Tensión creciente por la suspensión de los acuerdos pesqueros hispano-portugueses

El incidente de ayer entre un pesquero español y la policía naval portuguesa ilustra la tensión creciente provocada en la región sur por la suspensión de los acuerdos pesqueros luso-españoles. Desde comienzos de este año, buena parte de las flotas de ambos lados del estuario del Guadiana se encuentra amarradas por la prohibición de faenar en las aguas del país vecino.En febrero, pescadores portugueses bloquearon la frontera durante tres días para exigir de las autoridades de Lisboa y Madrid una solución urgente de la situación. Un intercambio de propuestas y contrapropuestas entre los dos Gobiernos, y la visita relámpago del secretario de Estado de Pesca, Miguel Oliver, a Lisboa, no han permitido hasta el momento que se llegue a un acuerdo provisional que permita acabar con la inactividad forzosa de centenares de pescadores de ambos países.

Las dos partes acordaron que las negociaciones para resolver el contencioso abierto por la denuncia por el Gobierno portugués del último convenio pesquero hispano-portugués de 1981, serían reanudadas en septiembre, después de la entrada en funciones del nuevo Ejecutivo luso a constituir después de las elecciones legislativas del 25 de abril.

Hacia un acuerdo transitorio

Las dos partes están, en principio, dispuestas a concluir un acuerdo transitorio destinado a evitar que la paralización se prolongue por otros seis meses. El Gobierno de Lisboa está dispuesto a una cierta flexibilidad en relación al número de licencias a otorgar a pescadores españoles al abrigo de este acuerdo provisional, con la excepción de lo que se refiere a la pesca de las cigalas. En cambio, el Gobierno luso adoptó una postura intransigente en materia que considera como de principio, es decir, la renuncia de España a los privilegios que le eran otorgados por el tratado de pesca de 1969 por un periodo de treinta años.Portugal, que -como España está negociando con la CEE en el terreno pesquero en el contexto de su solicitud de adhesión a la comunidad, quiere que Madrid reconozca la nulidad del tratado de 1969 y acepte la renegociación en base a tres principios: veda total de las aguas portuguesas dentro del límite de las doce millas; acuerdos anuales para la concesión mutua de licencias en las respectivas doscientas millas; y prohibición de la pesca de las cigalas por barcos españoles junto a la costa portuguesa del Algarve.

Armadores y sindicatos de pescadores portugueses están presionando al Gobierno de Lisboa para que éste actúe con mayor dureza, con la única excepción de los pescadores de la zona de Vilareal de Santo Antonio, que se dedican tradicionalmente y casi exclusivamente a faenar en los caladeros españoles vecinos.

Fueron estos últimos los que bloquearon en febrero la frontera del Guadiana y sólo levantaron el e bloqueo cuando el secretario de Estado portugués de Pesca, Faria Dos Santos, se personó en Vila-, 3 real y les prometió una indemnización estatal por los días de paro forzoso así como créditos para la reconversión de la flota.