El Gobierno, pagará a la Iglesia católica con un porcentaje del impuesto sobre la renta

El Gobierno ha tomado la decisión de aplicar, a partir de este año, el cambio del sistema de retribuciones a la Iglesia católica mediante la utilización de un porcentaje que se obtendrá del impuesto sobre la renta de las personas físicas, según anunció ayer el director general de Asuntos Religiosos, Gustavo Suárez Pertierra. Los aspectos técnicos del desarrollo de esta contribución del Estado están siendo estudiados por los ministerios de Justicia y Hacienda.

Al mismo tiempo, el Gobierno intenta aclarar en el plazo de este año la situación de las 350 entidades inscritas en el Registro de Confesiones Religiosas, con el fin de poder alcanzar una normativa parlamentaria que les proteja en sus derechos y les defina sus obligaciones, al igual que existe ya con las relaciones Iglesia católica-Estado, añadió el director general al presentar la composición de la nueva Comisión Asesora de Libertad Religiosa.La Comisión estudiará la posibilidad de establecer un marco jurídico que sirva de base para completar los pactos individuales que se hagan con las diferentes confesiones o comunidades religiosas que así lo deseen. El problema principal con que se encuentra la nueva administración de Asuntos Religiosos es la falta de personalidad jurídica de estas confesiones, sus diferencias doctrinales en algunos casos, o sus reglas internas autónomas, lo que en realidad podría reducir a menos de veinte las que serían consideradas propiamente iglesias, confesiones o comunidades religiosas.

Otra de las dificultades importantes, a juicio de Suárez Pertierra, es el definir lo que el artículo octavo de la ley orgánica de Libertad Religiosa exige a estas confesiones "que tengan arraigo notorio en España". La comisión asesora constituida ayer tratará de profundizar en el tema y para ello está integrada por 21 personas, siete por la Administración del Estado, siete por las iglesias, confesiones o comunidades y siete a nivel de expertos.

De momento, las tres comunidades más arraigadas y que ya tienen presentados borradores de anteproyectos de pactos con el Estado son las israelitas, la Comisión de Defensa Evangélica y la Comunidad Cristiana Adventista. Las comunidades israelitas, unas once en toda España, están en avanzado proceso de federación, lo que podría resultar en la conclusión del primer pacto con una confesión no católica que apruebe el Estado español. Sin embargo, aunque la Asociación Musulmana está representada en la comisión asesora ministerial, en medios oficiales se opina que sus diez entidades registradas son las que presentan mayor grado de indefinición doctrinal y representatividad y, por consiguiente, están todavía muy lejos de llegar a un pacto del tipo que permite la ley de Libertad Religiosa.

Retribuciones a la Iglesia católica

Por lo que respecta al cumplimiento en materia económica de los acuerdos entre la Iglesia católica y el Estado español, el director general de Asuntos Religiosos informó también ayer que ya se ha tomado la decisión de utilizar el sistema de porcentaje -no de impuesto religioso- extraído del impuesto sobre la renta de las personas físicas, para compensar la cantidad anual que la Conferencia Episcopal recibía directamente del Gobierno.Los ministerios de Justicia y de Hacienda están ultimando los estudios para incluir, probablemente en el ejercicio económico de 1984, el sistema por el que el Estado entregaría a la Iglesia católica un porcentaje que sirva para cubrir la retribución que antes entregaba directamente de los Presupuestos Generales. Si esa cantidad no cubriera la cifra actual, algo más de los 9.200 millones de pesetas, el Gobierno compensaría la cantidad mediante aportación directa.

Por lo que atañe a la enseñanza, y en vista de las suspicacias que siguen existiendo en medios eclesiásticos, Suárez Pertierra dijo que si bien el Gobierno no renuncia a su modelo educativo, tampoco va a desconocer "en absoluto" los pactos internacionales, como son los que tiene el Estado español con la Santa Sede.