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Los Presupuestos serán enviados al Congreso después de las vacaciones

El Gobierno acordó ayer remitir a las Cortes el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y de la Seguridad Social para 1983, si bien no se facilitó ninguna información sobre su contenido. El portavoz gubernamental señaló que los presupuestos entrarán en el Congreso después de las vacaciones de Semana Santa. El Consejo de Ministros aprobó también la remisión al Parlamento del proyecto de ley sobre asistencia letrada al detenido.En relación con los presupuestos, la referencia oficial de lo tratado por el Consejo de Ministros se limita a decir que el Gobierno acordó su remisión a las Cortes Generales. Cuando el portavoz del Gobierno se despedía de los informadores, fue preguntado por este tema, y Eduardo Sotillos recordó que ya había anunciado que no se facilitaría información hasta que el Parlamento los conociera.

Más información
Texto del proyecto de ley de asistencia letrada al detenido
El presidente del Gobierno informó al Rey

Sotillos añadió que las grandes cifras ya eran conocidas y que el ministro de Economía y Hacienda ya se había referido a los presupuestos en términos generales. Tampoco contestó con precisión sobre la fecha de remisión a las Cortes. Señaló que se produciría cuando se reabra el Parlamento. Al recordársele que las Cortes continúan su actividad, Eduardo Sotillos concretó que los presupuestos entrarán en el Congreso después de las vacaciones.

El ministro del Interior, José Barrionuevo, apoyó al portavoz del Gobierno añadiendo que es preciso elaborar una documentación muy voluminosa para remitirla a las Cámaras.

Pasa a la página 11

El Gobierno regula la asistencia letrada al detenido, según el proyecto pactado por Ledesma y Barrionuevo

Viene de la primera página

Esta falta de datos sobre los presupuestos del Estado y de la Seguridad Social y el retraso en su aprobación, tras tres Consejos de Ministros con el tema en el orden del día, concuerda con los insistentes rumores que han circulado en las últimas horas sobre dificultades del Gobierno de hacer cuadrar el objetivo de un déficit público constreñido al 6% del Producto Interior Bruto con las pretensiones de gasto público de los distintos departamentos. Es muy posible que se produzcan drásticas reducciones sobre las cifras de gasto público extraoficialmente difundidas en las últimas semanas.

En cuanto al proyecto de ley de Asistencia Letrada al Detenido, el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, destacó el carácter de derecho irrenunciable -excepto para delitos de tráfico- de la asistencia y su reconocimiento a todos los detenidos y presos.

Por su parte, el ministro del Interior, José Barrionuevo, tras destacar su plena conformidad con el proyecto de ley acordado por el Gobierno, puso el énfasis en que el nuevo texto legal no entorpecerá la labor de investigación de la Policía.

A preguntas de los informadores, el ministro de Justicia aseguró que la nueva regulación no significa una interpretación restrictiva del precepto constitucional que establece la "asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales", al limitarlo a la declaración y al reconocimiento de identidad. En cuanto a la regulación del habeas corpus, ambos ministros dijeron que se aprobará en poco tiempo, pero no precisaron fechas.

Barrionuevo dijo no poder precisar cuántos expedientes se habían abierto contra funcionarios policiales por malos tratos o torturas, pero añadió que se ha hecho así "en todos los casos en que se ha considerado que las denuncias contenían indicios racionales de verosimilitud. A preguntas sobre el mismo tema, contestó que en todos los casos se produce la suspensión del funcionario en sus funciones y señaló que actualmente existen varios casos de policías en esta situación, que insistió en no cuantificar. (Más información sobre este tema en página 13).

El Consejo de Ministros examinó también las líneas directrices de un proyecto de decreto sobre protección a los afectados del síndrome tóxico, en el que se regula la asistencia sanitaria con carácter indefinido y se establecen los mecanismos económicos y sociales precisos para garantizar el paso a la vida activa plena de los afectados en condiciones adecuadas.

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