Pescadores sevillanos denuncian anexiones de tierras en la ribera del Guadalquivir

Varios miles de hectáreas de terrenos públicos, situadas en el llamado brazo del Este del Guadalquivir, han sido cegadas por propietarios de fincas colindantes y arrebatados al dominio común sin que las autoridades encargadas de velar por su conservación hayan adoptado medidas represivas o cautelares de ningún tipo. Ecologistas y pescadores han dado la voz de alarma ante el riesgo progresivo de que esta riqueza natural se vaya definitivamente a manos privadas y la desaparición progresiva de algunas especies que hace diez años se capturaban en abundancia en la zona. Los agricultores, por su parte, declaran que tienen autorización para poder cultivar estas tierras en régimen de concesión.

Al problema de la sequía que agobia a la zona del bajo Guadalquivir en los últimos años ha venido a unirse la acción depredadora de numerosos propietarios agrícolas, que, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, se han dedicado a desecar los terrenos públicos anejos a sus respectivas fincas y a ponerlos en cultivo.Algunas personas han llegado incluso a enclavar hitos de hierro denunciadores de su apropiación saltando por encima del deslinde administrativo realizado por la Junta de Obras del Puerto de Sevilla, administradora de estos cauces colectivos.

El proceso de apropiación se inició hace ocho o diez años y afecta actualmente a varios miles de hectáreas. Se han cegado por completo cauces que en algunos casos tenían desde trescientos hasta quinientos metros de anchura y donde abundaba la anguila, el camarón y, a partir de 1974, el cangrejo rojo o americano. Las aves acuáticas encontraron allí un espacio adecuado para su supervivencia, en un lugar muy próximo al santuario de Doñana.

Ante la gravedad de la situación, la agrupación ecologista Andalus -sociedad para la supervivencia de la naturaleza de Andalucía occidental- solicitó en octubre de 1982 al presidente de la Junta de Obras del Puerto de Sevilla y de la Ría del Guadalquivir que se le facilitase el expediente administrativo de deslinde del cauce del brazo del Este. Una vez recibido el documento, los propios ecologistas pudieron comprobar en el lugar que los hitos que deslindaban el cauce de dominio público habían sido arrancados y que varios terratenientes, medianos y grandes, de fincas colindantes lo habían invadido, extendiendo sus cultivos en la zona marismeña, de propiedad colectiva.

"Tales acciones", indicaban los portavoces de Andalus, "además de constituir una merma de un patrimonio público que lo es de todos los españoles, atentan gravemente a la excepcional fauna lacustre allí existente, sin olvidar los graves perjuicios que suponen para la pesca, que constituye el medio de vida de diversas familias". En consecuencia, los ecologistas solicitaron a la Junta de Obras del Puerto que incoase un procedimiento sancionador contra estos propietarios.

Sus argumentos legales se basaban en que los colonos (entre ellos, Juan Cucarella, Francisco Gutiérrez, Moreno de Santamaría y Peña) han infringido con su actuación el artículo 30 del reglamento de Policía de Aguas y, posiblemente, han cometido un delito de usurpación, al alterar los hitos oficialmente colocados. La denuncia fue formulada el 11 de diciembre pasado, apelando a la responsabilidad que la Constitución atribuye a los poderes públicos en orden a la conservación del patrimonio natural, sin que, hasta el momento presente, se conozca decisión alguna por parte de este organismo.

Especies desaparecidas

Desde otro punto de vista, también los pescadores tradicionales del brazo del Este se sienten perjudicados por esta operación. Algunas especies ya han desaparecido y otras se han reducido a cantidades simbólicas, como la anguila, que a principios de la década de los setenta era capturada en cantidad superior a las trescientas toneladas anuales y que en 1982 dio menos de quince. En Coria del Río se pescaba cada año un millón de kilos de albures, que se exportaban casi en su totalidad.Las protestas de este sector pesquero han sido aglutinadas por la cooperativa de pescadores de Los Palacios, que ha conseguido la solidaridad de los ayuntamientos de la comarca en orden a la restauración de los cauces públicos, con el consiguiente aumento de la riqueza común y la creación de puestos de trabajo fijos que corte la actual necesidad de muchos de ellos de reconvertirse en supuestos obreros agrícolas acogidos al empleo comunitario. Juan Triguero, presidente de la cooperativa, indicó a EL PAÍS que si se repoblasen unos cauces públicos colectivos con cuatro toneladas de anguilas, en dos años podría pescarse un millón de kilos.

La vuelta a los cotos industriales, cerrados en 1978 por la Administración, sería, para Triguero, una buena solución, siempre que se regulase la pesca para evitar abusos, se profesionalizase su práctica y los pescadores se agrupasen en una organización unitaria que les permita enfrentarse con éxito a los monopolios de comercialización. Los agricultores, por su parte, se quejan de la actividad pesquera incontrolada -en particular, de los perjuicios causados por la voracidad del cangrejo rojo- y señalan que ellos han sido autorizados por la Junta de Obras del Puerto a cultivar parte del cauce público en régimen de concesión. Ahora el tema ha sido puesto en conocimiento de la Junta de Andalucía, cuyas consejerías de Agricultura y Política Territorial tienen la última palabra.