Acción popular para denunciar supuestos malos tratos de la Guardia Civil

El abogado y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Blanes (Gerona), Juan Sureda Casamor, y otros 45 vecinos de la misma población, han ejercitado la acción popular a causa de los supuestos malos tratos y torturas de varios miembros de la Guardia Civil a distintos detenidos, en relación con los cuales el juez de instrucción de Santa Coloma de Farners (Gerona) ha abierto el sumario 2.955/82. Entre los hechos denunciados, destaca el trato recibido por cuatro marineros que declararon haber arrojado al mar un paquete que contenía cinco kilos de hachís, afirmación que no fue creída en principio.Según la versión ofrecida por los denunciantes y dos de los cuatro marineros -José Cano Vicente y Juan Palomar Tortosa-, en la madrugada del 20 de noviembre de 1982, cuando se encontraban faenando, pescaron un paquete que contenía unos cinco kilos de hachís y que, por indicación del patrón, Eusebio Esgleas, arrojaron al mar, tras quedarse alguno de ellos con una pequeña parte.

Uno de los talegos revendido por el traficante puso a los miembros de la Guardia Civil sobre la pista de los marineros, a los que detuvieron y, según su propia versión, les impidieron llamar a letrado alguno y les hicieron objeto de malos tratos descritos con detalle en el sumario. Los marineros contaron lo que sabían de la droga y posteriormente, en presencia del letrado Juan Sureda, insistieron en su versión de los hechas. Ya fuera del cuartel de la Guardia Civil, el abogado citado, según declaración prestada ante el juez, comprobó las lesiones de los marineros y en especial el estallido de los tímpanos de dos de ellos.

Al día siguiente de los interrogatorios, la Guardia Civil mandó unos buceadores al puerto de Blanes, que encontraron el paquete de hachís. Según testimonios que obran también en el sumario, un oficial y un cabo del citado cuerpo citaron más tarde a los marineros en una casa particular para que firmaran un documento reconociendo que no habían sufrido torturas

El 16 de diciembre de 1982 José Cano y Juan Palomar presentaron denuncias ante el juez citado. Por su parte, Juan Sureda comunicó estos hechos al gobernador civil de Gerona, Miguel Solans, quien contestó que no se podía hacer nada porque "es tu palabra contra la de la Guardia Civil".