El Gobierno anula la expropiación de tres empresas que no pertenecian al grupo

Tres empresas que tenían o habían tenido un pequeño paquete de su capital en manos de bancos del grupo Rumasa han permanecido solamente veinticuatro horas en situación de nacionalizadas. La edición de ayer del Boletín 0ficial del Estado incluía una disposición de corrección de errores aparecidos en el decreto-ley expropiador, que rectificaba su anexo e indicaba que deben omitirse del mismo las sociedades Roca Radiadores, Túneles del Tibidabo y Fletamientos Marítimos, acabando así el "peor sueño real de toda mi vida", según expresión de uno de los directivos de estas firmas. La rectificación fue consecuencia de las gestiones de estas sociedades realizadas el mismo jueves cerca de la Dirección General del Patrimonio.

La disposición subsanaba también algynos errores lingüísticos y añadía un párrafo al artículo quinto, por el cual el importe del justiprecio "será abonado por el Estado en el plazo de los tres meses siguientes a la fecha del acuerdo de las partes o de la resolución del Jurado, devengando el interés básico del Banco de España" desde ayer mismo.La disposición correctora tiene una historia que no es puramente anecdótica. La importancia de las empresas afectadas, y su considerable plantilla, sobre todo en el caso de Roca Radiadores (6.333 trabajadores) rectifican alguna de las cifras barajadas, como la del número oficial de empleados del grupo, cifrado hasta ayer en 60.000.

El rasgo común de las tres empresas mencionadas es la participación en ellas -bien histórica, bien de muy reducidas dimensiones- de alguna entidad del grupo, participación que, sin embargo, no condicionaba en absoluto su gestión. Roca Radiadores es una de las grandes empresas catalanas. Fue fundada en 1929 y factura anualmente cerca de 19.000 millones de pesetas. Vende aparatos de saneamiento, cale acción y aire acondicionado, y obtiene unos beneficios cercanos a los cuatrocientos millones de pesetas. Roca es una empresa familiar, cuyo capital está repartido entre las diversas ramas de la familia del mismo nombre, que controla su gestión.

La empresa norteamericana American Standard poseía un paquete del 20% de las acciones hasta 1976, fecha en que decidió venderlo. Miembros de la familia Roca adquirieron una parte. El resto fue ofrecido al Banco Atlántico, cuando Rumasa aún no había tomado en él el paquete de control y al Banco Industrial de Cataluña (grupo Catalana), entidades que adquirieron un 5,8%, cada una, del capital. Con la entrada de Rumasa en el Atlántico, el nombre de Roca empezó a aparecer en las publicaciones del holding de la abeja, en calidad de una participada más, lo que originó tensiones y protestas de la mayoría, "porque inducía a los clientes a confundir nuestra imagen con la de Rumasa", en la explicación de su gerente, Salvador Gabarró. "Esa confusión", precisó Gabarró, "es la misma que debió trasladarse al Ministerio de Economía, y que ahora se ha subsanado. Pese a ello", dijo el gerente de Roca, "hemos tenido un jueves muy duro. Por veinticuatro horas nos hemos sentido nacionalizados".

El caso de la naviera

El caso de Flotamientos Marítimos es muy similar. Se trata de una naviera fundada en 1957, con sede en Madrid y una plantilla de quinientas personas, que factura anualmente 7.000 millones y cuyo control está en manos de la familia Cremades, si bien cotiza en Bolsa y tiene un millar de accionistas. Flotamientos posee cinco grandes barcos, dedicados al transporte de petróleos, que desplazan, en conjunto, 1,4 millones de toneladas. Hace trece años realizó una operación de emisión de obligaciones convertibles en acciones para financiar la construcción de uno de estos buques. Una parte de esa emisión fue colocada en el Banco del Noroeste, cuando éste aún no pertenecía al grupo Rumasa. "Pese a que existía compromiso de recompra de las acciones convertídas, el Noroeste no quiso vender su paquete del 3%", explicó a este diario el presidente de Fletamientos, Javier Cremades.

"Pese al calvario que pasamos el jueves, pues nuestra empresa tiene mucho movimiento y quedó paralizada por la expropiación", informó Cremades, "logramos entrevistarnos con el director general del Patrimonio del Estado, Francisco Javier Moral, a las tres de la tarde, a quien le explicamos que nuestra empresa no tiene con Rumasa ninguna relación comercial. A decir verdad, hemos queda do sorprendidos por la lectura del BOE de hoy -ayer para el lec tor- pues no nos dieron la segur¡ dad de que el asunto se arreglase", manifestó su presidente, y senten ció: "Lo hemos pasado muy mal".

Túneles del Tibidabo

Más curioso es el caso de Túneles y Autopistas de Barcelona, SA, (Tabasa), verdadero nombre de la concesionaria, de la construcción de los t úneles del Tibidabo -y no Túneles del Tibidabo, SA, como se ha escrito por error-, puesto que se trata de una empresa pública que ha sido "vuelta a nacionafizar" por espacio de veinticuatro horas. Desde el 13 de diciembre pasado, Tabasa es propiedad pública al haberse cerrado Id operación de cesión de acciones de la que hasta entonces era una empresa privada a favor del Consorcio de Túneles del Tibidabo, entidad pública integrada por el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación Provincial y la Corporación Metropolitana, que participan en un 57%,38% y 5% respectivamente ' en los gastos de construcción de los túneles. En una.segunda cesión, realizada en la misma-fecha, la Generalitat de Cataluña adquirió el 65% de las acciones del Consorcio, subrogándose así en el lugar del Estado por el convenio establecido entre el entonces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y el Consorcio, en el que se acordaba que el citado Ministerio correría con el 65%, de los gastos necesarios para culminar la obra.

Tabasa se constituyó en 1967, y en 1969 consiguió la concesión para construir y explotar los túneles del Tibidabo. Las acciones de la sociedad estaban repartidas entre Banca Catalana, Bankunión y Banco Atlántico en una proporción del 60%, 20% y 20%. respectivamente. El 15 de junio pasado, la Administración local rescató la concesión, lo que provocó la solicitud de una indemnización de 3.000 millones de pesetas por parte de Tabasa, para resarcirse de los costes de la obra realizada.