Comienzan a declarar los querellantes contra la bodega 501

Los problemas económico-laborales por los que atraviesa la bodega 501 de El Puerto de Santa María (Cádiz), de la firma Carlos y Javier de Terry, han pasado definitivamente a manos de la justicia, después de que el pasado sábado comenzasen a declarar ante el juez de instrucción las 78 personas que han interpuesto una querella criminal contra algunos directivos.

La querella interpuesta el pasado mes se basa en unos presuntos delitos de apropiación económica indebida por parte de la empresa, en su actuación en contra de la libertad y seguridad en el trabajo, y en un supuesto delito por alzamiento de bienes. De los 78 querellantes, 69 pertenecen actualmente a la plantilla de la bodega, y los 9 restantes son jubilados.

La bodega 501 atraviesa desde el pasado mes de agosto una grave crisis. En aquella fecha la empresa procedió al cierre, que en su día fue calificado de ilegal por la Dirección Provincial de Trabajo. Pese a la resolución dictada por este organismo, la firma no reanudó sus actividades normales, ni tampoco ha pagado a la plantilla los salarios que les adeduda desde el mencionado mes. El último capítulo de esta crisis de la firma se cerró el pasado miércoles, cuando el juzgado número dos de Córdoba ordenó precintar sus instalaciones, ante la denuncia presentada por un acreedor.

Los querellantes plantean una presunta retención del impuesto sobre la renta de las personas físicas a cargo del trabajador, así como de las cuotas de la Seguridad Social y del Montepío, por un valor próximo a los 21 millones de pesetas. También acusan a la firma de haber descapitalizado su patrimonio, llevándola a una situación de insolvencia total.

La querella interpuesta solicitó la prisión incondicional para las personas acusadas y una fianza solidaria de los mismos que asciende a 300 millones de pesetas.