La conferencia de Londres aprobó la resolución española para suspender de inmediato los vertidos radiactivos al mar

La VII Conferencia sobre Vertidos en el Mar aprobó ayer, por diecinueve votos a favor, seis en contra y cinco abstenciones, una resolución propuesta por España para que se suspendan inmediatamente los vertidos de desechos radiactivos. La resolución no tiene capacidad vinculante para los países que votaron en contra, por lo que el Reino Unido puede teóricamente hacer caso omiso de ella y proseguir sus planes de arrojar el verano próximo a la fosa atlántica, relativamente cercana a las costas gallegas, 4.200 toneladas de residuos.

El resultado de la votación constituye un éxito para el Gobierno español, al que la organización ecologista internacional Greenpeace dio ayer públicamente las gracias.Hasta el último momento, el Reino Unido, apoyado por Estados Unidos, Japón, Países Bajos, Sudáfrica y Suiza, intentó evitar la votación, no tanto porque estén obligados a suspender los vertidos -que no lo están legalmente- sino por la presión moral que supone el que un gran número de países sea oficialmente contrario a esta práctica. El Reino Unido -propietario del 90% ,de los deshechos radiactivos que van a parar a la fosa atlántica- tendrá que hacer frente a una fuerte presión, tanto de la opinión pública de los diecinueve países contrarios, como de la suya propia.

España rechazó el consenso

Las sucesivas propuestas "de consenso" británicas y norteamericanas fueron rechazadas por la delegación española, que preside el director general de Cooperación Técnica Internacional, José Luis Pardos, por considerar que no contenían ningún elemento positivo. Los británicos no aceptaban la suspensión temporal de los vertidos, sino que ofrecían mantenerlos en su nivel actual, a la espera de los estudios científicos al respecto. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, España decidió mantener su propuesta de resolución, en tanto que Nauru y Karibati, dos pequeñas islas soberanas del Pacífico, que van a soportar los vertidos japoneses, retiraban la suya. La propuesta de las dos islas era la prohibición tajante de verter desechos nucleares en el mar desde ahora y requería para su aprobación una mayoría de dos tercios (veintiún votos), porque suponía modificar los anexos de la Convención de Londres de 1972. La propuestas española, por el contrario, no altera el texto de la convención y precisaba sólo mayoría simple (dieciséis votos).El texto de la resolución española afirma que, a la vista de la creciente preocupación de la opinión pública, y observando que se considera necesario realizar nuevos estudios científicos para profundizar el conocimiento de las zonas de vertido, hace un llamamiento para que se suspendan todos los vertidos radioactivos (y no solo los de alta radioactividad) hasta que se conozca el informe final de un comité especial creado al efecto.

Sometida a votación, apoyaron la propuesta española Argentina, Canadá (gran sorpresa), Chile, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Irlanda, Kiribati, México, Marruecos, Nauru, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Papúa, Filipinas, Portugal y Suecia. Los cinco países que se abstuvieron fueron la Unión Soviética, Brasil, Francia, Grecia y la República Federal de Alemania.

El presidente de la delegación española, Pardos, no quiso aclarar si los países que habían votado en contra tenían alguna obligación de respetar el parecer de la mayoría. "Ahora tenemos que reflexionar. Ha sido un debate largo y complicado, con más de treinta entrevistas bilaterales, con una discusión muy compleja sobre procedimiento", afirmó. Al parecer, Estados Unidos consideraba que la resolución española era "una modificación encubierta" del texto de la Convención, por lo que debía requerir la mayoría de dos tercios, a lo que España se oponía.

Es importante resaltar -prosiguió Pardos- que España ha representado aquí a muchos otros países de América Latina, Europa y Africa y que el resultado de la votación refleja la preocupación de todos. El acuerdo-añadió- es un hecho y tiene indudablemente una fuerza que no quiero calificar de moral.

Humberto da Cruz, de la federación de Amigos de la Tierra, que asistió a la conferencia como observador, dentro de la delegación española, afirmó que esta votación es "el máximo que se podía obtener aquí" y la postura "más razonable", puesto que existen dudas sobre la pretendida benignidad de los vertidos. "El único inconveniente es que no obliga directamente a los países que votaron en contra, aunque ellos van a tener que hacer frente a sus propios movimientos ecologistas".

La misma opinión mantenía Joaquín Ros, del Instituto Oceanográfico Español, quién manifestó a EL PAÍS que creía difícil que el Reino Unido suspendiera este año sus vertidos. "Pero terminará por hacerlo", añadió.

El representante de la organización internacional ecologista Greenpeace, agradeció públicamente "la fuerte postura" de la, delegación española y, resaltó que el papel jugado por España había sido "muy grande y positivo". "Muchas gracias a la administración española", terminó.