Esto sí es el cambio

EL CONSIDERABLE número de los tipos delictivos y escala de penas afectados por la reforma parcial y urgente del Código Penal aprobada por el último Consejo de Ministros impide un comentario pormenorizado de todas y cada una de las medidas adoptadas por el Gobierno. El envío a las Cortes Generales del proyecto de ley y la discusión en el Congreso de las enmiendas presentadas por la oposición de derecha o de izquierda dará ocasión sobrada para un examen detenido de su contenido.La reforma mas polémica es, sin duda, la despenalización de algunas prácticas abortivas, circunscritas al aborto terapéutico (grave peligro para la vida o la salud de la embarazada), el aborto eugenésico (taras psíquicas o físicas del feto) y los embarazos producidos como consecuencia de una violación. El derecho comparado muestra que los grandes países de Europa Occidental, admirados por la derecha conservadora española y respetados por la diplomacia vaticana, despenalizaron desde hace años la interrupción del embarazo no sólo en estos supuestos, sino también en los casos en que las condiciones sociales y económicas hacen imposible una maternidad responsable. Como hemos tenido ocasión de comentar en otras ocasiones, si bien las condenas éticas de cualquier forma de aborto son siempre respetables, la abusiva pretensión de algunos autoritarios moralistas de que él derecho penal materialice con la privación de la libertad los dictados de su conciencia nos retrotraería a la Edad Media o nos proyectaría a las pesadillas totalitarias imaginadas por Aldous Huxley o George Orwell. Si el dato de las 20.000 españolas que viajan anualmente a las clínicas de Londres -¡ay, si se publicara la lista!- y de los 15.000 niños subnormales nacidos cada doce meses en España no mella los rígidos esquemas morales de estos intransigentes, al menos podría moderar sus iras bíblicas.

La Francia de Valéry Giscard d'Estaing y la Italia gobernada desde 1945 por la Democracia Cristiana pusieron en vigor leyes despenalizadoras del aborto. Los conservadores británicos y los socialcristianos alemanes han respetado al llegar al poder normativas análogas aprobadas por los laboristas o los socialdemócratas. La consigna propagandística de que España es diferente, popularizada por Manuel Fraga Iribarne durante su permanencia en el Ministerio de Información y Turismo, no debería ser aplicada al servicio de una hermética separación entre nuestras leyes penales y los códigos de la Europa comunitaria. El espíritu inquisitorial de los cristianos viejos tiene derecho a ser expresado en los tonos virulentos a los que acostumbran. Pero si estos intolerantes, que tratan de utilizar la religión y la ética para hacer política electoralista, persistieran en su idea de perseguir y arrojar a la cárcel a las mujeres que desean abortar, la congruencia lógica les obligaría a insultar como genocidas y asesinos, para utilizar las lindezas de su lenguaje, a los conservadores británicos, los democristianos italianos, los liberal-conservadores franceses y los socialcristianos alemanes y a cerrar nuestras fronteras a cal y canto para evitar la lepra europea. Nos parece que era de Franco eso de las naciones corrompidas de Occidente. Ahora, Alianza Popular y la Prensa reaccionaria parecen dispuestas una vez más a salvarnos a todos de sus horribles represiones y complejos. Pero su cinismo les delata: desde los mismos sectores conservadores desde los que se perseguía también con saña y cárcel los anticonceptivos hace tan sólo cinco años se pide ahora la píldora -del mal, el menos, parecen decir- como remedio contra el aborto.

La suavización de la legislación represiva del aborto -que, por lo demás, nos parece insuficiente, y que deberá ser menos cautelar en el futuro- marcha en paralelo con un plan gubernamental en favor de la maternidad voluntaria, mediante la protección de la mujer embarazada y las madres solteras y la facilitación de las adopciones, y un programa de medicina preventiva contra las malformaciones de los fetos en el que figuran medidas como los programas de vacunación contra las infecciones intrauterinas, la vigilancia de las radiaciaciones iatrogénicas y la advertencia sobre los peligros de las drogas. La información sobre el uso de métodos anticonceptivos entre adolescentes escolarizados en el BUP o la formación profesional evitará más de un disgusto a las jóvenes parejas que consideren la castidad prematrimonial como un mandamiento divino, pero no como un delito su trangresión, al menos mientras no gobierne Verstrynge. Los centros de orientación familiar para ilustrar a los adultos sobre métodos anticonceptivos eficaces, alejados a la vez del azar y del prostíbulo, deberían, sin embargo, prolongarse en la asunción por la Seguridad Social de los costos correspondientes.

El Gobierno ha anunciado además la modificación urgente de otras áreas de la legislación penal. Cambiará el criterio para calificar la gravedad de los delitos contra la propiedad, desplazándose el énfasis desde la cuantía del hurto o del robo a las condiciones en que fue perpetrado. Otras materias se relacionan con la reiteración y la reincidencia, los antecedentes penales, los delitos contra la salud de los consumidores, la protección de los derechos de huelga y sindicación, las injurias contra las instituciones, la retirada del permiso de conducir, etcétera. El tratamiento de las drogas será objeto de un cambio radical, al distinguir entre drogas duras y blandas y despenalizar explícitamente su consumo (acabando con las absurdos juegos de manos jurisprudenciales sobre el término tenencia). La lista es demasiado amplia y compleja como para poder ser examinada en un solo comentario. Baste con señalar que el Gobierno ha mostrado, quizá por vez primera con rotundidad y eficacia, su voluntad de cambio. La reforma penal anunciada, además de congruente con el programa socialista, es racional, modernizadora y humanista. La que habían pedido, ordenada y cívicamente, en las urnas diez millones de personas, agredidas hoy desde las columnas de opinión de algunos diarios como si fueran diez millones de delincuentes.