones de pesetas concedido a un desaparecido consejo de incautación. El Consejo también convalidó distintas inversiones de firmas francesas, que estaban autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de nacionalizaciones de aquel país y que necesitaban de esta convalidación para que no caducara su anterior licencia como empresas privadas.
EL Gabinete aprobó también la creación de un Consejo de la Juventud de España y un proyecto de ley de cesión de la Dehesa de la Arganzuela al Ayuntamiento de Madrid. También, un acuerdo con Estados Unidos sobre exploración y vuelos espaciales, así como una nueva regulación sobre nombramiento y funciones de guardas jurados de explosivos y sobre licencia de armas para miembros de las policías autónomas y locales. Se reorganiza el Instituto Nacional de Estadística y se hacen varias declaraciones de monumentos histórico-artísticos.
En nombramientos, el Consejo designó a Enrique Suárez de Puga como embajador ante distintos organismos internacionales con sede en Viena. A José Antonio López Zatón, embajador en Senegal; a Fernando Baeza Martos, embajador ante el Consejo de Europa; a Francisco Utray Sarda, embajador en Australia, y a Mariano Uriarte Llodra, embajador en la República Centroafricana.
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