Escasas medidas concretas en un área social por excelencia

Ernest Lluch pasará a la historia por desatar el debate sobre el aborto y arriesgarse a un enfrentamiento con los médicos, mediante una temprana circular -9 de diciembre- sobre la obligatoriedad de cumplir la normativa vigente en cuanto a horarios e incompatibilidades en el sector público. Poco después se echaba marcha atrás al reducir de dos horas y media a dos horas la presencia obligatoria de los facultativos de la Seguridad Social en los centros.El hecho de que el horario del personal auxiliar sea de seis horas y que la presencia de cada tres médicos supusiera un cumplimiento de siete horas y media, con lo que faltaba enfermera auxiliar -hora y media, hizo echar cuentas a los responsables sanitarios, y concluir que, de no reducir los horarios, se produciría un incremento de cerca de. 2.000 millones de pesetas.. Por otra parte, la regulación legal de las incompatibilidades, que entró en vigor el 1 de enero, excluye expresamente a los médicos de la Seguridad Social, esto es, a 50.000 de los 80.000 médicos que hay en España, lo cual 'ha contribuido a decepcionar sobre las medidas moralizadoras", según fuentes sanitarias del propio PSOE.

Algo similar sucedió en el tema de las especialidades médicas. Al estar aún en vigor la norma que exige un examen al final de cada especialidad, los médicos internos y residentes (MIR) iniciaron una huelga, ante lo que el Gobierno -dijo que el examen final sería voluntario.

A mediados de febrero, en su comparecencia ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, el ministro de Sanidad y Consumo reconocía que su departamento se movía -aún con un considerable desconocimiento. con respecto al Instituto Nacional de la Salud (Insalud). Poco después, el director del Insalud, Francesc Raventós, supeditaba los objetivos del Instituto para 1983 a la aprobación del presupuesto para el mismo. La autonomía financiera para el Insalud y el cese de su dependencia presupuestaria del Ministerio de Trabajo, para ser incluido en el de Sanidad, ha sido una petición sistemática de las centrales sindicales, especialmente de UGT, que ha lamentado que no se haya adoptado ya,

Círculos sanitarios del PSOE han mostrado, asimismo, su preocupación por el hecho de que se aplace a 1984 la ley de Salud Pública, ya que en el transcurso del año actual se ultimarán las transferencias en materia sanitaria a las comunidades autónomas y ya hay prácticamente tantos sistemas sanitarios como partidos al frente de las autonomías, lo que podría obligar al Gobierno central a redactar una LOAPA sanitaria.

La no iniciación de la campaña de planificación familiar y el anuncio de que los casos de aborto terapéutico, cuando se despenalicen, no se incluirán como prestaciones de la Seguridad Social han provocado críticas entre las mujeres socialistas, porque el aborto se convertiría en un negocio privado.