El avispero Rumasa

La decisión gubernamental, a través de un instrumento tan singular como extraño de un real decreto-ley, de expropiar el holding de la abejita es una medida jurídicamente muy discutible, por no decir anticonstitucional, y políticamente errónea, con unas consecuencias sociales y económicas imprevisibles.El Gobierno, con tal acuerdo, se ha metido de lleno en el avispero de Rumasa.

Y no sólo eso, sino que, además, con la expropiación legitima la actuación de dicho holding, a la vez que económicamente sanea totalmente ese importante conglomerado empresarial.

La medida nos parece políticamente errónea, por cuanto puede producir -como precedente- unas consecuencias sociales y económicas imprevisibles.

En efecto, con la expropiación se está legitimando plenamente, siquiera sea de forma implícita, la actuación de Rumasa -abstracción hecha de que esa actuación haya sido correcta o incorrecta-. Y esto es así porque, a través de la adquisición forzosa del holding, el Estado español, se subroga automáticamente en el conjunto de los derechos y obligaciones de aquélla, ya que la expropiación -como bien dice la ley- es total, engloba el activo y el pasivo.

Por vía de esa subrogación, la Administración se sitúa exactamente en la misma situación (jurídica, económica, etcétera) de Rumasa, y con todas sus consecuencias.

Por otro lado, igualmente por ese mecanismo de la subrogación que comporta la expropiación, el

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Estado español sanea totalmente al holding, supuesto que su situación patrimonial o financiera fuera mala. A partir de ahora, los acreedores del holding Rumasa se convierten en acreedores de la Administración -es decir, de todos los ciudadanos-, y además, por la totalidad de sus créditos; nada de quitas o esperas para su efectividad, ya que, de inmediato, el Estado -empresario del conjunto de establecimientos de dicho conglomerado-, sin condición y sin límite alguno, asume automáticamente cualesquiera deudas de Rumasa.

Es más, incluso podría darse la paradoja de que -como es presumible- los débitos sean del holding Rumasa, y su presidente, José María Ruiz-Mateos, sea acreedor de ésta, con lo que él mismo pasaría a ser acreedor del Estado español.

Lo equivocado de la decisión política -al margen de la enmarañada situación jurídica que se crea con la misma-, se agrava por las consecuencias sociales y económicas que puede originar la dinámica del acuerdo gubernamental.

El Gobierno, con la expropiación, acaba de conseguir teóricamente la cuadratura del círculo: garantizar los derechos de los cuentacorrentistas, de los acreedores, de los trabajadores y hasta de los accionistas.

Esto, naturalmente, es sólo un espejismo, ya que, en definitiva, todos los ciudadanos tendremos que pagar de nuestros bolsillos los pasivos o deudas que aparezcan. Pero es que si atendemos que constitucionalmente también se consagra como fundamentalísimo el principio de igualdad ante la ley -artículo 14 de la Constitución española-, resultará que cualquier empresa que se encuente en una deficitaria situación económica podrá instar, por la misma razón jurídica, la expropiación, en lugar de provocar una suspensión de pagos o una quiebra; por lo que, a través del mecanismo expropiatorio, habremos inventado un sistema para evitar insolvencias mercantiles.

Parece absurdo pero dialécticamente es de una absoluta congruencia. Por otro lado, los trabajadores, siempre a través de esa solución expropiatoria, no tendrán que preocuparse más por la continuidad de sus puestos de trabajo; si la empresa está en crisis, basta que la adquiera -como en el caso de Rumasa- el Estado, quien asumirá la condición de empresario. A la vez se evitarán créditos calificados como morosos o que puedan pasar a fallidos, pues en cuanto se coloque la Administración en el puesto del empresario, será la misma quien responderá plenamente frente a los acreedores.

Finalmente, las acciones se convertirán en títulos de renta variable, pero siempre al alza, ya que si a los tenedores de acciones del holding Rumasa se les garantizan sus valores económicos, es.evidente que no habrá que temer una baja de sus cotizaciones, si bien esas acciones pasarán por compra al Estado.

Insistimos en que lo expuesto no es caricaturesco ni demagógico, por muy disparatado que parezca.

Lo más descorazonador es que existía y existe un panel de posibilidades legales para llegar a la intervención o incluso incautación de Rumasa, si es que realmente este holding era merecedor de una medida de ese tipo. Lo disparatado, por absurdo, ha sido acudir a una fórmula de expropiación, de la que, por otro lado, dudamos mucho que exista un solo precedente en toda nuestra historia. /