El Gobierno no ha influido en el recurso contra la sentencia del 23-F, según el fiscal del Estado

CARLOS YARNOZ El fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón, que defenderá ante el Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el ministerio fiscal contra la sentencia del 23-F, manifestó ayer a EL PAÍS que el día 6 de abril subirá al estrado "con completa buena fe y conciencia, en la creencia de que los motivos del recurso deben prevalecer y, por tanto, trataré de ser lo más convincente posible". Asimismo negó que el Gobierno hubiera influido en el recurso, cuyo contenido "no es extremadamente duro y, desde luego, no hay la más mínima animosidad ni se trata de un reproche moral. El ministerio fiscal no tiene más misión que la de que impere la ley".

El fiscal general aseguró que "el Gobierno no se ha permitido el más mínimo comentario" sobre la forma de abordar el recurso o sobre las líneas generales en las que se debiera incidir. Es un caso muy ajustado técnicamente, comentó el fiscal, en el que el Gobierno tiene algo que decir, pero no precisamente con respecto a la elaboración en sí del recurso, sino más bien en cuanto a la posible concesión de medidas de gracia para los condenados u otros asuntos de competencia del poder ejecutivo. No obstante, precisó, el Ejecutivo podía haber hecho sugerencias que, una vez estudiadas, hubieran sido tenidas en cuenta o no. "Es un trabajo técnico, no de oportunidad política", afirmó.Burón, nombrado fiscal general en diciembre pasado, recordó que el recurso fue redactado colegiadamente en su día por los miembros de la Fiscalía General del Estado, cuando el responsable de la misma era José María Gil-Albert. "Lo asumo", comentó, "porque, si no, no creería que la ley ha sido vulnerada. Se trata de señalar las desviaciones legales existentes, las infracciones encontradas y, en este caso, el recurso es un trabajo de carácter profesional y de contenido estrictamente jurídico". No obstante, Burón Barba entiende que los argumentos del recurso son discutibles y "no tienen por qué ser compartidos por la sala". "Es simplemente una postura, una tesis razonable", precisó.

Por otra parte, y en contra de las tesis mantenidas por el abogado defensor de Milans, el fiscal general del Estado entiende que, en el caso de una rebelión militar, no tiene por qué figurar una sola persona como "cabeza de la rebelión". "Puede ser una cabeza bicéfala o incluso colegiada", asegura Burón. Se recuerda que la sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar considera a Milans "cabeza de la rebelión". La pena contra Milans no ha sido recurrida por el fiscal, quien, en el recurso, califica precisamente al general Armada de "cabeza de la rebelión".

Respecto a la fecha en que el Tribunal Supremo podría dictar la sentencia definitiva contra los procesados por el 23-F, el fiscal general ha recordado que la vista de los recursos puede prolongarse durante cinco o seis días, en sesiones de mañana y tarde. Finalizada la vista, el Tribunal Supremo dispone de diez días hábiles para dictar sentencia. Sin embargo, y debido a la complejidad del caso por los numerosos recursos presentados, el propio tribunal podría prolongar el plazo. En cualquier caso, el fiscal opina que la sentencia podrá ser conocida antes de que finalice el mes de abril o, como muy tarde, a principios de mayo.

Finalmente, Burón señaló que la decisión de ser él mismo, como fiscal general, el que defendiera el recurso contra la sentencia se adoptó "por la trascendencia del caso". Calificó su futura intervención en la vista de "prueba profesional" y de "experiencia nueva", ya que, por un lado, según comentó, no tiene hábitos de oratoria y, por otro, se trata de la primera ocasión en que unos militares juzgados y condenados por el más alto tribunal militar pueden recurrir ante el Tribunal Supremo.

Luis Antonio Burón nació en Fuenteovejuna (Córdoba) en 1918. Entre los lugares en que ha estado destinado a lo largo de su carrera, figuran los juzgados de primera instancia e instrucción de Vélez Rubio (Almería), Hinojosa del Duque (Córdoba) y Bujalance (Córdoba). Asimismo, ha desarrollado su profesión en los juzgados de Bilbao y Madrid, en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional y en la sala quinta del Tribunal Supremo. El 16 de diciembre fue nombrado, en sustitución de José María Gil-Albert, fiscal general del Estado.