Un país a punto de convertirse en un enorme cuartel

Guatemala lleva camino de convertirse en un enorme cuartel bajo el mandato de Efraín Ríos Montt. El regreso de los militares a sus guarniciones, que debía ser anunciado ayer, en nada altera las cosas, ya que 300.000 civiles, encuadrados a la fuerza en las patrullas de autodefensa, según cifras oficiales, se encargarán de suplirlos en el campo. La vuelta a la normalidad tampoco supone la desaparición de los tribunales de fuero especial, que no son otra cosa que sumarios consejos de guerra. El proceso de militarización del país sigue así su curso, con autonomía respecto a la proclamada apertura democrática.

"La doctrina de la seguridad nacional es la misma que aplicaba el Ejército en tiempo de Lucas", admite Edgar Ponce, miembro del Consejo de Estado. A continuación enumera las tácticas contrainsurgentes: represión indiscriminada de sectores populares e indígenas, tierra quemada, rigidez ante los llamamientos de la comunidad internacional y alianza con los grupos económicos más conservadores.Como hombre que participa en un intento de reconducir el proyecto desde dentro, Ponce cree aún que los oficiales jóvenes que dieron el golpe tratan de aplicar un esquema diferente, basado en reformas socioeconómicas, mayor respeto de los derechos humanos y una alianza con las capas medias.

"Ocurre que hay un predominio pendular de los dos sectores, sin que haya una definición clara. Es cierto que no hay, reformistas en el Gobierno, pero algo se ha avanzado en el respeto de los derechos políticos en la capital y en las cabeceras departamentales. La situación continúa siendo muy preocupante en el campo, sobre todo en algunas zonas de Occidente".

Instrumentar un programa reformista con ministros conservadores y salvaguardar los derechos humanos rehabilitando a algunos de los militares más comprometidos con la tortura es una de las bromas trágicas de este Gobierno contradictorio, que presume de haber acabado con los abusos mientras Amnistía Internacional prueba la muerte violenta de más de 2.000 ciudadanos en seis meses, y otras organizaciones le culpan de 15.000 asesinatos en un año.

Según Ríos Montt, todo esto es producto de una campaña difamatoria internacional, a la que su Gobierno no puede hacer frente Por falta de recursos económicos.

Aldeas estratégicas

El testimonio de millares de guatemaltecos que han huido de la persecución de su Ejército contradice al presidente. La Guatemala rural, sobre todo en la mitad norte, es hoy una sucesión de aldeas estratégicas en las que la falta de colaboración con el Ejército se castiga con la muerte.

Sólo en una cosa tiene razón Ríos Montt: cuando dice que le ha dado un duro golpe a la guerrilla. No es que haya sido derrotada, como asegura, pero la militarización del campo la ha restado base civil y la ha obligado a replegarse a las montañas. El Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) parece haber sido la organización más castigada en sus reductos de Huehuetenango y Quiché. El próximo objetivo parece ser la Organización del Pueblo en Armas (Orpa), que actúa básicamente en Solola y Quezaltenango.

El precio de este repliegue guerrillero ha sido la conversión de los núcleos rurales en una especie de fuertes militares. Todos los hombres de quince a sesenta años están obligados a encuadrarse en las patrullas de autodefensa civil. La negativa es prueba de colaboración con la guerrilla, y esto equivale a la pena de muerte. Reservistas del Ejército encabezan las patrullas. Sólo ellos portan viejos fusiles o escopetas de caza. Los demás van armados con machetes y palos. Les distingue un portaestandarte con la bandera de Guatemala.

Cada patrulla integra entre diez y catorce personas, que vigilan los alrededores de la aldea permanentemente. Cada campesino está obligado a realizar como mínimo una guardia de veinticuatro horas a la semana y, a veces, dos. Sin el salvoconducto que extiende la patrulla no se puede abandonar el pueblo ni sobrepasar los límites del área sometida a su vigilancia. No es extraño que los campos del Quiché se hayan convertido en eriales. ¿Hasta cuándo soportará esta carga una economía ya quebrantada?

La instrucción de los patrulleros está a cargo de los militares, que avivan en ellos el empleo de la tortura para obtener información de cualquier sospechoso. Periódicamente participan en operaciones de limpieza, en las que los oficiales les encargan de los fusilamientos. La falta de rigor es ya motivo de sospecha.

En Parraxtut, una aldea alejada al norte del Quiché, una patrulla civil tuvo que llevar a cabo, a mediados de diciembre, el fusilamiento de toda la población local: primero los hombres, luego las mujeres y los niños. Nuevos pobladores han sustituido ya a los asesinados y ocupan sus tierras y sus casas.

Los bienes de los sospechosos se entregan a los delatores, lo que ha convertido a los pueblos en nidos de intrigas, donde la acusación de colaborar con la guerrilla, que no necesita de mayores comprobaciones, se ha convertido en método expeditivo para saldar querellas vecinales.

Este mecanismo infernal de lucha antiguerrillera se combina con el bombardeo sistemático de las zonas montañosas incontrolables, la expropiación de bienes de quienes no regresan a sus pueblos y el establecimiento de una administración municipal paralela. Los militares nombran nuevos líderes comunales, que se integran en las coordinadoras institucionales, siempre bajo el axioma de que quien no colabora es cómplice de la guerrilla.

El fusilamiento periódico y sumarísimo en las aldeas se combina con la aplicación de la justicia de fuero especial en las ciudades. De poco sirve que los abogados guatemaltecos, a los que Ríos Montt llama plañideras profesionales, hayan pedido su abolición por antijurídica y atentatoria de los derechos humanos. El presidente anuncia que seguirán vigentes después del levantamiento del estado de sitio.

La ley de Tribunales de Fuero Especial se promulgó el 1 de enero del pasado año y entró en vigor ocho días después. Establece taxativamente la pena de muerte para los siguientes delitos: plagio o secuestro; incendio agravado; inutilización de defensa; fabricación o tenencia de materiales explosivos; desastre ferroviario; atentado contra la seguridad de los transportes marítimos, fluviales o aéreos; desastre marítimo, fluvial o aéreo; atentado contra otros. medios de transporte; atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública; piratería; piratería aérea; envenenamiento de agua o de sustancia alimenticia o medicinal; traición propia; atentados contra la integridad o independencia del Estado; traición impropia; genocidio; terrorismo; depósitos de armas o municiones, y tráfico de explosivos.

En opinión de un abogado prestigioso, un guardabarreras que se equivoque, provocando con ello un accidente ferroviario, tendría grandes probabilidades de ser condenado a muerte.

Jueces 'presidenciales'

Los jueces son nombrados directamente por el presidente, que elige entre abogados u oficiales del Ejército. Lo mismo ocurre con los fiscales. "La impresión que tenemos es que todos son militares". Por razones de seguridad, no se conocen los nombres de los jueces ni la sede de los tribunales, aunque sus actuaciones quedan archivadas en el Ministerio de Defensa, que, con ocasión de recursos de amparo, se ha negado incluso a remitirías a la Corte Suprema de Justicia.

La defensa se encarga a abogados o "personas idóneas calificadas por el mismo tribunal". En el proceso instruido contra las seis personas que fueron fusiladas en vísperas del viaje papal, su defensa estuvo a cargo de varios estudiantes de Derecho de último curso, "únicamente pendientes de tesis para graduarse", según el concluyente argumento empleado por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Sagastume, para explicar a los periodistas que no había existido indefensión.

La ley establece una vista oral y pública en estos juicios, aunque "el tribunal puede ordenar la celebración de audiencia privada cuando lo considere necesario". La excepción se ha convertido en regla. Ninguno de los juicios celebrados hasta ahora (y ya ha habido quince fusilamientos) ha contado con audiencia pública.

El proceso entra así en un clima kafkiano, en el que el abogado defensor no sabe quién es el juez ni cómo localizarle, y sólo puede llegar a él mediante cartas, que entrega en el Ministerio de Defensa. En ellas puede presentar pruebas o solicitar que se efectúen otras, sin saber nunca el destino de sus peticiones. En un plazo perentorio de ocho días, el tribunal elabora un sumario, al que no tiene acceso y debe redactar, en tres días más, sus conclusiones definitivas sin conocer las evidencias acusatorias. Cuando se juzgan delitos de terrorismo, los jueces no indagan si el acusado ha puesto esta bomba o ha matado a tal persona. Son siempre acusaciones genéricas, en las que el reo es interrogado sólo acerca de la organización en que milita, quién le da las órdenes o de dónde recibe el dinero.