El régimen militar prepara un lento proceso de democratización

Tres decretos (de partidos políticos, del Tribunal Supremo Electoral y del registro de ciudadanos) serán promulgados hoy en Guatemala, en lo que constituye un primer paso hacia la democratización del régimen de hecho establecido hace un año. Será un proceso lento, que se estima no será inferior, en principio, a cuatro años. El movimiento de los jóvenes oficiales, que en su declaración programática se comprometió a una pronta convocatoria de elecciones, se resiste ahora, sin embargo, a fijar un calendario electoral preciso, bajo el argumento de que aún no están dadas las condiciones necesarias.

Un político de centro-derecha como Edgard Ponce, que entró a formar parte del consejo de Estado en representación de los colegios profesionales, estaba convencido hasta hace unos meses de que el sistema caminaba a base de dar dos pasos para adelante y uno para atrás. Ya no sabe muy bien si retrocede más que avanza.La estructura política guatemalteca, determinada por un Estatuto Fundamental de Gobierno que hace las veces de Constitución, reúne en el presidente casi todos los poderes: el ejecutivo, el legislativo (el Consejo de Estado tiene sólo carácter asesor) y parte del judicial, ya que designa directamente los tribunales de fuero especial, que juzgan una veintena de delitos relacionados con la subversión.

Pero son muy pocos los que creen que el único depositario de este poder absoluto sea Efraín Ríos Montt, mucho más si se tiene en cuenta que él no estaba en la conspiración golpista que alumbró al nuevo régimen, sino que fue llamado una vez que los jóvenes oficiales habían desarmado a los generales con mando en tropa.

Según se explicó entonces, el movimiento aglutinaba a cerca de 900 oficiales, prácticamente todos los mandos de teniente coronel para abajo. En sus alocuciones, Ríos Montt suele referirse a este movimiento como el legitimador de su cargo, pero resulta impensable que a lo largo de un año pueda mantenerse sin fisuras una organización asamblearia de esta naturaleza, en el seno de un Ejército que además tiene que hacer frente a una guerrilla activa.

Ni los políticos ni los militares consultados supieron decir dónde está la fuente del poder que alimenta y controla a Ríos Montt. Al inicio, la clave pudo estar en el consejo militar que le asesoraba, pero fue disuelto a los tres meses, aunque algunos de sus antiguos miembros sigan siendo consultados con frecuencia por el presidente. El ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor y el presidente del Consejo de Reconstrucción Nacional se vislumbran como hombres fuertes, pero parece que sólo el último estuvo en el golpe desde sus preparativos.

Otra clave todavía no resuelta es qué porción de poder han recuperado ya los generales desplazados tras el golpe. Se da por seguro que militares próximos al derrocado presidente Romeo Lucas controlan al menos dos de los departamentos más conflictivos. Esto revelaría una debilidad creciente del movimiento de oficiales jóvenes, fruto de sus propios desacuerdos sobre los métodos para combatir a la guerrilla y sobre las fórmulas de democratización.

La legalización de los partidos marxistas causa profundo malestar en las Fuerzas Armadas. Ríos Montt, ha defendido su reconocimiento y participación en las elecciones. "Su exclusión del proceso político", ha dicho, "los ha transformado en personajes míticos y aún más, heroicos. Esto ha impedido también conocer su fuerza, o lo que yo sospecho en este caso, su debilidad".

Muchos militares están en desacuerdo, y así lo ha reconocido el general Fuentes, considerado como uno de los jefes más abiertos. El anticomunismo visceral sigue siendo uno de los alimentos del Ejército. Está por ver cómo unos oficiales habituados a emplear los métodos más expeditivos pueden garantizar de pronto la seguridad de unos e ventuales candidatos marxistas. No en balde el propio Ríos Montt ha reconocido que en Guatemala las leyes no se cumplen.

La posible legalización de los partidos marxistas está incluida, pese a todo, en el proyecto de ley sobre agrupaciones políticas que el consejo de Estado elevó al presidente y que éste debe publicar hoy con las reformas que estime convenientes.

En el seno del consejo de Estado, órgano corporativo que por primera vez incorpora a representantes de varias etnias indígenas, se abrió un fuerte debate es torno a este punto. Algunos de sus treinta miembros eran partidarios de mantener un artículo de la Constitución anterior que vetaba el funcionamiento de partidos con ideología totalitaria, argucia que históricamente se aplicó sólo a la izquierda. Finalmente el consejo optó por no fijar ningún límite ideológico.

Plazo muy largo

Al margen de que esto sea o no aplicable en la práctica, mientras el Ejército siga detentando el poder, llama la atención el plazo extremadamente largo (dos años) que se ha dado a los partidos para su constitución definitiva, mediante la afiliación de 3.000 ciudadanos.

Con cierta supiscacia podría decirse que el régimen actual busca eternizarse en el poder, ya que, en buena lógica, las primeras elecciones para la asamblea constituyente deberían esperar a que se agote el plazo de formación de partidos. La elaboración posterior de la Constitución retrasaría por lo menos en un año más la convocatoria de elecciones generales. En la situación actual de Guatemala nadie puede prever lo que vaya a ocurrir en los próximos tres años, cuando en uno sólo Ríos Montt ha tenido que superar varias tentativas golpistas.

Los hombres del presidente aseguran que no hay tales propósitos, que la única meta es sentar las bases de una sólida democracia pluralista. Ríos Montt insiste en que no codicia el poder ni pretende perpetuarse en la presidencia. Algunos de sus tics, como el ataque reiterado a los partidos, parecerían indicar lo contrario.

Su jefe de relaciones públicas, Gonzalo Asturias, formado, en la Universidad de Navarra, explica que este plazo tan largo para la constitución de los partidos obedece sólo al deseo de que puedan aglutinarse nuevas corrientes, menos ligadas a la corrupción que. los partidos tradicionales. En su opinión, una convocatoria electoral rápida aseguraría el triunfo al Movimiento de Liberación Nacional, de extrema derecha.

La experiencia política personal de Ríos Montt parece ser una de las razones que llevan al Gobierno a estimular la creación de nuevos partidos. En las elecciones presidenciales de 1974, el Partido Demócrata Cristiano y el Frente Unido para la Revolución, que apoyaron su candidatura, no hicieron ningún amago de defender su triunfo electoral, una vez que se proclamó la victoria fraudulenta del general Kjell Laugerud. El año pasado, los demócratas cristianos le habían prometido que encabezaría su fórmula, pero al final apoyaron a Alejandro Maldonado.

Otra cuestión que puede alargar los plazos para la vuelta a la democracia es el registro de ciudadanos. Todos están de acuerdo en que cualquier convocatoria electoral carece de sentido sin censo previo, ya que de otro modo miles de muertos recuperarían el derecho al voto y muchos vivos carecerían de él porque sus registros civiles fueron incendiados.

El nuevo decreto obliga a realizar un nuevo censo, que exigirá como mínimo de nueve meses a un año, con una inversión que en el mejor de los casos no bajará de los dos millones de dólares.