Las licencias ilegales de las máquinas tragaperras costaban 50.000 pesetas

El fraude de las licencias de las máquinas tragaperras se inició el pasado mes de octubre, coincidiendo con la puesta en vigor del decreto ley del 8 de mayo de 1982 por el que se restringía la concesión de las licencias para las máquinas recreativas de la clase C. En las diligencias judiciales que se están instruyendo se asegura que los responsables de esta red llegaron a cobrar por cada licencia falsificada cantidades que oscilaban alrededor de las 50.000 pesetas. Las licencias que se expendieron legalmente hasta el mes de mayo de 1982 sólo costaban 671 pesetas, a las que había que sumar veinticinco más por la póliza.Las restricciones en la concesión de licencias provocó la crisis y la paralización de varias empresas. La disposición legal perjudicó también a los pequeños industriales que, después de haber adquirido unas máquinas que en algunos casos llegan a costar 200.000 pesetas, no podían explotarlas.

En aquel mismo mes de octubre de 1982 el Gobierno Civil de Barcelona dejó de tener responsabilidad sobre esta materia, puesto que fueron traspasadas a la Generalitat. En este contexto empezó a fraguarse un fraude del que aparecen como presuntos responsables un ex funcionario de la Jefatura Superior del Movimiento, apellidado Fontrodona, y el también funcionario del Gobierno Civil Mariano Veiga Pedreira.