España no ha fijado con detalle su posición comunitaria respecto a Gibraltar

El estatuto que pide España para Ceuta y Melilla en la Comunidad Económica Europea (CEE) puede ser similar al de Gibraltar en su dimensión fiscal y económica, pero no en su aspecto político. Los habitantes de las dos ciudades españolas, como parte integrante de España, podrán votar en las elecciones al Parlamento Europeo tras la adhesión, capacidad de la que no gozan los gibraltareños.Manuel Marín declaró ayer que no se ha decidido qué tipo de régimen final se va a aplicar a Ceuta y Melilla. En la CEE cabe todo, y los departamentos franceses de Ultramar gozan de estatutos similares. Algunas colonias de Estados miembros -Reino Unido, Francia y Países Bajos- tienen también estatutos peculiares en la CEE. Así, Gibraltar es territorio comunitario, sus habitantes con ciudadanía británica tienen acceso al derecho de libre circulación, pero no votan en las elecciones europeas. Los habitantes de Ceuta y Melilla votarán, insistió Marín, aunque el sistema electoral aún no ha sido decidido. Las cuestiones institucionales formarán la última fase de la negociación de adhesión.

Respecto a Gibraltar, la posición española no ha sido aún fijada en detalle. España cumplirá sus obligaciones dentro de la CEE, pero para el resto, habrá que referirse al Acuerdo de Lisboa de 1980 entre Londres y Madrid. Se plantea una cuestión de definición.

Según el comisario de la CEE, Lorenzo Natali, es el Estado miembro el que tiene que determinar las personas que deben ser consideradas como sus "nacionales" para los fines de los tratados de la Comunidad. Londres definió a los gibraltáreños en este sentido. España podría tratar de evitar a su vez reconocer a los habitantes de Gibraltar como británicos, dejando la cuestión en el aire.

La traducción del término francés "ressortissants" por "nacionales" -y no por ciudadanos- ha causado recientemente pequeñas tensiones entre Madrid y Bruselas. La CEE estaba preocupada por abrir una puerta a un flujo de latinoamericanos provenientes de países con los que España tiene acuerdos de doble nacionalidad, que en realidad hibernan una de ellas.