La Cruz Roja investiga las irregularidades en los envíos a las zonas inundadas

La Asamblea Suprema de la Cruz Roja ha decidido abrir una investigación exhaustiva eh torno a la situación de la Cruz Roja en Cantabria y a la aparición de varios depósitos, que guardaban ropa de abrigo y víveres, almacenados cuatro meses después de s u recogida, con destino a los damnificados de las inundaciones del País Valenciano. Eugenio Miñón Ferreiro, jefe del gabinete técnico jurídico y asesor legal del presidente de la Cruz Roja Nacional se desplazará, en las próximas horas, a Cantabria para iniciar la investigación. Asimismo, se ha autorizado la concesión de un crédito extraordinario para hacer frente a las deudas contraídas por la Cruz Roja cántabra.Una semana después de que dos altos directivos de la Cruz Roja Nacional, el inspector general Jamón Ramos y el vicesecretario general, Luis López Quiñones, girasen una rápida visita a Cantabria, la Asamblea Suprema de la Cruz Roja ha decidido, en sesión de urgencia, designar al abogado Miñón Ferreiro como instructor del expediente abierto a la Cruz Roja de Cantabria, al objeto de determinar las responsabilidades a que hubiera dado lugar la actuación, calificada por fuentes de la Cruz Roja Nacional de irregular, de algunos responsables de la organización en Cantabria, en relación con la recogida y almacenamiento de las donaciones realizadas por instituciones y ciudadanos particulares tras las inundaciones sufridas en octubre del pasado año en Valencia y provincias limítrofes.

Miñón Ferreiro deberá elevar, a la mayor brevedad posible, un informe en torno a las posibles irregularidades cometidas, sobre las que, al parecer, y según fuentes de la Cruz Roja Nacional, existen pocas dudas, para que se adopten de inmediato las medidas pertinentes, que podrían pasar por el cese de algunos directivos de la Cruz Roja en Cantabria. El asesor jurídico de la Asamblea Suprema será también el encargado de administrar la utilización del crédito extraordinario concedido, con el que se hará frente a las deudas contraídas por la organización cántabra. Como ya informó EL PAIS, al menos dos ambulancias se encuentran retenidas en un taller mecánico al que se adeudan importantes cantidades, al igual que a ciertos establecimientos comerciales y farmacias. Asimismo, el personal no voluntario de la asamblea provincial cántabra lleva tres meses sin percibir regularmente su salario, debido a la falta de liquidez de la organización.

El escándalo se inició el pasado día 6, al descubrirse la existencia de al menos cuatro almacenes, dos de ellos municipales, en los que se encontraban varias toneladas de alimentos y ropas de abrigo recogidas en octubre pasado.