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Los funcionarios tendrán derecho a la huelga y a la libre sindicación

El derecho a la huelga y a la libre sindicación de los funcionarios de la Administración pública se recogerá en los futuros proyectos de ley de huelga y ley orgánica de libertad sindical que el Gobierno remitirá las Cortes, según confirmó ayer Joaquín Almunia, ministro de Trabajo y Seguridad Social, ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.

En la misma sesión, Joaquín Almunia anunció medidas destinadas a limitar la contratación temporal y la articulación de un sistema excepcional para hacer frente al pago aplazado de las deudas a la Seguridad Social.El ministro de Trabajo y Seguridad Social manifestó que el Gobierno mantendrá durante el presente año la edad de jubilación a los 64 años e introducirá la modalidad de contratos de relevo que prevén la jubilación de forma progresiva de trabajadores mayores de sesenta años, así como su sustitución también progresiva por jovenes contratados a tiempo parcial.

Se mostró Joaquín Almunia de acuerdo con que se produzcan actuaciones firmes en los casos de fraude a la Seguridad Social, como el recientemente detectado en Barcelona. "Ello", dijo el ministro, "no significa una actitud frente al conjunto de empresas".

En ese sentido precisó que se está estudiando en la actualidad, dentro de los mecanismos legales, un sistema excepcional de pago fraccionado de las deudas a la Seguridad Social con objeto de que las empresas que justifiquen situaciones reales de dificultad económica para hacer frente a las mismas.

Con respecto a las pensiones, Joaquín Almunia adelantó las líneas básicas del proyecto de ley correspondiente, en el que se contemplará la revaloracion automática de aquellas y se recogerá, por primera vez, la equiparación de la mujer con el hombre en materia de viudedad.

Reafirmó también el ministro de Trabajo y Seguridad Social la intención del Gobierno socialista de remitir a las Cortes Generales en los próximos meses (presumiblemente en septiembre), el importante proyecto de ley de creación del Consejo Económico y Social, marco en el que debe elaborarse el Plan Económico, "que es una exigencia urgente e insoslayable del gabinete".

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