Oposición socialista al tipo de participación en el sector público estatal que pide la Generalitat

En el próximo pleno del Parlament, los socialistas catalanes se abstendrán en la votación del proyecto de proposición de ley por la que se regula la participación de la Generalitat en la gestión del sector público económico del Estado. Esta proposición de ley, que fue dictaminada anteayer en comisión, será remitida por el Parlament al Congreso de los Diputados para su definitiva tramitación.

Los socialistas entienden que este proyecto, elaborado por el Consell, sentaría un mal precedente en la forma de enfocar la participación de las autonomías en el sector público del Estado y se muestran partidarios de una solución global, a través de una ley marco estatal. Mientras tanto, en virtud de lo ya establecido en el Estatut, serían partidarios de abrir una vía de negociación para que la Generalitat pudiese designar ya sus representantes en las empresas estatales de mayor peso social y económico en Cataluña. Los socialistas centran sus discrepancias con la filosofía política del Gobierno Pujol en el artículo segundo del proyecto, en el que se determina el tipo de empresas públicas en las que la Generalitat nombrará delegados. La norma otorga la misma importancia a las que tienen su sede o factoría en Cataluña que a las que poseen sólo una delegación, distribuyen simplemente bienes y servicios o llevan a cabo transacciones financieras en el territorio catalán.Esta concepción jurídica permite, a tenor de una relación de empresas que se detallan como anexo, que la Generalitat pueda tener la misma participación en SEAT, con una importante implantación en Cataluña, que, por ejemplo, en el Banco de España o Tabacalera. De extrapolarse estos criterios a otras comunidades autónomas, podría darse el caso de que en el consejo de administración de esta última empresa participasen diecisiete representantes de las autonomías. La inviabilidad de este texto, según los criterios socialistas, es interpretada como un artilugio para enfrentar las Administraciones central y autonómica.

Enmiendas comunistas

Los comunistas, pese a compartir algunas posiciones de los socialistas, han optado por secundar críticamente el proyecto como una fórmula para buscar que la Administración central plantee definitivamente un Estatuto de la Empresa Pública que permita vehicular esas demandas. Los representantes del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) en los trabajos en comisión han presentado varias enmiendas para racionalizar el proyecto. La primera de ellas distingue entre empresas con "actividad principal" en Cataluña, en las que participarían tres representantes de la Generalitat, y el resto de empresas en las que se mantendría la presencia de un sólo representante, de cuya designación no se haría una cuestión de principio. El PSUC ha propuesto también que los representantes de la Generalitat en estas instituciones financieras públicas estén adscritos a un Consell Econòmic de Catalunya, como el que existió en la II República, que coordine su actuación. Mientras tanto, esta coordinación dependería funcionalmente de la Dirección General de Programación Económica de la Generalitat.El PSUC defenderá también una enmienda, que perdieron en comisión por la oposición de Convergència i Unió (CiU) y Esquerra Republicana (ERC), para que los representantes de la Generalitat en estas empresas los nombre el Parlament y no el Consell, criterio que también comparte Centristres. En medios parlamentarios catalanes se teme que, dada la sistemática abstención del PSC, esta ley no sea tomada en consideración en el Congreso. En realidad, la postura del PSUC, que más bien considera inviables las tesis de CiU, busca evitar que el partido de Pujol pueda hacer electoralismo a sus anchas.